Lo que empezó el 18 de octubre de 2019 como una serie de manifestaciones de descontento de la población chilena hacia las desigualdades estructurales del país acabó por extenderse desde la capital, Santiago, a distintas ciudades del país, como Valparaíso, Iquique o Concepción. A partir de entonces, se desencadenó en Chile un período marcado por la protesta pacífica, la inestabilidad política, la caída de la economía y la violencia, que han expuesto las debilidades del llamado “oasis latinoamericano”, como se conocía hasta ahora a Chile.
A principios de 2020, este “estallido social” continuaba y se había convertido en uno de los ciclos de protesta más significativos de la historia contemporánea de Chile. El descontento social se ha reflejado en las multitudinarias manifestaciones pacíficas que han tenido lugar desde entonces. Sin embargo, también ha dado lugar a enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas policiales —con más de 10.000 detenciones entre octubre y febrero—, y al destrozo, quema y saqueo de infraestructuras y negocios.
Las demandas de la ciudadanía son diversas, pero la ausencia de una organización o unos líderes definidos, si bien ha permitido que se movilicen distintos sectores de la población, ha dificultado llegar a un consenso y establecer demandas concretas. El desencanto generalizado con la clase dirigente del país ha dado lugar a un movimiento sin estructuras, que muchos califican como “apolítico” con la intención de desvincular las protestas de cualquier partido o coalición, ya sean oficialistas o de la oposición.
Para ampliar: “El estallido de 30 años de descontento en Chile”, Victoria Ontiveros en El Orden Mundial, 2019
La Nueva Agenda Social frente al estallido
Muchas cosas han pasado desde octubre en el país sudamericano. Los chilenos incorporaron a su rutina salir a manifestarse en sus ciudades, y muchos hasta celebraron el año nuevo en el epicentro del conflicto, oficialmente llamado Plaza Baquedano, pero renombrado Plaza Dignidad por los manifestantes.
Uno de los primeros impactos del “despertar chileno” fue la cancelación de las cumbres internacionales APEC y COP25, previstas para noviembre y diciembre de 2019. Ya en enero, el boicot de los estudiantes de secundaria a la Prueba de Selección Universitaria abrió el debate sobre el papel de los más jóvenes en la sociedad chilena. En febrero, la tensión política en el Festival Internacional de la Canción de Viña llevó a que este se convirtiese en un espacio en el que tanto la ciudadanía como los artistas se manifestaran con respecto a la situación social. En marzo, la masiva convocatoria del 8M demostró el rol del movimiento feminista en las protestas, magnificado por la internacionalización de la canción reivindicativa Un violador en tu camino.
Una de las críticas que recibió el Gobierno de Sebastián Piñera fue la de la criminalización de la protesta, que se plasmó en la declaración de un estado de emergencia y de un toque de queda en las principales ciudades del país, además de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los manifestantes. Más tarde, el Gobierno puso en marcha una nueva agenda de seguridad con proyectos como la Ley Antiencapuchados —que endurece las penas para aquellos que cubren su cara en actos públicos—, el aumento de fuerzas policiales y un nuevo estatuto de protección para la policía nacional, entre otras. Esto agudizó la indignación de la sociedad civil debido a los altos índices de violencia policial —que ocasionó más de 3.700 heridos entre octubre y febrero— y a otras denuncias por violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, el “estallido social” puso en duda la capacidad resolutiva del Gobierno. Durante el primer mes, el presidente Piñera anunció un nuevo conjunto de políticas llamadas la Nueva Agenda Social dirigidas a satisfacer las demandas de la ciudadanía en cuestiones como las pensiones, las instituciones o la salud. Entre octubre y noviembre se tomaron también otras medidas como el cambio de ministros, la negociación para una reforma tributaria, la disminución de las dietas parlamentarias y un ingreso mínimo garantizado. Sin embargo, estas soluciones no lograron neutralizar la crisis social, y los índices de aprobación de Piñera disminuyeron hasta alcanzar un 4,6% en noviembre.
Para ampliar: “¿Por qué no ha funcionado la Agenda Social de Piñera?”, Jaime Bordel Gil en El Salto Diario, 2019
El “apruebo” contra el “rechazo”
Frente a la crisis, el día 15 de noviembre de 2019 las distintas fuerzas políticas del país firmaron un histórico acuerdo para la realización de un plebiscito nacional, el primero desde la llegada de la democracia, en el que los ciudadanos decidirán si se cambia la Constitución de 1980. El referéndum estaba previsto para el 26 de abril de 2020, pero fue aplazado al 25 de octubre debido al coronavirus y, a finales de abril, Piñera cuestionó que se pudiera celebrar incluso en esa segunda fecha. Junto a las opciones de “apruebo” y “rechazo” al cambio constitucional, los ciudadanos también elegirán el órgano que, en el caso de que se aprobara el cambio, redactaría la nueva Carta Magna: una Convención Mixta o una Convención Constitucional.
