Francia volverá a construir centrales nucleares. “Para garantizar la independencia energética y el suministro eléctrico en nuestro país, y para alcanzar nuestros objetivos, en particular la neutralidad de carbono en 2050, por primera vez en décadas relanzaremos la construcción de reactores nucleares”, anunció recientemente el presidente Emmanuel Macron en un discurso televisado a la nación. El país, que basa el 70% de su producción de energía en la nuclear cuando la media comunitaria es del 26%, lleva años peleando por que la Unión Europea promueva –de nuevo– su utilización.
Hasta ahora no ha tenido mucho éxito, y solo hay que mirar a su alrededor para entender el porqué. En su frontera norte, por ejemplo, la situación con respecto a la energía nuclear es bastante diferente: Alemania y Bélgica ya han anunciado que apagarán todas sus centrales —en 2022 y 2025, respectivamente—, mientras que Luxemburgo nunca llegó a producir energía nuclear. Sí planteó la construcción de un reactor en la década de los setenta, pero el fuerte rechazo que suscitó el proyecto llevó al Ejecutivo luxemburgués a guardarlo en un cajón del que no ha vuelto a salir.
De hecho, la construcción en 1979 de la central nuclear de Cattenom, en terreno francés pero a tan solo veinte kilómetros de la ciudad de Luxemburgo —lo que la convierte en la capital europea que más cerca está de un reactor— volvió a encender las alarmas de la sociedad luxemburguesa y a día de hoy el Gobierno del país, junto con las regiones alemanas de Sarre y Renania-Palatinado, sigue demandando su cierre.
En sus vecinos del sur Francia tampoco encuentra mucho apoyo a su apuesta por dar un vuelco al calendario de la energía nuclear en la UE: España hace tiempo que se comprometió a cerrar sus centrales nucleares para 2035, e Italia hace ya tres décadas que apagó la última.
Si tenemos en cuenta a los Veintisiete, el panorama no es muy alentador para París. Dos países —Italia y Lituania— ya han cerrado todos sus reactores, otros cuatro se han comprometido a hacerlo en los próximos años —Alemania, Bélgica, Países Bajos y España— y otros diez nunca han llegado a tener alguno en funcionamiento, mientras que solo once Estados, incluyendo Francia, prevén seguir utilizando sus centrales nucleares a largo plazo.
De hecho, para encontrar ayuda, París ha tenido que mirar hacia el este. Allí, Bulgaria, Croacia, Chequia, Finlandia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía han secundado una propuesta de Francia para que la Comisión Europea incluya la energía nuclear en su taxonomía energética verde, lo que implicaría que los nuevos proyectos nucleares pudieran recibir financiación comunitaria. Si Bruselas cede —anunciará su decisión en las próximas semanas—, Alemania, que lidera el bloque antinuclear junto a España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo, exige que el gas también sea una apuesta prioritaria de la Unión.
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Lo cierto es que ninguna de las dos opciones es perfecta: de un lado, la nuclear es una energía poco contaminante que reforzaría la soberanía energética de la UE, pero su elevado coste económico y la difícil gestión de los residuos radiactivos plantean dudas sobre su viabilidad; de otro, el gas es un combustible fósil que, aunque menor que la del petróleo y el carbón, tiene una fuerte huella ecológica y cuyo suministro ha quedado comprometido tras el reciente desajuste entre oferta y demanda. A su favor, la producción de energía a partir de gas es más barata y segura.
De esta manera, el calendario de la energía nuclear en la UE avanza en dos direcciones opuestas, lo que amenaza con partir por la mitad la estrategia energética comunitaria.
