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Egipto, vivir en estado en emergencia permanente

Egipto, vivir en estado en emergencia permanente
Fuente: Gigi Ibrahim (Flickr)

Hablar de estado de emergencia es hablar de la historia de Egipto. Lo que para el mundo es hoy una excepción provocada por una pandemia, para los egipcios ha sido la norma desde hace más de sesenta años, cuando se aprobó la Ley de Emergencia que regulaba los poderes del presidente ante una guerra, disturbio, desastre o pandemia. Con el tiempo, una ley transitoria y destinada a situaciones excepcionales, por los recortes en derechos y libertades que supone, se convirtió en la herramienta del poder egipcio para reprimir a su propia población.

El coronavirus ha provocado que decenas de países hayan tenido que hacer uso de mecanismos legales para confinar a sus ciudadanos e intervenir sus economías. Más de la mitad de la población mundial ha estado o está todavía recluida en sus hogares, y ha visto como algunos de sus derechos más básicos se han suspendido. Estado de emergencia, de alarma, de excepción o toque de queda son conceptos que empiezan a ser parte del vocabulario común, y las implicaciones de vivir temporalmente con duras restricciones son ya percibidas por millones de personas. Sin embargo, esta medida supuestamente excepcional ha sido usada como una herramienta de represión en Egipto, cuya población conoce desde hace décadas el significado tergiversado que le ha dado su Gobierno a la palabra emergencia.

Para ampliar: “¿Qué mundo nos espera tras la pandemia del coronavirus?” Eduardo Saldaña en El Orden Mundial, 2020

¿Qué es un estado de emergencia?

La RAE define el estado de emergencia como la “situación oficialmente declarada de grave peligro por conflictos sociales, catástrofes naturales u otras razones”. En virtud de la defensa del Estado y de sus propios ciudadanos, las legislaciones de cada país contemplan cómo actuar ante diferentes situaciones de emergencia o excepción: guerras, catástrofes naturales o sanitarias, revueltas, alteraciones del orden público, etc.

Cada país trata y nombra estos recursos legales de forma diferente, pero todos ellos tienen en común que la declaración de un estado de emergencia, alarma o excepción supone restricciones de derechos civiles, así como dotar al Gobierno de poderes que en condiciones normales no posee. Las limitaciones de circulación y reunión, toques de queda, intervención de sectores privados o racionamiento de servicios son solo algunas de las medidas que un estado de emergencia puede amparar. En el caso extremo de la ley marcial, las fuerzas armadas asumen atribuciones de justicia y orden público normalmente reservadas al estamento civil. 

Dada la gravedad que supone la restricción de derechos y libertades, estas medidas vienen acompañadas, en la mayoría de las ocasiones, de una limitación temporal suficientemente bien definida. Se busca, por tanto, que estas medidas sean puntuales y que la normalidad constitucional se restablezca tan pronto como la situación de emergencia se resuelva. Sin embargo, en Egipto las cosas son distintas. 

El caso egipcio: del yugo colonial al control interno

Para entender la estrecha relación entre Egipto y el estado de emergencia hay que remontarse a 1914, cuando este país era todavía una colonia británica. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los británicos impusieron a los egipcios la Ley de Asociación 10/1914 que, entre otras cosas, restringía la libertad de reunión. Con la independencia de Egipto en 1922, la primera Constitución incluyó la ley marcial. En 1939, y a petición de Gran Bretaña —que continuaba teniendo una gran influencia en su antigua colonia— el rey Faruq la aplicó para garantizar la presencia militar británica en el país durante la Segunda Guerra Mundial, y permaneció vigente hasta el final de esta. 

