8 billones de dólares, 900.000 muertes y 38 millones de desplazados. Ese es el balance que dejan las intervenciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos tras el 11S en el marco de la guerra contra el terror, tal y como la bautizó el entonces presidente George W. Bush. Los datos son de la Universidad de Brown, que en 2010 se propuso recopilar el coste, muchas veces desconocido u opaco, de la respuesta estadounidense a los atentados de 2001.
La última actualización de los datos se produjo hace apenas unas semanas, coincidiendo con la retirada de las tropas internacionales de Afganistán. Tras veinte años de ocupación, el mundo contempló atónito cómo los talibanes recuperaban en cuestión de días el control del país y volvían a establecer un nuevo emirato islámico. Los estadounidenses se habían gastado 300 millones de dólares al día durante dos décadas en la misión de Afganistán para que, tras su marcha, el país volviera al punto de partida.
En su discurso dirigido a la nación estadounidense del pasado mes de agosto, Joe Biden aseguró que la misión de Estados Unidos en territorio afgano “nunca había sido construir una nación, una democracia centralizada y unificada”, sino “prevenir ataques terroristas en suelo americano”. “Lo logramos, degradamos severamente a Al Qaeda en Afganistán, nunca abandonamos la búsqueda de Osama bin Laden y lo atrapamos. Eso fue hace una década”, afirmó tratando de acallar las críticas.
El dinero y la salud de las tropas fueron las principales razones que Biden esgrimió para justificar el repliegue. Poco habló, sin embargo, del coste humano que había supuesto la invasión en particular y la lucha contra el terror en general: 243.000 muertes —incluyendo también las producidas en Pakistán— y 5,9 millones de personas desplazadas.
Si se tienen en cuenta todas las operaciones militares desplegadas por Estados Unidos en Libia, Siria, Irak, Somalia, Yemen, Pakistán y Afganistán desde el 11S, el número e muertes se multiplica —entre 897.000 y 929.000—. Pero lo más impactante del dato no es su volumen total: al contrario de lo que cabría esperar, la mayoría de muertes no ocurrieron en el frente de batalla, sino que fue la población civil la que más fallecimientos sufrió con cerca del 41% del total.
Y todo ello sin contar las muertes indirectas que las misiones militares han provocado, ya sea por enfermedad, desplazamiento, hambruna o la imposibilidad de beber agua potable. “Las muertes que contabilizamos son probablemente una gran subestimación del verdadero número de víctimas que estas guerras han cobrado en vidas humanas”, explicó Neta Crowford, una de las cofundadoras del proyecto universitario.
También es muy probable que las cifras de muertes y el número de personas afectadas sigan aumentando, puesto que Estados Unidos continúa manteniendo operaciones de contraterrorismo y ejercicios militares hasta en 85 países, la mayoría de ellos ubicados en África y Oriente Próximo.
Junto a esto, los costes económicos de los conflictos iniciados tras los atentados del 11 de septiembre también han sido gigantescos. Estados Unidos ha destinado ya seis billones de dólares a la lucha contra el terror, a lo que hay que añadir otros dos billones que la Administración aún debe emplear en el cuidado de los veteranos.
La gran mayoría de ese dinero –similar al PIB de Alemania, Reino Unido, España y Australia juntos– ha sido gestionado por el Departamento de Defensa para movilizar tropas, levantar bases militares por todo el mundo y reconstruir países que sus propios soldados habían reducido a cenizas. Sin embargo, estos 8 billones de dólares no reflejan el impacto total que ha tenido la guerra contra el terror en la economía de EE.UU.
Desde la invasión de Afganistán, el presupuesto del Departamento de Defensa ha aumentado de forma exponencial hasta registrar un gasto de cerca de 14 billones de dólares, de los cuales un tercio han ido a parar a contratistas privados que han hecho de la guerra su verdadero negocio.
Los datos así lo demuestran: tan solo el 12% de todos los fondos de reconstrucción que Estados Unidos entregó a Afganistán entre 2002 y 2021 acabó realmente en manos del Gobierno afgano. Gran parte del resto del dinero fue transferido a empresas estadounidenses que recibieron contratos millonarios para volver a edificar el país.
