En las primeras tres semanas tras la publicación de los documentos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein, veinticinco millones de personas los han consultado sólo en Jmail, una plataforma que permite leer sus correos como si estuviéramos en su bandeja de entrada. Tiene algo de morboso: es asomarse a la mente de un monstruo, pero también entrar en un mundo aparte. Un mundo de lujo, riqueza e impunidad.
Entre los más de 3,5 millones de documentos de la base de datos del Departamento de Justicia sobre Epstein hay 399 menciones de Ibiza, 1.331 de Mónaco y 1.418 de Bahamas. Pero hay muchas más de las palabras prosecutor (‘fiscal’, 2.123) y settlement (17.344), el término legal que se usa en Estados Unidos para referirse a un acuerdo por el que las partes evitan ir a juicio. Los documentos salpican a figuras políticas y económicas nacionales e internacionales, incluidas las casas reales británica y noruega.
Esos acuerdos son una de las muchas herramientas legales que permitieron a Epstein escapar de las consecuencias de sus actos durante tanto tiempo. Herramientas que están sobre todo al alcance de los más ricos, de los miembros de esa élite que él supo mejor que nadie cultivar, agradar, manipular, estafar y probablemente también chantajear. Así, durante casi toda su vida, desde que era el profesor más popular de un colegio de niños ricos hasta que se colgó en su celda cuatro décadas después.
Aprendiendo el arte de librarse
Jeffrey Epstein no era rico de cuna, era el hijo de un jardinero municipal de Nueva York. Su barrio de Brooklyn quedaba lejos en todos los sentidos del Upper East Side, donde inició sus primeros contactos cuando dejó la universidad a medias para enseñar matemáticas y ciencias en Dalton, una de esas escuelas que presume de que los niños que entran en su guardería acaban en Harvard y Yale. Ubicada a una manzana del Museo Guggenheim frente a Central Park, hoy en día cada curso escolar cuesta más de 57.000 euros.
Es el ambiente social en el que Epstein se movería el resto de su vida como pez en el agua. Un padre de Dalton consiguió que lo contrataran en Wall Street porque creía que como profesor “estaba perdiendo el tiempo”. Entró en el banco de inversión Bear Stearns sin tener experiencia en finanzas, pero por entonces la empresa presumía de fichar empleados “PSD”, las siglas en inglés de ‘pobre, listo y deseoso de hacerse rico’. Epstein, desde luego, tenía las tres siglas.
Bear Stearns cambió la vida de Epstein e, indirectamente, la de sus futuras víctimas. Allí empezó a ganar dinero y a conocer a los que lo tenían de verdad, pero sobre todo desarrolló una habilidad que iba a definir su futuro más que ninguna otra: incumplir las normas una y otra vez sin sufrir ninguna consecuencia. Como profesor de Dalton ya había levantado sospechas por su trato demasiado cercano con las alumnas, pero en cinco años en Bear Stearns rompió muchos más límites.
Primero. Epstein se inventó dos títulos universitarios que no tenía y le pillaron, pero hicieron la vista gorda. Luego le cargó a la empresa el equivalente a unos 40.000 euros de hoy en día en joyas y ropa para una de sus novias, también le pillaron y tampoco pasó nada. Por último, resultó que además le había pasado a esa mujer información privilegiada para que invirtiera en bolsa. Le pusieron una sanción ridícula.
Estados Unidos era y es el país del despido libre. Mantener el empleo después de inventarse un título universitario ya es insólito, pero sobrevivir a un fraude en el que has hecho que tu empleador pague los regalos lujosos que le compras a tu pareja es inaudito. Por cantidades mucho menores hay empleados de banca que han sido procesados y condenados en los tribunales. Asimismo, la distribución de información privilegiada para la compraventa de acciones puede suponer veinte años de prisión en Estados Unidos, pero en ningún caso Epstein fue acusado formalmente.
En vez de eso, Bear Stearns le acabó multado con poco más de 3.000 euros de hoy en día y le suspendió durante dos meses. Para entonces, Epstein estaba ya tan acostumbrado a salirse con la suya que se declaró “profundamente ofendido” por la sanción y renunció. Para entonces ya había hecho algunos de los contactos más importantes de su vida en el mundo de las finanzas y además había aprendido una lección importante: entre los ricos, las reglas funcionan de un modo diferente.
Explotando menores, explotando el sistema judicial
Durante las décadas siguientes, Epstein siguió rompiendo reglas sin sufrir las consecuencias y tal vez esa sensación de impunidad es la que invita a nuevos abusos. El New York Times ha documentado cómo sus fraudes van volviéndose más audaces y costosos: desde el empresario que le denuncia por robarle medio millón en los años ochenta hasta la estafa piramidal de quinientos millones en los noventa. En el primer caso se libró de pagar por una “cuestión técnica”, y en el segundo su antiguo socio fue condenado a veinte años tras declarar ante el juez que Epstein había sido el cerebro del engaño. Epstein no fue imputado.
Nada de esto impide su vertiginoso ascenso social: las fiestas a las que todo Nueva York quiere ir, las visitas a la Casa Blanca de Clinton, las galas benéficas y las donaciones culturales, los viajes a su isla privada… Quizás nadie sospecha: ¿un hombre de negocios que ha sido acusado de fraude? No es nada extraño. El magnate inmobiliario Donald Trump, por entonces uno de sus grandes amigos, fue parte de más de 4.000 demandas judiciales antes de llegar a presidente, según el cálculo que hizo USA Today.
