En el año 1800 la monarquía española gobernaba en América territorios desde las costas del Pacífico norteamericano hasta Tierra del Fuego, una extensión más de treinta veces mayor que la España peninsular. Bajo su autoridad vivían unas diecisiete millones de personas entre indígenas, criollos, población esclavizada de origen africano e incluso españoles nacidos en Europa. Para administrar estas tierras, la Corona contaba con cuatro grandes virreinatos: Nueva España, con capital en Ciudad de México; Perú, en Lima; Nueva Granada, en Santa Fe de Bogotá; y el Río de la Plata, en Buenos Aires.
Durante dos siglos solo existieron los virreinatos de Nueva España y Perú, pero las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII dieron paso a los de Nueva Granada y el Río de la Plata para reforzar la defensa, controlar mejor el comercio y aumentar la recaudación. Asimismo, como la extensión territorial dificultaba la supervisión de territorios vulnerables, la Corona fue añadiendo otras jurisdicciones con mando militar propio: las principales fueron las capitanías generales de Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile.
¿Qué era un virreinato y por qué se dividió así América?
Un virreinato era una demarcación territorial administrada por un virrey, quien representaba al monarca y ejercía en su nombre funciones políticas, militares y administrativas. Su organización podía incluir gobernaciones, intendencias y municipios. A nivel municipal, los cabildos se encargaban del gobierno y la administración de las ciudades y sus alrededores. En situaciones excepcionales podían convocar un cabildo abierto, aunque la participación estaba restringida a un sector privilegiado, principalmente propietarios.
Los virreinatos españoles en América no surgieron a la vez, y cada caso tuvo motivaciones propias. El de Nueva España se instauró en 1535, pocos años después de la conquista de Tenochtitlan, para sustituir el mando de los conquistadores por un gobierno directo de la Corona. El del Perú llegó en 1542, tras las guerras civiles entre conquistadores y con las Leyes Nuevas, que buscaban limitar las encomiendas. Su peso creció tras el descubrimiento de la plata de Potosí. Ya en el siglo XVIII, los Borbones crearon el de Nueva Granada para reforzar la defensa del Caribe frente a los ingleses y combatir el contrabando. El del Río de la Plata, instaurado en 1776, respondió a los conflictos con Portugal por Colonia del Sacramento y buscaba frenar su avance y controlar la salida de plata hacia el Atlántico.
El virrey compartía atribuciones de gobierno con las audiencias, tribunales que también desempeñaban funciones gubernativas. Sus magistrados, conocidos como oidores, intervenían en la administración de justicia. Sin embargo, la Corona no inventó este sistema para América exclusivamente: entre el siglo XVI y principios del XVIII había recurrido a los virreyes para gobernar territorios como Aragón o Nápoles. La división territorial escogida tampoco partió de cero. Nueva España y Perú se organizaron alrededor de las grandes regiones de población y poder de los antiguos imperios indígenas azteca e inca.
Con todo, los virreinatos españoles en América han sido objeto de discusión sobre si eran colonias o no. Esa primera interpretación se apoya en su condición jurídica, con análisis de historiadores como Juan Manzano sobre cómo las Indias se incorporaron a la Corona de Castilla. También en declaraciones como la de la Junta Central de 1809, que las definía como “una parte esencial e integrante de la Monarquía Española”, no como “colonias o factorías”. Otros historiadores como Juan Carlos Garavaglia, en cambio, sitúan la relación colonial en las relaciones de subordinación, donde el trabajo forzoso y el control de los recursos canalizaron la riqueza de los virreinatos hacia la península.
La economía de los virreinatos: plata, población y redes regionales
La economía virreinal giraba en torno a la plata. A finales del siglo XVIII, las minas novohispanas de Guanajuato y Zacatecas eran de las más productivas del mundo. Potosí seguía siendo el gran centro andino. Su plata pagaba las importaciones europeas y sostenía la Hacienda real. También financiaba el situado, dinero que los virreinatos ricos enviaban cada año a lugares estratégicos que no podían pagar su propia defensa, como Cuba, Puerto Rico o Chile.
Junto a la plata se exportaban productos más especializados. Algunos eran la grana cochinilla de Oaxaca, añil de Guatemala, cacao de Venezuela y Guayaquil, oro neogranadino, tabaco y azúcar de Cuba, y cueros del Río de la Plata. Pero la mayor parte de lo producido se consumía en América. El galeón de Manila unía además Acapulco con Asia, intercambiando plata mexicana por sedas y porcelanas. Desde 1778, el reglamento de libre comercio abrió nuevos puertos y puso fin al monopolio de Cádiz, aunque el contrabando británico, holandés y portugués siguió siendo habitual.
Las sedes de los virreinatos reflejaban ese peso económico. Ciudad de México, con unos 130.000 habitantes hacia 1800, era la mayor ciudad del continente, solo superada en el mundo hispánico por Madrid. Contaba con universidad, casa de moneda, la Academia de San Carlos y el Real Seminario de Minería. Lima, con unos 50.000 habitantes, conservaba el prestigio de su universidad y su consulado de comerciantes, pero había perdido protagonismo desde que el comercio de Potosí pasó a Buenos Aires. Esta última, que rondaba los 40.000 habitantes, era la capital más joven y de crecimiento más rápido, impulsada por su puerto. Santa Fe de Bogotá, con apenas 20.000, destacaba como centro administrativo y científico gracias a la Expedición Botánica de José Celestino Mutis. Todas compartían el trazado en cuadrícula alrededor de una plaza mayor, donde se concentraban la catedral, el cabildo y el palacio del virrey.
