Tras muchos años de desacuerdos y divisiones en torno a la estrategia para alcanzar la soberanía energética, la invasión rusa de Ucrania ha generado una enorme crisis en la Unión Europea. Con las renovables aún en fase de despegue y los objetivos climáticos en el horizonte, la Comisión Europea quiere ahora relajar las reglas de contaminación comunitarias para los Estados miembros. Se trata, en otras palabras, de un aplazamiento de los objetivos verdes y un giro hacia la realpolitik como contramedida ante la hipoteca adquirida a lo largo de los años con Rusia, que siempre ha usado los hidrocarburos como arma de presión. Si el Kremlin corta definitivamente el suministro de gas a Europa, Bruselas cree que no quedará más remedio que ajustarse el cinturón para tratar de reducir la factura eléctrica y volver a utilizar, en plena crisis climática, fuentes más contaminantes como el carbón.
La dependencia de este combustible fósil ha estado en retroceso en la UE durante las tres últimas décadas, un periodo en el que su uso se ha reducido a la mitad y su producción a un tercio según datos de Eurostat. En 2021, el carbón fue la fuente menos usada para producir energía, con un peso en el mix europeo del 10,2%. Desde 2005, además, la Unión ha visto cómo 125 centrales eléctricas de carbón echaban el cierre o se reconvertían para utilizar otra fuente de energía, dejando la cifra total de instalaciones activas por debajo de las 200.
Pese a estas cifras, el uso del carbón todavía está lejos de ser un tema resuelto en el espacio comunitario, muy aquejado de la falta de una estrategia energética común: a diferencia de Bélgica, Letonia, Estonia, Malta, Luxemburgo, Chipre, Suecia, Lituania, Portugal y Austria, que ya habían cerrado todas sus centrales de carbón antes de la escalada en los precios de la energía, varios países europeos han seguido haciendo un uso intensivo de la fuente de energía más contaminante de todas. En Polonia, Chequia, Bulgaria y parte de los Balcanes el carbón tiene un peso de más del 20% en el mix energético, y en Alemania, Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía de más del 10%.
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