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El golpe en Myanmar y el declive democrático en Asia

El golpe en Myanmar y el declive democrático en Asia
Fuente: elaboración propia.

El golpe de Estado militar en Myanmar pone en evidencia el declive democrático en el sudeste asiático, donde ya hay otros países autoritarios como Tailandia o Camboya. Las reacciones mundiales se dividen entre Occidente y algunas organizaciones internacionales como el G7, que condenan el golpe y amenazan con sanciones, y los países que lo califican de asunto interno y prefieren no intervenir, liderados por China. Los miembros de ASEAN, la organización regional a la que pertenece Myanmar, quedan divididos entre ambos modelos.

El pasado 1 de febrero, el Ejército birmano, conocido como Tatmadaw, dio un golpe de Estado al recién elegido Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) liderado por Aung San Suu Kyi. El Tatmadaw, cuyo brazo político se presentó a las elecciones de noviembre de 2020 y obtuvo los peores resultados de su historia, tachó de fraude electoral la mayoría absoluta obtenida por Suu Kyi. Estas elecciones son las cuartas desde el giro democrático iniciado en 2011, tras casi cuarenta años de dictadura militar. La transición democrática no estuvo exenta de controversia, puesto que el Tatmadaw redactó la Constitución birmana de 2008, reservándose los ministerios vinculados con defensa y gestión de fronteras, así como una cuarta parte de los escaños en la cámara baja del parlamento. Pese a todo, el NLD consiguió mayorías absolutas en las elecciones de 2015 y 2020, relegando al Ejército a una minoría peligrosa ante la redacción de posibles enmiendas constitucionales que recortaran su poder. 

Las sospechas de un posible golpe de Estado fueron creciendo desde finales de 2020. Finalmente, el Tatmadaw arrestó a Suu Kyi, su abogado, el presidente y varios ministros a pocas horas de la sesión inaugural del nuevo parlamento, y estableció un régimen militar que durará al menos un año. La respuesta ha dividido a la sociedad internacional: Occidente condena el golpe y pide sanciones mientras otros países, liderados por China, califican lo ocurrido de asunto interno y evitan intervenir. 

Occidente pierde influencia en el sudeste asiático

Las democracias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, y organismos internacionales como la ONU se presentan como promotores y defensores de la democracia a nivel internacional. Es habitual que condenen y sancionen los golpes de Estado y a regímenes autoritarios que cometen abusos contra su población. Las sanciones normalmente son de tipo económico y buscan debilitar al régimen, aunque también pueden consistir en embargos de armas o bloqueo de propiedades e inversiones. 

Myanmar ha estado décadas gobernada por una dictadura militar después de un golpe de Estado en 1962. La junta cometió abusos contra las minorías étnicas y reprimió a la oposición. Como respuesta, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Australia han impuesto sanciones al Gobierno birmano, y la Asamblea General de la ONU ha emitido resoluciones a favor de la democratización del país. Muchas de las sanciones se han ido retirando a medida que el país se democratizaba desde 2011, pero otras se han mantenido por la negativa del Gobierno civil de Suu Kyi a admitir el genocidio contra la minoría rohinyá en 2017. Por ello, la líder birmana ya no cuenta con el apoyo internacional que tenía en el pasado como defensora de la democracia en el país, y por lo que se le otorgó el premio Nobel de la Paz en 1991.

Este golpe también ha provocado una avalancha de condenas por parte de países democráticos como el Reino Unido, Alemania, Francia, Australia, España, Canadá o Japón, que piden el regreso de la democracia y la liberación de los políticos arrestados. Estados Unidos ha ido más allá y ha impuesto sanciones. La ONU no ha condenado el golpe porque China y Rusia han vetado la resolución, pero el G7 y la UE sí han emitido sendas declaraciones. Con todo, no es probable que  estas condenas ejerzan suficiente presión al Ejército birmano para cambiar la situación en el país, cuyo principal socio comercial es China, lo que demuestra la pérdida de influencia del modelo democrático occidental en la región. Sin duda, la mayor damnificada por las sanciones sería la débil economía de Myanmar. Se teme que muchas empresas sigan el camino iniciado por la japonesa Kirin, que ha decidido poner fin a la joint venture que tenía en el país, y que oenegés internacionales no puedan seguir operando. 