Las comunidades indígenas eran la base fiscal y laboral del orden virreinal. Pagaban tributo y, en los Andes, enviaban trabajadores a las minas de Potosí y Huancavelica. En Nueva España pesaban más el reparto forzoso de mercancías y las deudas que ataban a los peones a las haciendas. Pero no fueron sujetos pasivos, sino que defendían sus tierras ante las audiencias y, cuando la negociación fallaba, se rebelaban, como en el levantamiento de Túpac Amaru II en 1780. Por su parte, la Patagonia fue una región con un territorio de control colonial limitado, habitado por tehuelches, mapuche y pueblos fueguinos. La Corona exploró sus costas y fundó algunos enclaves, pero su dominio nunca llegó a ser efectivo.
Por otro lado, la esclavitud africana tuvo un peso muy desigual. En Cuba, el auge azucarero tras la revolución de Haití disparó la esclavitud; en Venezuela sostenía el cacao, y en Lima o Buenos Aires predominaba la esclavitud urbana. Aun así, estas personas formaron familias y cofradías, litigaron para comprar su libertad o huyeron a palenques, asentamientos normalmente en lugares de difícil acceso, fundado por esclavizados fugados, los llamados cimarrones. El nombre variaba según el territorio: cumbes en Venezuela, quilombos o mocambos en Brasil o maroon communities en el Caribe anglófono.
Defender los márgenes del imperio
Junto a los virreinatos existían las capitanías generales, una jurisdicción donde la organización militar era el centro de su gestión. Allí su gobernador concentraba el mando en territorios fronterizos o expuestos a amenazas. Las capitanías de Cuba y Guatemala se crearon a comienzos del siglo XVII para poder defender el Caribe de potencias rivales. Sin llegar a suponer independencia total, se trataba de una distribución del poder especial para ejercer una soberanía militar con mayor efectividad.
Chile es el caso más particular. Aislado entre el desierto de Atacama, los Andes y el Pacífico, vivió desde el siglo XVI una guerra en la frontera de Arauco contra los indígenas mapuche. Tras el levantamiento indígena de 1598, la Corona mantuvo allí un ejército permanente, financiado con el real situado enviado desde el Perú. La Capitanía General de Chile estuvo bajo la supervisión del virrey del Perú, aunque tenía gobernador, capitán general y audiencia propios. Ese reparto de poder nunca quedó del todo claro. En 1798, tras una disputa entre el virrey y el gobernador, Carlos IV resolvió que Chile no dependía del virreinato.
La Capitanía General de Venezuela, creada por Carlos III en 1777, buscaba resolver un problema administrativo. Sus provincias dependían de autoridades distintas: unas del Virreinato de la Nueva Granada y otras de la Real Audiencia de Santo Domingo. La Corona las reunió bajo un mismo gobernador y capitán general, con sede en Caracas, para ordenar la hacienda y los asuntos de guerra.
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Al norte del continente americano, el mapa de 1800 muestra otros proyectos. Estados Unidos, independiente desde 1783, era una república de dieciséis estados que llegaba hasta el Misisipi. Su frontera con la Florida española se había fijado en el Tratado de San Lorenzo de 1795. Al oeste del río estaba Luisiana, española desde 1763. En octubre de 1800, por el tratado secreto de San Ildefonso, España se comprometió a devolverla a Francia, que la vendería a Estados Unidos en 1803.
Más al norte se extendía la Tierra de Rupert, la cuenca de la bahía de Hudson, concedida en 1670 por Carlos II de Inglaterra a la Compañía de la Bahía de Hudson. Allí no había gobernadores coloniales al uso, sino una empresa con el monopolio del comercio de pieles que operaba mediante puestos de intercambio. Su negocio dependía de los cazadores cree, assiniboine u ojibwa. Como en la Patagonia, todas estas fronteras europeas se superponían a territorios indígenas que ninguna potencia controlaba realmente.
El final del orden virreinal español en América
La crisis de la monarquía española en 1808 alteró el entramado de los virreinatos en América. Ese año Napoleón invadió España y, tras las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII en Bayona, puso en el trono a su hermano José Bonaparte, abriendo una disputa sobre quién debía ejercer la autoridad en ausencia de un rey legítimo. En América surgieron juntas que asumieron funciones de gobierno, aunque inicialmente no todas plantearon romper con España. Finalmente, las guerras y los enfrentamientos políticos posteriores transformaron aquella crisis en procesos de independencia.
Los nuevos Estados americanos acordaron mantener como fronteras las antiguas divisiones del Imperio español. Esto explica que el mapa virreinal sea el antecedente más claro de las divisiones fronterizas modernas. Era el principio del uti possidetis iuris (‘como poseías según el derecho, seguirás poseyendo’ en latín). Este principio evitó muchos conflictos entre los nuevos Estados, pero tuvo un coste. La Corona había trazado esos límites pensando en cobrar impuestos y controlar la minería, no en respetar divisiones étnicas, culturales o geográficas. Además, los mapas coloniales a menudo eran imprecisos y superponían jurisdicciones en zonas poco exploradas como la Amazonía o la Patagonia.