Epstein y el resto de millonarios juegan en un terreno de juego que no es neutral. Su dinero les da acceso a la mejor representación legal en un país con los abogados más caros del mundo. E incluso cuando una víctima podría obtener justicia en un tribunal, siempre está la posibilidad de solucionar el problema discretamente. En Estados Unidos el 95% de las causas no llegan a juicio, sino que acaban en un pacto entre las partes. Epstein aprendió esa lección en los negocios y después la trasladaría a los abusos sexuales.
Hay centenares de acusaciones de esos abusos en la vida de Epstein, algunas ya desde los años ochenta y al menos una chica que tenía trece años a principios de los noventa. Sin embargo, la primera denuncia con resultados concretos sería la de los padres de una niña de catorce años a la que Epstein pagó supuestamente para que le diera un masaje en su mansión de Palm Beach (Florida) en 2005. Tirando de ese hilo, la policía local empezó a recopilar testimonios de otras menores de edad que revelaban un patrón: chicas de hogares en dificultades a las que se les ofrece dinero por un masaje y acaban siendo abusadas.
Ahí entran en acción los abogados de Epstein. Primero un gran jurado decide imputarle un delito de solicitar prostitución, pero los agentes al cargo de la investigación optaron por cedérsela al FBI porque creían que había mucho más. La fiscal federal que recibió el caso y revisó las pruebas estuvo de acuerdo: redactó un borrador de imputación para acusar a Epstein de más de sesenta delitos. Podría haber supuesto su caída, si algo muy extraño no hubiera pasado.
El jefe de esa fiscal se reunió con los abogados de Epstein y llegaron a un acuerdo para no ir a juicio: el millonario se declararía culpable de dos delitos de ‘contratar servicios de prostitución’, incluido uno relacionado con menores, y a cambio la Fiscalía se olvidaría del resto y paralizaría su investigación. El pacto supuso que los fiscales ni siquiera podían comunicar a las víctimas que se cerraba el caso. No hay siquiera una admisión de culpa por violación o por abuso de menores, sino que se afirma implícitamente que las víctimas eran prostitutas.
En 2008 Jeffrey Epstein aceptó dieciocho meses de condena, pero cumplió menos de trece. Lo hizo en una prisión de mínima seguridad, aunque tampoco pasaba mucho tiempo allí porque, en contra de las normas aplicadas hasta entonces, le permitían abandonar la cárcel doce horas al día para trabajar en una fundación que él mismo había creado, “vigilado” por policías fuera de servicio cuyo sueldo pagaba él. En apenas un año estaba de vuelta en casa, bajo un arresto domiciliario cuyas condiciones también incumplía. El fiscal que negoció el acuerdo, Alexander Acosta, sería unos años después secretario de Estado bajo el primer mandato de Trump, aunque tuvo que dimitir cuando se conocieron los términos de aquel acuerdo.
A la rehabilitación por la impunidad
Uno pensaría que, tras su paso por la cárcel y con su nombre en la base de datos federal de delincuentes sexuales, Jeffrey Epstein pasaría a ser un apestado social, pero no. Muchas personas que volvieron a sus fiestas en Nueva York o Palm Beach quizás preferían no saber, pero él no tenía problema en explicarlo: “No soy un depredador sexual”, decía, jugando a la ambigüedad porque se había declarado culpable sólo de solicitar servicios de prostitución, no de abusar de nadie. Muchos de sus amigos tenían suficiente con eso.
Epstein también puso su dinero a funcionar: hacía donaciones a instituciones académicas y científicas que luego recibían alabanzas en artículos que él mismo encargaba, con el objetivo de enterrar las acusaciones de pederastia en los resultados de Google y que sólo apareciera esa parte que le interesa promocionar en su campaña de rehabilitación. En poco tiempo estaba otra vez cenando con estrellas de Hollywood o magnates de Silicon Valley, y su nombre en los tabloides regresaba de las páginas de sucesos a las de sociedad.
En paralelo, Epstein siguió manipulando el sistema judicial: firmó acuerdos secretos para comprar el silencio de otras víctimas a cambio de indemnizaciones y llegó a demandar a algunos de los abogados de estas para dificultar el avance de los casos. Tácticas de intimidación que como las de su primer juicio, cuando su defensa acusó a varias víctimas de haber mentido sobre su edad antes de tener sexo consentido con él, y empleó a detectives para encontrar material “comprometedor” en sus redes sociales que permitiera tildarlas de alcohólicas y drogadictas.
Todo se vino abajo con el nuevo procesamiento y detención de Epstein en 2019, quien se quitaría la vida menos de un mes después. Como murió antes de ser condenado por abusos, ciertos aspectos de su impunidad han continuado: dejó varios herederos y una fortuna de unos 577 millones de dólares, aunque en estos años varias de sus víctimas han conseguido que de ahí se les paguen indemnizaciones. Con todo, el maltrato al que las sometió durante años el sistema no ha cesado del todo. Cuando el Gobierno de Estados Unidos hizo públicos al fin los 3,5 millones de documentos del caso Epstein, se olvidó de anonimizar los nombres de al menos 43 víctimas. El caso empezó con su dolor y con su dolor ha llegado hasta el final.
