¿Son realmente limpias las elecciones en India?

La coalición liderada por el primer ministro Narendra Modi ha ganado las elecciones generales en India, aunque con menos margen sobre la oposición, a falta de que termine el conteo oficial. Fueron los mayores comicios del mundo por cantidad de población, por lo cual duraron seis semanas, y servirán para elegir a los 543 miembros de la cámara baja del Parlamento indio. Sin embargo, pese a las declaraciones de Modi sobre la transparencia del proceso, la “mayor democracia del mundo” está bajo escrutinio internacional por la erosión de las instituciones democráticas bajo el mandato del Partido Popular Indio (BJP).

Para que unas elecciones sean íntegras, el Gobierno debe asegurar una serie de estándares. Los más importantes son la participación libre y en igual de condiciones de todos los partidos y votantes, una comisión electoral independiente y la no persecución de políticos y periodistas. Además, ningún candidato deberá tener una ventaja de financiación considerable sobre los demás, y los candidatos deberán tener igual acceso a los medios de comunicación.

Sin embargo, los principales índices de democracia muestran su deterioro en India. En 2023, el informe del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) definió a India como una “autocracia electoral”, entre otras, por el deterioro de las elecciones libres y justas. Por su parte, el índice de The Economist califica a India como una “democracia defectuosa” o “imperfecta”, con un deterioro progresivo bajo el Gobierno de Modi.

Juicios y cárcel contra opositores

Las pasadas elecciones en India estuvieron marcadas por la persecución a la oposición. Arvind Kejriwal, ministro en jefe de Delhi y líder del partido opositor Aam Aadmi (AAP), fue arrestado en marzo al ser acusado de corrupción. No es el único político del AAP encarcelado: su ex viceministro, Manish Sisodia, lleva más de un año en la cárcel, y el exministro de Salud Satyendar Jain lleva dos. El partido ha calificado estos arrestos como una conspiración del BJP.

Estos encarcelamientos son sólo algunos ejemplos de la persecución del Gobierno de Modi contra la oposición. Según un informe del Panel Independiente para la Supervisión de las Elecciones Indias, el 90% de los casos penales iniciados contra líderes políticos desde 2014 han sido contra políticos opositores. Pero la estrategia del BJP no se ha limitado a las vías judiciales. El Congreso Nacional Indio, principal partido de la oposición, ha acusado al Gobierno de Modi de congelar sus cuentas bancarias por una presunta irregularidad fiscal, perjudicando las campañas de sus candidatos.

Del mismo modo, en 2018 el Gobierno de Modi estableció un sistema de financiación política que permitía a individuos y empresas realizar donaciones ilimitadas y anónimas a partidos comprando bonos electorales emitidos por el Banco Estatal. Sin embargo, el Tribunal Supremo calificó el plan como inconstitucional a principios de 2024, ya que el banco accedía a los datos de los donantes a través del proceso, lo que permitía al Gobierno usar la información. Además, el BJP obtuvo más de la mitad de los bonos, y medios nacionales publicaron que varias empresas obtuvieron contratos con el Estado tras haber hecho grandes donaciones.

Las minorías, discriminadas

Las elecciones en India tampoco garantizan el sufragio universal e igualitario, pues millones de habitantes han sido excluidos del proceso electoral. Según las estimaciones del Panel Independiente, en las elecciones de 2019 más de treinta millones de musulmanes y cuarenta millones de votantes dalit no aparecían en los censos electorales. La discriminación contra la población musulmana ha aumentado con el Gobierno nacionalista hindú de Modi y el BJP, que usan estos discursos de odio como estrategia política. 

El mayor ejemplo ha sido la implementación en marzo de la enmienda de la Ley de Ciudadanía. Esta ley, aprobada en 2019, permite a las autoridades conceder la nacionalidad india a inmigrantes que llegaron desde Pakistán, Afganistán y Bangladés antes de 2015 buscando asilo por motivos religiosos, siempre que no sean musulmanes. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos denunció la naturaleza discriminatoria de la enmienda.

De igual manera, el mapa electoral indio se vio modificado en 2019. Ese año el Parlamento suspendió la autonomía del estado de Jammu y Cachemira, al permitir la compra de tierras a indios no pertenecientes al estado. La reciente conclusión de la delimitación de este estado y del de Asam, ambos con gran población musulmana, ha disminuido la representación de esta minoría en el Parlamento indio. 

Control de medios e instituciones

Por otro lado, en los últimos años se ha puesto en duda la imparcialidad de la Comisión Electoral. El organismo no ha contestado a las numerosas denuncias de violación del Código Modelo de Conducta por parte del BJP, ha rechazado resolver la veracidad de los resultados de las máquinas de votación electrónica y ha negado la existencia de fallos en las mismas.

Del mismo modo, Human Rights Watch ha denunciado el creciente control del Gobierno de Modi sobre las plataformas digitales y las redes sociales. Este control se ha traducido tanto en una cantidad desproporcionada de publicidad política del BJP como en operaciones masivas de mensajes en WhatsApp. Tras la aprobación de la Ley de Leyes Electorales de 2021, organizaciones como Internet Freedom Foundation han denunciado su uso para elaborar perfiles de votantes. Por último, el BJP ha monopolizado los medios de comunicación, varios con vínculos directos, y ha restringido el contenido crítico con el Gobierno en redes sociales. Desde antes del proceso electoral, todas estas estrategias han permitido asegurar la victoria del BJP y la reelección de Modi.