El presidente chileno Sebastián Piñera ha pasado de afirmar en campaña que “el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer” a considerar ahora que “ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario”, sorprendiendo tanto al oficialismo como a la oposición. Tras un mandato marcado por el estallido social y la pandemia, el mandatario católico y conservador actuó a espaldas de sus socios de gobierno el pasado 1 de junio al rescatar con “urgencia” la propuesta para aprobar este derecho civil, que llevaba varada desde 2017.
El Senado chileno había aprobado en enero de 2020 la ley “en general”, es decir, aún pendiente de varios filtros antes de su tramitación. Sin embargo, luego quedó estancada por las reticencias de los sectores más conservadores de la coalición oficialista. El pasado 21 de julio, la Cámara Alta finalmente aprobó por mayoría holgada el proyecto de ley, que ahora pasa por su tercer tramite legislativo antes de la inminente votación y ratificación por el Congreso. Se espera que entre en vigor antes de que concluya el mandato de Piñera en marzo de 2022.
La aprobación del matrimonio igualitario en Chile ha sido un tema recurrente en los últimos años y ha estado en el centro de la agenda del colectivo LGTBIQ+. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las asociaciones civiles que ha encabezado esta lucha, llegó a denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forzó que la entonces presidenta, la socialista Michelle Bachelet, presentara el proyecto hace cuatro años. La propia CIDH, además, instó en 2018 al Gobierno a que avanzara con su tramitación. Según un sondeo de junio de 2021, más del 65% de la ciudadanía apoya la aprobación de este derecho. Sin embargo, el anuncio repentino de Piñera suscitó suspicacias por su viraje tan drástico a pocos meses de las elecciones presidenciales y después de una legislatura tensa, que llegó a dejarle una desaprobación de más del 80%.
El camino hacia el “sí, quiero”
Chile está cerca de sumarse a Argentina, Brasil, Colombia, algunos estados de México, Uruguay, Ecuador y Costa Rica con la legalización del matrimonio igualitario en Latinoamérica. Desde 2015, las parejas homosexuales chilenas están reconocidas bajo el Acuerdo de Unión Civil, un estatus que refleja “su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente”, pero que no se denomina matrimonio, pues el Código Civil aún lo enmarca como la “unión de un hombre y una mujer”. Además, no contempla los derechos de adopción. El propio Piñera firmó la versión original de este acuerdo en 2011 durante su primer mandato, pero su tramitación legislativa se estiró hasta que Bachelet lo ratificó en abril de 2015.
El sí al matrimonio LGTBIQ+ no nació de una propuesta política, sino a partir de una demanda del Movilh ante la CIDH en 2012 después de que a tres parejas homosexuales casadas fuera del país se les denegara inscribirse como matrimonio. Finalmente, en junio de 2016 se llegó al Acuerdo de Solución Amistosa, mediante el cual el Estado chileno se comprometió a impulsar este derecho, que empezó a materializarse en 2017. Primero en enero, cuando Bachelet ofició una ceremonia en la que anunció el “Acuerdo por la Igualdad” con la Movilh, y después en septiembre, cuando llevó el proyecto de ley ante el Congreso.
Sin embargo, después de que Piñera ganara las elecciones presidenciales en diciembre de ese año, la propuesta volvió a la sombra. La CIDH le recordó entonces que tenía que avanzar en la aprobación del matrimonio igualitario, pero el mandatario y la coalición Chile Vamos, que le aupó a la presidencia, no lo tenían en su agenda.
Un guiño a favor de su legado
El mandato de Piñera ha estado marcado por un estallido social histórico, con marchas multitudinarias centradas en la desigualdad social y en el proyecto de una nueva constitución que reemplazará la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La represión policial, la falta de liderazgo y la voluntad de cambio en la sociedad dejaron al presidente con índices de desaprobación de hasta el 83% a principios de 2020, justo antes de la pandemia, cuya gestión sigue sin convencer al 64% de los chilenos.
Con este panorama, y ante la imposibilidad de avanzar en reformas en educación, sanidad o pensiones por las discrepancias entre el oficialismo y la oposición, Piñera ha buscado reforzar su legado con la propuesta del matrimonio igualitario. Sin embargo, parte de la comunidad LGTBIQ+ también ve en esta un intento de pinkwashing, una estrategia del presidente para mejorar su imagen a costa del colectivo, que a su vez se queja de que durante su mandato no ha trabajado para reducir las discriminaciones.
Desde la coalición parlamentaria que apoya a Piñera, solo los liberales del partido Evópoli se han sumado sin fisuras al presidente en su arranque inclusivo. Por su parte, socios como la Unión Demócrata Independiente o Renovación Nacional han hablado de “traición”, “puñalada” y “falta de lealtad” porque no se les consultó un tema tan delicado, además, en tiempos de varapalos electorales para la bancada conservadora.
La derecha convulsiona rumbo a las elecciones
Chile volverá a las urnas el 21 de noviembre con elecciones presidenciales, legislativas y de consejeros regionales. El nuevo Ejecutivo deberá culminar el proceso constituyente con un referéndum, además de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. En ese escenario, la derecha de momento no tiene mucho margen de maniobra. Aunque Piñera anunciara hace meses que no se presentaría a la reelección, los conservadores han sufrido una concatenación de derrotas electorales en los últimos meses. En mayo perdieron cincuenta alcaldías en los comicios municipales y diez de las dieciséis gobernaciones regionales, y en la elección de los 155 miembros de la convención constitucional la derecha solo obtuvo 37 representantes, por debajo del tercio necesario para tener opción a veto. Además, el candidato de izquierda, Gabriel Boric, encabeza por ahora los sondeos electorales.
El mal momento del conservadurismo chileno se ha acentuado tras la voluntad de Piñera de legalizar el matrimonio igualitario. Este paso supone una ruptura con parte de sus socios de gobierno y se aleja de la Iglesia y el evangelismo. El país, de tradición conservadora, ha sido uno de los que más tarde ha aprobado el divorcio, en 2004, y la despenalización del aborto en tres supuestos, en 2017. Ahora Piñera espera salir del Palacio de La Moneda por la puerta arcoíris con la certeza de haber dejado un logro social importante después de un mandato plagado de crispación. Al otro lado de la puerta, Chile aguarda una nueva etapa donde el matrimonio igualitario sea otro paso hacia la igualdad social.