Mujeres nacionalistas en El Cairo en 1919. Fuente: Wikipedia

La ley marcial volvería a aplicarse en varias ocasiones más, entre ellas durante la primera guerra árabe-israelí en 1948 y en enero de 1952 tras las protestas por la presencia británica en el canal de Suez. En julio de ese mismo año, un grupo de oficiales del Ejército egipcio derrocó al rey en la llamada Revolución de los Oficiales Libres, convirtiendo a Egipto en una república. Seis años después, con uno de esos oficiales en el poder, Gamal Abdel Náser, una enmienda constitucional desarrolló la que se convertiría en la piedra angular de la política egipcia durante los siguientes sesenta años, la Ley de Emergencia 162/1958

Esta ley regula los procedimientos que debe seguir el Gobierno cuando se declare un estado de emergencia, y otorga, entre otras medidas, la potestad al presidente a declarar dicho estado cuando “la seguridad o el orden público estén en riesgo (…) ya sea debido a un estado de guerra o un estado que amenaza con el estallido de una guerra, disturbios internos, desastres o epidemias”. En estas situaciones, la Ley de Emergencia permite restringir la libertad de reunión, limitar la circulación de personas, arrestar a quien se considere peligroso para la seguridad pública, hacer registros sin restricción, acceder a correspondencia personal, censura y cierre de publicaciones o confiscar propiedades privadas y expropiar empresas, entre otras medidas. Aunque el elemento más importante de esta ley es la creación los Tribunales de Seguridad del Estado, también llamados de Emergencia. El presidente tiene derecho a nombrar a todos los jueces que forman estos tribunales y a agregarles oficiales militares, militarizando y politizando la justicia. Además, no cabe recurso para los veredictos que emiten.

Pese a que el estado de emergencia estuvo activo hasta 1964, fue durante la guerra de los Seis Días contra Israel, en 1967, cuando empezó a convertirse más en una norma fija que en un estado transitorio, permaneciendo vigente durante trece años seguidos. No se derogaría hasta 1980, unos meses después de los acuerdos de Camp David, donde se firmó definitivamente la paz entre Egipto e Israel. En todo ese periodo la aplicación y renovación del estado de emergencia fue justificado en el conflicto permanente con Israel, aunque también permitiera reprimir a disidentes y organizaciones islamistas como los Hermanos Musulmanes. Tras firmar la paz con Israel, mantener vigente el estado de emergencia no parecía justificado, pero, en 1981, un atentado yihadista acabó con la vida del presidente Anuar el Sadat, y su sucesor, Hosni Mubarak, decidió hacer de la Ley de Emergencia su herramienta para asegurar el control del país.

Centrado en recuperar la estabilidad interna, Mubarak mantuvo vigente el estado de emergencia durante todo su mandato. Un decreto presidencial de 1981 permitió derivar delitos hasta entonces reservados a tribunales civiles a los tribunales de emergencia, que asumieron la jurisdicción de cualquier asunto que se considerara relacionado con la seguridad del Estado. Este decreto, que además permite detenciones indefinidas sin cargos, transformó a Egipto en un Estado policial donde, con los años, el enemigo del Gobierno ya no era únicamente el terrorista, sino también el disidente. 

Para ampliar: “Egipto e Israel, de enemigos mortales a aliados fieles” Carlos Palomino en El Orden Mundial, 2019

La revolución egipcia contra la Ley de Emergencia 

Durante los treinta años que duró la era Mubarak Egipto vivió bajo un estado de emergencia permanente. En enero de 2011, los egipcios salieron a la calle para pedir más democracia y la caída del régimen, y una sus principales peticiones fue la derogación definitiva de la Ley de Emergencia.

Tras el derrocamiento de Mubarak, asumió el poder el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF). Pese a ser parte de las mismas fuerzas de seguridad que habían ejercido la represión del régimen, el SCAF prometió nuevas elecciones y desactivar el estado de emergencia. Sin embargo, tras una manifestación en septiembre de 2011 que protestaba por la lentitud de los cambios prometidos, un grupo de personas asaltó la embajada de Israel en El Cairo, lo que provocó que el SCAF prorrogara el estado de emergencia. En mayo de 2012, unas semanas antes de la segunda ronda de las elecciones que llevarían a Mohamed Morsi, de la formación islamista Hermanos Musulmanes, a la presidencia, el SCAF cumplió y suspendió el estado de emergencia, que llevaba más de treinta años vigente de manera ininterrumpida.

