Miguel Díaz-Canel, elegido presidente de Cuba hace apenas cuatro meses, ya tiene su primer gran reto entre manos, una tarea que, como defendió el pasado 22 de julio en un solemne discurso ante la Asamblea Nacional, no solo definirá el hoy, sino sobre todo el mañana de Cuba. La resolución de Díaz-Canel es aprobar una nueva Constitución; la ley fundamental que ha regulado la isla durante más de cuatro décadas será totalmente renovada en no más de cinco meses. Los planes son claros: el nuevo texto debe entrar en vigor antes de 2019.
El anuncio, si no se sigue con asiduidad la vida política cubana, puede parecer casi revolucionario. ¿No habían afirmado todos los expertos que Díaz-Canel era un continuista sosegado, poco amigo de los grandes cambios? ¿Se ha transformado de la noche a la mañana el recién llegado en un Gorbachov a la caribeña? Nada más lejos de la realidad. Los expertos no se equivocaron esta vez y en La Habana aún siguen prefiriendo el modelo chino al soviético para encarar las reformas, aquello de avanzar deprisa y a la vez despacio.
Para ampliar: “Díaz-Canel, la revolución sin sobresaltos”, Adrián Albiac en El Orden Mundial, 2018
En primer lugar, conviene recordar que la nueva Constitución ya era un proyecto del Gobierno anterior. Allá por 2007, Raúl Castro, aprovechando el impulso de su ambicioso plan de reformas económicas, ya había recalcado la necesidad de renovar un texto que a sus ojos no se adecuaba a la Cuba del siglo XXI. Desde entonces, el menor de los Castro no dejó de avanzar discretamente en esa línea e incluso creó en 2013 un grupo de trabajo que fue perfilando bajo su supervisión la nueva Carta Magna. El anteproyecto constitucional, madurado durante años —y no meses—, ha pasado por diferentes estados antes de llegar a la Asamblea Nacional. El propio Partido Comunista, antes de que los diputados comenzaran siquiera con sus deliberaciones, ya había dado el visto bueno al texto en su VII Pleno del Comité Central.
El gran proyecto personal de Díaz-Canel aún tendrá que esperar unos años. Por el momento, tanto el presidente como el resto de los cubanos cuando den o no su visto bueno en un referéndum de fecha todavía incierta, tendrán que conformarse con un papel secundario en esta historia. El protagonismo, aún de la mano de Raúl Castro, ha vuelto a recaer sobre la “generación histórica”, que ya lo asume como su último gran trabajo. Un testamento jurídico-político con tres premisas básicas: el Derecho soviético de la vigente Constitución de 1976, las ideas martinianas de soberanía e independencia de las grandes reformas del “periodo especial” y la asimilación del mercado y la propiedad privada de los últimos años del Gobierno de Raúl Castro. Solo sobre estas bases se entienden algunas de las ideas esbozadas en el anteproyecto actual.
Muchos medios se han lanzado a señalar que el nuevo texto elimina la palabra comunismo de la Constitución cubana. La afirmación, muy sugerente para un titular, no es del todo exacta. Es cierto que la referencia al objetivo de una sociedad comunista desaparece del artículo 5, pero es aún más importante recalcar el hecho de que el Partido Comunista refuerza su papel de verdadero organismo de poder en la isla. La antigua visión soviética del partido único dirigente incluso gana peso en el nuevo texto cuando se abre la puerta a la creación de la hasta ahora inexistente figura del primer ministro. Con la perspectiva de un Ejecutivo sin un Castro a la cabeza, se ha preferido repartir el poder entre la presidencia y el nuevo cargo, algo que en última instancia refuerza de manera indirecta al Partido Comunista. La estructura de poder real no parece que vaya a sufrir grandes transformaciones a corto plazo, aunque el anteproyecto constitucional sí plantea nuevos derechos y garantías para el cubano medio frente al Estado.
Más allá de los derechos sociales tradicionales de la revolución, se incorporan otras cuestiones, como el habeas corpus con el fin de prevenir detenciones arbitrarias, garantías para el individuo una vez detenido e incluso el derecho de los cubanos a conocer la información que guardan sobre ellos los registros públicos. Frente a la tradicional concepción colectiva de la sociedad, se refuerza el papel legal del individuo; otra cosa, claro está, es la aplicación efectiva que luego pueda tener.
Dentro de esta nueva hornada de derechos, quizá sea el colectivo homosexual aquel que antes vea realmente satisfechas algunas de sus reivindicaciones históricas. La nueva Carta Magna modifica la definición de matrimonio, que pasa de una “unión entre un hombre y una mujer” a una “unión entre dos personas”. El cambio, que no legaliza inmediatamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí abre la puerta a un reconocimiento cercano. De todo el entramado legal, resulta llamativo que solo esta cuestión haya generado un verdadero debate público en la isla. Los grupos evangélicos, cada vez más numerosos en Cuba, han mostrado su oposición en varias manifestaciones, aunque figuras como Mariela Castro, abanderada de la modificación e hija de Raúl, tienen las de ganar.
Para ampliar: “La gran marcha de la Iglesia evangélica en América Latina”, Inés Lucía en El Orden Mundial, 2017
Por último, la Constitución también asume la nueva realidad económica cubana tras las reformas raulistas, un aspecto terriblemente trascendental sobre el papel, pero que en la práctica apenas ha tenido impacto, ya que simplemente reconoce cambios ya implantados en el día a día de los cubanos. En el texto ya se habla de la propiedad privada como un elemento más de la economía y se reconoce el mercado como una realidad con la que convivir. Más que tipificar nuevas reformas, el Estado apuntala lo ya logrado y manda un mensaje de continuidad a aquellos que se lanzaron al sector privado, como los cuentapropistas, o a una muy necesaria inversión extranjera con la que el Gobierno espera relanzar la economía.
En definitiva, este no es un texto que venga a precipitar nuevos movimientos políticos en la isla. Más bien, para aquellos que lo han redactado, es una especie de cierre a una adaptación de modelo que ya ha concluido. Los viejos comunistas ceden sosegadamente el testigo con la seguridad de que el régimen no se acaba con ellos.
