El pasado 1 de julio, el día en el que se cumplían veintitrés años del traspaso de Hong Kong de manos del Reino Unido a la República Popular China en 1997, entró en vigor la controvertida Ley de Seguridad Nacional impuesta a la ciudad por el Partido Comunista Chino (PCCh). Esta nueva ley —sumada a la aprobada en mayo que criminaliza las ofensas al himno chino— es un paso más en el creciente control chino de la excolonia británica, y quizá suponga el fin del modelo “un país, dos sistemas”. Este modelo, acordado entre China y el Reino Unido para el traspaso de la ciudad, otorga a Hong Kong cierta autonomía de China y separación de poderes durante un periodo de cincuenta años: por ley, Hong Kong se mantendría democrático y no se integraría en el sistema socialista chino hasta 2047.
Sin embargo, en adelante la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión serán considerados delitos en la ciudad, y podrán ser procesados en la China continental con penas de hasta cadena perpetua. Acciones como manifestarse a favor de la independencia, dañar instalaciones gubernamentales, conspirar con fuerzas extranjeras para fomentar el odio al PCCh o pedir a otros países que sancionen China son ahora perseguibles, lo que supone un grave recorte en la autonomía de Hong Kong. Las primeras veinticuatro horas desde la imposición de la ley ya dejaron alrededor de 370 arrestados, diez de ellos por violar la nueva legislación.
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