Obtener la nacionalidad del país en el que residen es uno de los principales objetivos vitales de los migrantes. Más allá del vínculo legal, que acarrea derechos pero también algunas obligaciones, la ciudadanía reconoce la pertenencia de un individuo a una sociedad y puede por tanto tener un impacto directo en su integración. En ese contexto, la nacionalidad de los países que forman parte de la Unión Europea, por ser uno de los destinos migratorios más importantes del mundo y por el poder de sus pasaportes, es una de las más deseadas y valoradas.
La Unión Europea y sus Estados miembros comparten las competencias en el ámbito de la inmigración, lo que en la práctica implica que existan reglamentos y procedimientos de naturalización distintos entre países. Bruselas, de hecho, solo coordina la normativa relativa a la llegada de ciudadanos de terceros países a la UE por motivos de trabajo o estudio y la reagrupación familiar. Todo lo demás ―número de migrantes admitidos, disposiciones finales sobre las solicitudes y las condiciones para obtener los permisos de trabajo y residencia― depende de las capitales.
De esta manera, la vía más rápida para obtener la ciudadanía europea es nacer en alguno de los 27 Estados miembros y que al menos uno de los progenitores ya tenga la ciudadanía de ese país. Es lo que se conoce con el nombre de ius sanguinis («derecho de sangre») y la forma en la que la gran mayoría de ciudadanos del mundo obtienen su pasaporte.
En caso de no cumplirse esta condición, ningún país de la Unión Europea concede la ciudadanía de manera automática e incondicional a aquellos recién nacidos dentro de sus fronteras de padres extranjeros. Los principales requisitos para poder seguir la norma del ius soli («derecho de suelo») es que alguno de los padres haya residido en el país en cuestión durante un periodo mínimo ―caso de Bélgica, Alemania, Irlanda y Portugal― o que alguno de los progenitores, a pesar de que no tenga la nacionalidad, haya nacido también en el país, práctica que recibe el nombre de doble ius soli y que está vigente en Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Bélgica y Grecia.
¿Qué países de la Unión Europea permiten tener la doble nacionalidad?
Si los derechos de sangre y suelo tampoco pueden ser aplicados, la siguiente opción más rápida y barata para obtener la ciudadanía es tener descendientes europeos, pero en la mayoría de países se limita a la primera generación ―padres―y se exige que los ascendientes no hayan perdido ni renunciado a la nacionalidad.
La siguiente alternativa es la naturalización. Si has trabajado o estudiado en un país de la Unión Europea durante un mínimo de años ―la cifra varía desde los tres años en Polonia a los diez en España― o si te has casado con una persona con la nacionalidad europea ―y llevas residiendo en el país varios años―, puedes optar a la ciudadanía. Esta es la opción más utilizada en Europa: muchos migrantes llegan con un permiso de trabajo y esperan a cumplir el plazo exigido por cada capital para solicitar la nacionalidad.
En algunos casos, incluso, los países establecen excepciones que agilizan los tiempos, como hace España con las personas provenientes de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, para los cuales la residencia mínima exigida desciende hasta los dos años. A pesar de ello, la vía del matrimonio suele ser la más rápida ―un año de residencia en España y una media de tres en el resto del continente―, aunque también es cierto que suele estar acompañada de un periodo mínimo de casamiento o convivencia y, al igual que sucede con la del trabajo, es necesario demostrar que se domina el idioma nacional.
Si todas estás opciones se cierran, la última oportunidad es también la más cara: invertir una gran cantidad de dinero en algún país europeo. Conocidos con el nombre de «visados de oro«, la cifra mínima suele rondar el medio millón de euros y se suelen aceptar tanto la compra de bonos del Gobierno como de bienes raíces. En la mayoría de Estados que contemplan esta opción, eso sí, lo que se concede automáticamente es el permiso de residencia y para la ciudadanía se debe esperar del mismo modo varios años, aunque el mínimo suele ser menor al resto de alternativas ―en Malta es solo un año―.
