El 11 de junio de 2019, el Tribunal Superior de Botsuana dictaminó que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no constituían un delito. Los jueces decidieron de forma unánime que la legislación que penalizaba los “actos carnales contra natura” no era compatible con la Constitución de Botsuana, al entender que, dentro de la cláusula de no discriminación de la carta magna, la palabra “sexo” debía “interpretarse generosa y ampliamente para incluir “orientación sexual””. Sin embargo, el Gobierno del país africano no tardó en recurrir la descriminalización de la homosexualidad, y está luchando para que las penas de hasta siete años de cárcel vuelvan a ser restablecidas.
El caso de Botsuana no es una excepción. Según el informe Homofobia de Estado, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés), en 2019 había 69 países que criminalizaban al colectivo LGTB, la mayoría de ellos ubicados en África y Oriente Próximo. De ellos, hasta doce castigaban la homosexualidad con la pena de muerte, como Somalia, Arabia Saudí u Omán.
En el extremo contrario, son doce los países que protegen a sus ciudadanos de manera explícita en sus constituciones de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual: México, Ecuador, Bolivia, Cuba, Portugal, Suecia, Malta, San Marino, Kosovo, Sudáfrica, Bután y Fiyi. Si incluimos a todos aquellos países que protejan de alguna manera a las personas LGTB, la lista asciende a 150 Estados. Sin embargo, que un país tenga una cláusula antidiscriminatoria que incluya la orientación sexual, ya sea en su constitución o en cualquier otra ley o regulación, no significa que la igualdad legal esté garantizada. De hecho, la prohibición de la incitación al odio o la violencia, las uniones entre personas del mismo sexo o los derechos de adopción necesitan de reglamentos específicos para ser reconocidos.
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