Se calcula que más de millón y medio de personas han salido a las calles del Líbano durante el penúltimo fin de semana de octubre. Las protestas, que han tenido lugar prácticamente en la totalidad de ciudades y pueblos del país, e incluso en el extranjero, se han caracterizado por su naturaleza transversal: los manifestantes pertenecen a todas las sectas y estratos sociales, y el objeto de la ira ciudadana no es el presidente Aoun o el primer ministro Hariri, sino la totalidad del Gobierno y los partidos políticos libaneses, a los que se acusa de corruptos y de ser incapaces de resolver los problemas del país. Si bien es cierto que las protestas fueron desencadenadas por el anuncio de un impuesto sobre las llamadas de voz sobre protocolo de internet —las llamadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram, muy populares en un país con casi diez millones de emigrantes—, los motivos y las demandas de los manifestantes van más allá.
Para ampliar: “Líbano, la nación sin rostro”, Jacobo Llovo en El Orden Mundial, 2018
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
La insatisfacción de los libaneses con su clase política ha alcanzado nuevas cotas este año. Tras las elecciones legislativas de 2018, las primeras en una década, y la formación de un nuevo Gobierno en enero de 2019, parecía que podía alcanzarse un desbloqueo de la difícil situación política y económica que atraviesa el país. La principal novedad del nuevo gabinete, con muchas caras familiares, como el primer ministro Saad Hariri, era la presencia de Hezbolá en el Ministerio de Sanidad, uno de los más importantes del país. A pesar de las amenazas estadounidenses, el Gobierno libanés parecía haber alcanzado el equilibrio adecuado entre las influencias saudí, iraní y estadounidense, lo que parecía asegurar el desbloqueo de los fondos CEDRE, un programa de inversión internacional de 16.000 millones de dólares que permitirían la financiación del país en los próximos años.
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