El pasado 1 de febrero, el Ejército birmano, conocido como Tatmadaw, dio un golpe de Estado al recién elegido Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) liderado por Aung San Suu Kyi. El Tatmadaw, cuyo brazo político se presentó a las elecciones de noviembre de 2020 y obtuvo los peores resultados de su historia, tachó de fraude electoral la mayoría absoluta obtenida por Suu Kyi. Estas elecciones son las cuartas desde el giro democrático iniciado en 2011, tras casi cuarenta años de dictadura militar. La transición democrática no estuvo exenta de controversia, puesto que el Tatmadaw redactó la Constitución birmana de 2008, reservándose los ministerios vinculados con defensa y gestión de fronteras, así como una cuarta parte de los escaños en la cámara baja del parlamento. Pese a todo, el NLD consiguió mayorías absolutas en las elecciones de 2015 y 2020, relegando al Ejército a una minoría peligrosa ante la redacción de posibles enmiendas constitucionales que recortaran su poder.
Las sospechas de un posible golpe de Estado fueron creciendo desde finales de 2020. Finalmente, el Tatmadaw arrestó a Suu Kyi, su abogado, el presidente y varios ministros a pocas horas de la sesión inaugural del nuevo parlamento, y estableció un régimen militar que durará al menos un año. La respuesta ha dividido a la sociedad internacional: Occidente condena el golpe y pide sanciones mientras otros países, liderados por China, califican lo ocurrido de asunto interno y evitan intervenir.
Occidente pierde influencia en el sudeste asiático
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