China abandera la no intervención en “asuntos internos”

La política exterior china es conocida por su principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. Al contrario que Occidente, China no valora la escasez democrática o el no respeto a los derechos humanos de otros países a la hora negociar tratados comerciales con ellos, y exige a su vez que la comunidad internacional no intervenga en sus asuntos internos. Myanmar es un buen ejemplo de ello: Pekín no ha dudado en negociar ni con la dictadura militar ni con Suu Kyi. China incluso defendió a Myanmar de las críticas por el genocicio rohinyá..

La respuesta china a este golpe fue la esperada: un medio afín al Gobierno lo calificó de “cambio ministerial” y el portavoz del Ministerio de Exteriores pidió que “se resuelvan las diferencias entre ambas partes y se mantenga la estabilidad política y social”. Rusia, Pakistán, Brasil e India han seguido el patrón chino: tampoco mencionan el golpe ni exigen la liberación de arrestados. Mientras unos piden una resolución pacífica entre ambas partes, otros desean el regreso de la democracia sin mencionar nombres.   

Aunque China es el principal socio comercial de Myanmar ya desde antes de la llegada al poder de Suu Kyi, el golpe puede perjudicar sus intereses estratégicos y comerciales en el país. De hecho, a Pekín no le agrada la vuelta al poder del Tatmadaw. Antes de la democratización del país, la relación de conveniencia de China con la recelosa junta militar birmana era inestable, como demuestra que el Gobierno birmano suspendiera en 2011 el proyecto de construcción de la presa de Myitsone que había tardado años en negociarse con Pekín. El Tatmadaw nunca vio con buenos ojos su creciente dependencia para con China durante los años noventa, incluso cuando Myanmar estaba aislada y el Gobierno chino era su principal apoyo internacional. El alarmado Ejército birmano buscó disminuir esta dependencia aumentando el comercio con Estados Unidos y potencias regionales como India y Japón. 

China ha construido múltiples enclaves en el océano Índico como parte de su Nueva Ruta de la Seda. En Myanmar, esta ruta pasa por el puerto de Kyaukpyu. Fuente: EOM

La relación de China con Aung San Suu Kyi ha sido más fluida, a pesar del apoyo chino a la junta militar que la tuvo bajo arresto domiciliario durante quince años. Con la llegada al Gobierno de Suu Kyi, China volvió a ser el principal socio comercial de Myanmar y se pusieron en marcha varios proyectos vinculados al Corredor Económico China-Myanmar (CMEC). El CMEC forma parte del megaproyecto chino de la Nueva Ruta de la Seda y pretende unir la provincia china de Yunnan con el océano Índico a través de Myanmar. Ahora China ha anunciado que acatará las decisiones tomadas por el nuevo Gobierno militar birmano. Incluso bloqueó la condena al golpe de Estado en el Consejo de Seguridad de la ONU. La única concesión que Pekín se ha permitido ha sido pedir la puesta en libertad de Suu Kyi y los demás líderes del NLD.

La ASEAN, dividida entre ambos modelos

Con un historial político tan turbulento, sorprende que Myanmar sea miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desde 1997, junto con democracias como Indonesia o Singapur. ASEAN incluye regímenes políticos, religiones y culturas muy distintos, y si la organización ha sobrevivido a ello es solo porque sus diez países miembros acordaron no intervenir en los asuntos internos del resto. Este acuerdo ha permitido el florecimiento del comercio y la cooperación regionales, pero ha frustrado la lucha contra el genocidio rohinyá o la persecución a  opositores en países como Tailandia y Myanmar. Tampoco ha impedido que la región viva una deriva autoritaria, como demuestran la gestión de las protestas en Tailandia en 2020, el mandato autoritario de Hun Sen en Camboya o la reciente eliminación de la limitación de mandatos para el presidente en Vietnam, maniobra similar a la del presidente chino Xi Jinping en 2018.

