El fantasma de la deuda vuelve a recorrer Europa, si es que algún día se fue. Tras varios años de políticas expansivas, incluidas la inyecciones masivas adoptadas durante la pandemia, la inflación y la subida acelerada de los tipos de interés de los dos últimos años han sacado de su letargo a los halcones de la austeridad, que ya se mueven con fuerza para poner en marcha recortes fiscales que frenen el gasto público en toda la región.
En Alemania, gran promotora de las políticas de austeridad de hace una década, la deuda ya fue tema central de campaña en las elecciones de finales de 2021. Apenas unos meses después, los tijeretazos han tomado forma y cuerpo en los presupuestos federales de 2024, con amplios recortes en prácticamente todas las partidas tras una fuerte disputa en el Gobierno de coalición.
La Comisión Europea, por su parte, decidió en marzo de 2023 reactivar paulatinamente algunas de las normas fiscales que controlan el gasto público de los Estados miembro, que tendrán que volver a la disciplina y a los objetivos concretos si quieren que Bruselas de el visto bueno a sus partidas presupuestarias.
Según datos de Eurostat, la deuda pública promedio en el espacio comunitario ascendió a un 84% del PIB en 2022, mientras que en la zona euro llegó al 91,6%. Son cifras más bajas que en 2020 y 2021, cuando los enormes estímulos financieros puestos en marcha para paliar los efectos de la crisis sanitaria, los fondos Next Generation, elevaron el gasto público en prácticamente todos los países de la Unión Europea.
También son números más bajos que el récord alcanzando en la región allá por 2014, poco antes del tercer rescate griego y de la culminación de las tesis de austeridad promovidas durante un lustro desde el FMI y las instituciones europeas —Comisión y Banco Central—, conocidos popularmente como la troika.
En aquellos años, la receta prescrita para salir de la crisis financiera y del euro (2008-2012) se basó en una disciplina fiscal que impuso medidas de devaluación salarial, una fe ciega en el modelo exportador y recortes masivos de presupuestos sociales. Muchas de estas políticas, que tiempo después se demostraron sesgadas o falaces, produjeron una destrucción del tejido social y un crecimiento desbocado de la pobreza y la desigualdad en muchos países comunitarios, especialmente los del sur y la periferia.
Tampoco consiguieron, contradiciendo las promesas de sus promotores, reducir una deuda pública que se ha seguido moviendo en una horquilla del 80%-90% durante la última década, incluidos los años de crecimiento y bonanza económica. Ahora, el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento por la guerra en Ucrania ha vuelto a poner en el punto de mira los niveles de deuda y déficit, cuya gestión dependerá en gran medida de la reforma fiscal que se discute en la UE: o una vuelta rápida y rígida a la ortodoxia económica tras la suspensión de las normas por la pandemia, o una más flexible.
A nivel regional, la mayor deuda pública de la Unión Europea se sigue concentrando en los países del sur, con Grecia (171%), Italia (144%), Portugal (114%) y España a la cabeza. Otros miembros comunitarios que tienen una deuda superior al 100% del PIB son Bélgica y Francia, que además será, según las estimaciones del FMI, el único país de la UE donde deuda seguirá creciendo en los próximos dos años.
En el otro lado de la balanza se sitúan los países bálticos y los nórdicos, estados del este como Polonia, Rumanía o Bulgaria y países centroeuropeos con un mayor control del gasto público, como Chequia o Eslovaquia. Todos ellos con una deuda pública inferior al 60% del PIB, el límite que marca la Unión Europea desde hace treinta años en sus normas fiscales.
