Los últimos años de la dictadura española estuvieron marcados por la mala salud de Francisco Franco, la violencia terrorista que, entre otros, asesinó al presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, y la conflictividad social derivada de la crisis económica. Con la muerte del dictador en noviembre de 1975, las voces que defendían el paso a la democracia cogieron fuerza, tanto dentro como fuera del Gobierno. Ante el inmovilismo del presidente Carlos Arias Navarro, Juan Carlos I de Borbón, coronado rey y sucesor de Franco, forzó su dimisión y nombró al reformista y poco conocido Adolfo Suárez, secretario general del Movimiento Nacional, el partido único franquista.
El nuevo presidente encargó al de las Cortes franquistas, Torcuato Fernández-Miranda, la redacción de una ley que permitiese al país avanzar hacia la democracia. En paralelo, entabló conversaciones con los distintos sectores políticos para lograr su proyecto de una “ruptura pactada”: romper con la dictadura pero desde la propia legalidad franquista y con el visto bueno de la oposición. Así comenzó el periodo conocido como la Transición española.
La Ley para la Reforma Política cambia el sistema
Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, Suárez presentó la Ley para la Reforma Política a la población y anunció que se aprobaría vía referéndum nacional, la primera votación democrática tras casi cuarenta años de dictadura. La ley contaba con cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final, que se incorporaban medidas como la separación de poderes, el reconocimiento de la soberanía nacional y la recuperación del sufragio universal para españoles mayores de edad. Sin embargo, se mantenían otras del franquismo: el rey mantenía mucho poder, como el de elegir al presidente de las Cortes y someter cualquier cuestión a referéndum aunque no fuese constitucional.
Además, la ley creaba unas nuevas Cortes divididas en dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, ambas elegidas por el voto circunscrito a la provincia. Lo más importante fue que, según su artículo tres, tanto al Congreso como al Gobierno les correspondía la iniciativa de la reforma constitucional, lo cual abrió el camino a que se iniciara un cambio más profundo con una nueva constitución.
El 18 de noviembre de 1976, las Cortes franquistas aprobaron la ley con 425 votos de 531, en lo que se denominó el “suicidio del franquismo”, no sin reticencias de los sectores más inmovilistas conocidos como “el búnker”. De cara a la consulta popular del 15 de diciembre, el Gobierno protagonizó una fuerte campaña por el sí, mientras que los sectores franquistas más reaccionarios, como Falange, apostaron por el no, y socialistas, comunistas y regionalistas por la abstención. Estos últimos, favorables a la transición democrática, argumentaban que la ley era insuficiente y exigían una mayor ruptura con el franquismo. Finalmente, con casi un 80% de participación, más del 90% de los electores votaron a favor de la ley.
El camino hacia una España democrática
Los siguientes pasos más importantes para la implementación de la democracia en España fueron la abolición del Movimiento y de los sindicatos corporativos, y la legalización de los partidos políticos. La más complicada y significativa fue la del Partido Comunista de España (PCE), liderado por Santiago Carrillo, a la que se oponían los sectores conservadores y los militares. Tras varias reuniones secretas entre Suárez y los comunistas, Carrillo aceptó la monarquía y la bandera española monárquica a cambio de la legalización.
Las primeras elecciones desde la Segunda República se celebraron el 15 de junio de 1977, también con una participación de casi el 80%. Así, se constituyeron las Cortes que contemplaba la Ley para la Reforma Política, en las que el partido liderado por Suárez, la extinta Unión de Centro Democrático (UCD), obtuvo la mayoría con 165 diputados en el Congreso y el 34,4% de los votos. El principal partido de la oposición pasó a ser el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con 118 diputados, seguido del PCE con 20.
Una vez formado el Gobierno de la UCD con Suárez al frente, el Congreso formó la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, de la que salieron los siete encargados de redactar una nueva constitución: tres de UCD, uno del PSOE, uno de Alianza Popular —predecesora del Partido Popular (PP)—, uno del PCE y uno de la plataforma regionalista Pacto Democrático por Cataluña. Después de meses de reuniones secretas, desacuerdos y filtraciones a la prensa, las Cortes aprobaron el texto constitucional el 31 de octubre de 1978, y el 6 de diciembre se llevó a un referéndum que los españoles ratificaron con casi un 90% de votos favorables. La Constitución de 1978 entró en vigor el 29 de diciembre, dejando obsoleta la Ley para la Reforma Política y consolidando la Transición.