Teniendo en cuenta que en su Acta Constitutiva de 2008 ASEAN se compromete a “fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos”, las respuestas al golpe de Estado en Myanmar reflejan una vez más la división entre sus miembros. Los países más democráticos, como Singapur, Indonesia, Malasia y, más tarde, Filipinas han mostrado su preocupación. Por el contrario, los más autoritarios lo han calificado de asunto interno, como Tailandia y Camboya, o han optado por no pronunciarse, como Vietnam, Laos y Brunéi. A nivel institucional, ASEAN ha hecho gala de su cauteloso uso del lenguaje para pedir diálogo y una vuelta a la normalidad, pero sin sanciones ni condenas al golpe.

La división se ha hecho más patente después de que Malasia e Indonesia reclamaran el 5 de febrero una reunión urgente para discutir la situación. Sin embargo, nada garantiza que se celebre la reunión, sobre todo cuando hasta ahora ningún otro país miembro ha respondido a la propuesta. Y aunque la reunión se celebrase, las ausencias restarían validez a cualquier acuerdo. Ya ha sucedido con la declaración de la Comisión Intergubernamental de ASEAN para los Derechos Humanos, firmada cuatro días después del golpe pero solo por cuatro de los diez países. Tampoco es probable que se llegue a un acuerdo durante la 38ª cumbre de ASEAN en abril, no solo por estar presidida por Brunéi, sino porque choca con el principio de no intervención en los asuntos internos. A lo máximo que ASEAN ha llegado para responder a las tendencias autoritarias de Myanmar es vetar que el país asumiera la presidencia rotatoria de la asociación en 2006, criticar a los militares por su mala gestión de catástrofes naturales y pedir la liberación de Suu Kyi en 2007. 

El Acta de ASEAN no deja claro cómo debe adherirse la organización a los principios democráticos, lo que abre la puerta a posibles interpretaciones. Una de ellas ha promovido la creación de un organismo de observación electoral regional y consensuado. ASEAN envió una misión a las elecciones de Myanmar en 2012, pero el proyecto no ha tenido continuidad. Otra interpretación permitiría que la asociación tomase el rol de mediadora en este conflicto político y “propiciara el diálogo”, ya fuera en el seno de la asociación o bien a nivel internacional. Sin embargo, este proyecto tampoco tiene muchas posibilidades de llegar a buen puerto.  

El futuro de ASEAN se decide en Myanmar

La situación actual en Myanmar no augura una resolución fácil ni rápida. Lo más probable es que el Tatmadaw resista la imposición de sanciones y siga en el poder hasta 2022, cuando en teoría se celebrarán unas nuevas elecciones. Sin embargo, las protestas de la ciudadanía birmana, respondidas con creciente violencia y cortes de internet por los militares, pueden desestabilizar al Gobierno militar. Si las movilizaciones continúan pese a la represión, aumentará la presión internacional para que los miembros de ASEAN tomen cartas en el asunto. En esta situación, sería más probable que se celebrara la reunión propuesta por Indonesia y Malasia y se llegara a una resolución.

Mientras Occidente intenta influir en la situación interna birmana sin mucho éxito, China tampoco lo tendrá tan fácil para lidiar con el Tatmadaw. A nivel regional, el golpe de Estado ha dejado en evidencia la división en el seno de ASEAN, que cada vez tiene más difícil salvaguardar las posturas tan dispares de sus miembros, y puede llegar a desestabilizar la organización. Aunque a su manera, ASEAN ya se ha pronunciado antes frente a los abusos contra los rohinyá y para pedir la excarcelación de Suu Kyi. En sus manos está ahora decidir si en el sudeste asiático es el modelo democrático o el chino el que sale reforzado de esta crisis.