La ONG Freedom House da a Pekín una puntuación de 10 sobre 100 tanto en libertades globales como en internet. China ocupa el puesto 177 de 180 países en cuanto a libertad de prensa, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras. En 2019, la ONU pidió información sobre veinte casos de desaparición forzada ocurridos en China en tan solo un cuatrimestre. Ese mismo año, los archivos filtrados conocidos como los “cables de China” confirmaban la represión sistemática de la minoría china musulmana uigur en la provincia de Xinjiang. A esto se le suman numerosas acusaciones de tortura, detenciones arbitrarias y un sistema de control social cada vez más sofisticado. Además, China es el país que más ejecuciones practica: aunque el Gobierno no publica el número exacto, se estima que son varios miles al año. Kenneth Roth, director de la ONG Human Rights Watch, considera que la represión en China desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2013 es la “más feroz que el país ha visto en décadas”.
Sin embargo, el Gobierno chino publicó en 2018 un libro blanco ensalzando sus progresos en materia de derechos humanos en los últimos cuarenta años. Tan solo un año después, China publicó un documento similar conmemorando su avances en la protección de estos derechos con motivo del septuagésimo aniversario del establecimiento de la República Popular China en 1949. Estas diferencias no solamente suponen una interpretación distinta de la realidad, sino que son dos visiones opuestas sobre lo que son los derechos humanos. En lugar de seguir los pasos marcados por Occidente, China está decidida a proponer un nuevo modelo de derechos humanos a su imagen y semejanza, y cuenta con el apoyo de muchos otros países. Esta ambición pone en peligro la protección de estos derechos a nivel mundial.
La propuesta de China
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