En la primera opción, el órgano constituyente estaría conformado por un 50% de representantes votados por la ciudadanía y otro 50% de miembros del Congreso, que continuarían con el ejercicio de sus funciones legislativas al mismo tiempo. En la segunda, el órgano constituyente estaría conformado al completo por representantes elegidos por la población para este cometido y, para presentarse como candidatos, los parlamentarios tendrían que renunciar a su escaño. En ambos casos el órgano constituyente sería independiente, y no afectaría a lo largo del proceso constituyente a las otras instituciones de Gobierno.
Los chilenos se han dividido entre quienes están a favor del cambio constitucional y quienes lo rechazan, aunque los primeros son mayoría: entre un 65% y un 70%, según las últimas encuestas, frente a un 17%. Sobre qué forma debería adoptar el órgano constituyente, la división es mayor: un 27% opta por la Convención Mixta frente a un 55% que se decanta por la Convención Constitucional.
Tanto en la izquierda como en la derecha ha habido conflictos al respecto. La izquierda apoya claramente el cambio constitucional, pero algunas diferencias en el proceso de negociación y la denuncia a la “letra pequeña” de los órganos constituyentes propuestos provocaron que agrupaciones como el Partido Comunista y parte del Frente Amplio se abstuvieran de firmar el acuerdo. El Frente Amplio, de hecho, se fracturó con la salida de cinco partidos de la coalición y la renuncia de cientos de militantes, y solo quedaron en la coalición los favorables al acuerdo. Junto al resto de la oposición que sí participó en el acuerdo, estos apoyan la opción de la Convención Constituyente.
Dentro de la coalición de derecha Chile Vamos también ha habido fracturas. Por un lado, el partido de centroderecha Evópoli se posiciona a favor de la reforma constitucional, mientras que en Renovación Nacional —partido del presidente Piñera, que ha preferido no posicionarse al respecto— hay divergencias, por lo que el partido ha dado libertad a sus miembros para fijar sus posturas. Por otro lado, la Unión Democrática Independiente rechaza el cambio, aunque dentro del partido hay discrepancias. En cualquier caso, los tres partidos prefieren la Convención Mixta como órgano constituyente.
Para ampliar: “Chile, la creación de un proyecto de futuro”, Alex Maroño en El Orden Mundial, 2019
La situación política frente al coronavirus
Se preveía que marzo sería un un mes en el que la movilización social volvería a fortalecerse, impulsada por el fin del verano, el inicio del año académico y la cercanía al plebiscito nacional, inicialmente convocado para el 26 de abril. La multitudinaria marcha del 8M reforzaba este pronóstico, a la que se sumaron las distintas convocatorias previstas para casi todos los días del mes. Sin embargo, el coronavirus puso en pausa estos planes, y los principales focos de protesta pasaron a estar casi vacíos en pocos días.
La salud es el principal problema y preocupación para la ciudadanía chilena, por lo que la pandemia ha reabierto el debate sobre el modelo chileno y su capacidad para proteger y garantizar los derechos básicos de la población. Un 81,1% de la población considera que Chile no está preparado frente al contagio masivo de la enfermedad. El principio de subsidiariedad consagrado en la Constitución —que pretende reducir la acción estatal a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma— privilegia a las instituciones privadas frente al Estado en la satisfacción de las prestaciones sociales e impide la intervención en los precios de los bienes de primera necesidad. Esto ha llevado a distintas controversias, como la del alto precio de las pruebas para detectar el virus —aunque se ha modificado, y ahora son gratuitas para los afiliados en la salud pública—, la del aumento de los precios de algunos bienes básicos y la de la desprotección laboral de aquellos trabajadores que deben ausentarse en caso de cuarentena, entre otras.
Asimismo, el coronavirus ha vuelto a poner en cuestión la capacidad resolutiva del Gobierno. La inacción de éste ha contribuido a que organismos como el Colegio Médico o las alcaldías exijan una mayor protección. Declaraciones como la del ministro de Salud, Jaime Mañalich, no ayudan: “¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona?”. Frente a las medidas implementadas —la declaración de un Estado de Emergencia, la imposición de un toque de queda nocturno y la cuarentena en algunas comunas del país— gran parte de la ciudadanía considera que hay un manejo insuficiente y poco claro de la pandemia.
En este sentido, la gestión del Gobierno frente al coronavirus puede influir en la percepción de la ciudadanía de cara al plebiscito. Por un lado, el aplazamiento de la votación y la dispersión de las movilizaciones pueden jugar en contra del cambio constitucional, ya sea por un aumento de la abstención, por el temor a la crisis económica o como respuesta a los disturbios que puedan generarse cuando acabe la cuarentena. Por otro lado, la crisis sanitaria puede reforzar el descontento social y reflejarse en el apoyo al proceso constituyente. En cualquier caso, ambas opciones presentan grandes desafíos: si gana el rechazo, el oficialismo se enfrenta al reto de implementar reformas estructurales que logren aplacar un descontento acumulado por treinta años dentro del marco constitucional vigente; si gana el apruebo, surgirán otros debates con respecto a la nueva Constitución y sobre el rol que los distintos actores sociales tendrán en ella.
Para ampliar: “La herencia de la dictadura de Pinochet en Chile”, Victoria Ontiveros en El Orden Mundial, 2019