Pese a que durante los primeros meses del nuevo Gobierno parecía que la Ley de Emergencia era ya cosa del pasado, no transcurriría ni un año hasta que volviera a ser usada nuevamente. El caos generado tras unas jornadas de manifestaciones en contra de Morsi le forzaron a declarar el estado de emergencia en las regiones de Port Said, Ismailía y Suez, aunque solo durante treinta días. Poco tiempo después, en julio de 2013, el presidente del SCAF, el general Abdelfatá al Sisi, arrebató el poder a los Hermanos Musulmanes mediante un golpe de Estado; un año después de llegar al poder, Morsi fue detenido y condenado. El expresidente falleció en 2019 en extrañas circunstancias durante el juicio en el que se le acusaba de espionaje.

Bajo la presidencia de Al Sisi se aprobaría una nueva constitución que recoge algunas de las reclamaciones de 2011, añadiendo una limitación temporal a los estados de emergencia. Durante la época de Mubarak, los estados de emergencia duraban largos periodos y podían llegar a solaparse entre sí. Por el contrario, en la actual legislación el estado de emergencia puede durar como máximo tres meses y debe ser aprobado por una mayoría parlamentaria, aunque puede extenderse hasta otros tres meses con el voto favorable de dos tercios del parlamento. Egipto daba así un paso hacia la normalidad democrática, limitando a casos verdaderamente excepcionales una ley tan restrictiva como la de emergencia. O eso parecía. 

Para ampliar: “Los Hermanos Musulmanes: islamismo más allá de Egipto” Airy Domínguez en El Orden Mundial, 2019

Al Sisi, un militar en el poder

Un doble atentado de Dáesh contra cristianos coptos en abril de 2017 dejó más de cuarenta muertos en Egipto. Como ya sucedió en el pasado, el Gobierno decidió combatir la situación declarando un estado de excepción y aplicando la Ley de Emergencia. Sin embargo, esta vez la ley sí que incluía una limitación temporal que garantizaba que se volvería a la normalidad democrática una vez pasada la crisis.

Según el Índice de Democracia de The Economist, Egipto estaba en 2019 en el puesto número 137 del mundo de un total de 167, clasificado como un régimen autoritario. Fuente: Statista

Tres años después, Egipto continúa en estado de emergencia, y el Gobierno no ha necesitado violar o cambiar la Constitución. La fórmula para extender el estado de emergencia más allá de los seis meses es sencilla: una vez acabado el plazo máximo, dejan pasar unos días y vuelven a declarar un nuevo estado de emergencia. Con un parlamento mayoritariamente favorable a Al Sisi, la votación es un mero trámite. 

Así, el Egipto posrevolucionario ha decidido rescatar viejas costumbres. Pese a que desde 1958 la Ley de Emergencia ha sufrido numerosos cambios, su uso represivo siempre ha ido mucho más allá de los pretextos oficiales de la situación de guerra o la lucha contra el terrorismo. De hecho, el terrorismo en Egipto ha aumentado en los últimos años, lo que demuestra la ineficacia de esta medida. Mientras tanto, según Human Right Watch, solo entre 2013 y 2016 se arrestó o encausó a más de 60.000 personas, y más de 7.000 civiles fueron juzgados en tribunales militares. Además, según Amnistía Internacional, entre 2015 y 2016 desaparecieron de tres a cuatro personas cada día.

Todavía hoy, policía y tribunales egipcios aplican la Ley de Asamblea colonial de 1914 para encarcelar a activistas y disidentes políticos. El sometimiento a la población que ejercían los británicos en Egipto continúa vigente más de cien años después, pero ahora ejercido por la élite político-militar egipcia y a través de un estado de emergencia eterno.

Para ampliar: “Al Sisi frente al nuevo despertar de Egipto” Ismael Nour en El Orden Mundial, 2019