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Los retos de la transición en un Sudán sin Al Bashir

Los retos de la transición en un Sudán sin Al Bashir
Cartel de las protestas en Sudán. Fuente: Jeanne Menjoulet (Flickr)

Pocos son los sudaneses que recuerdan un Sudán sin Al Bashir, el hombre que estuvo 30 años al frente del país africano y que por fin se despide del poder para dar paso a un régimen democrático. Los conflictos internos, la galopante inflación y la desconfianza de la comunidad internacional son algunos de los obstáculos que al nuevo Gobierno de transición le tocará hacer frente.

El pasado 5 de septiembre se anunciaba la creación del Gobierno de transición que estará al frente de Sudán durante los próximos tres años y que deberá asegurar la puesta en marcha de un régimen democrático en el maltratado país. Este anuncio llegaba como un soplo de aire fresco tras un convulso verano en las calles y los despachos de Jartum, ya que ni los habitantes del país ni la comunidad internacional terminaban de fiarse del Ejército, responsable de facilitar dicha transición después de que en abril forzara la dimisión del presidente Al Bashir, que gobernaba el país de forma autoritaria. 

Omar Hasán Ahmad al Bashir, ex brigadier del Ejército sudanés, llegó al poder en 1989 con un golpe de Estado y en plena segunda guerra civil sudanesa (1983-2003), cuando el norte se enfrentaba con el ahora independiente sur. Durante su mandato, la guerra entre el norte y el sur  fue sucedida por el sangriento conflicto de Darfur, que dio inicio en el 2003 y que hoy sigue sin resolverse. A éste le siguieron los enfrentamientos con las regiones de Kordofán del Sur, Nilo Azul y Abyei, que, al igual que Darfur y Sudán del Sur, también eran víctimas de la marginación y expoliación por parte del Gobierno central. 

La guerra no fue el único mal que acompañó al mandato de Al Bashir. Su Gobierno era favorable a la creación de un Estado basado en la sharía, y llegó a dar cobijo a los terroristas Bin Laden y Carlos el Chacal, ambos buscados internacionalmente. Eso provocó el aislamiento del país y permitió que movimientos terroristas y grupos criminales camparan a sus anchas por el territorio sudanés.  Las comunidades cristianas y animistas, así como otras minorías étnicas y religiosas, sufren de manera más rotunda las consecuencias de la guerra y el terrorismo, pero también de la crisis económica. Las sanciones internacionales, las sequías y el abandono, destrucción y reparto desigual de la tierra han llevado a una situación de inflación y déficit de productos básicos prácticamente estructural en el país, lo que se traduce en un Sudán a la cola de casi cualquier indicador macroeconómico. 

Es precisamente la pésima situación económica la que lleva al estallido de las protestas en Atbara en diciembre de 2018 y que se extiende por el resto del país con el nombre de “las revueltas del pan”, movilizaciones cada vez más violentas que acaban por provocar la dimisión  forzada del presidente el 11 de abril de 2019. 

No obstante, si algo ha demostrado Sudán es que después de la tormenta no siempre llega la calma. El hecho de que la transición a la democracia dependiera del Ejército, los mismos que habían compartido el poder con Al Bashir durante 30 años, no terminaba de contentar a los manifestantes ni a la comunidad internacional. El clima de violencia que se vivía en Sudán no era el de una transición a la democracia, sino el de un golpe de Estado. Como resultado de ello, empezaron a llegar presiones internacionales. En junio, la Unión Africana suspendió a Sudán hasta que el Ejército cediera el poder a los civiles, y Arabia Saudí —importante aliado del país— insistió en la urgencia de poner freno a la violencia y acelerar el camino a la democracia

Las movilizaciones populares y las presiones internacionales acabaron por impulsar en agosto de este año una nueva Constitución y el Acuerdo para la Transición Democrática, que, a grandes rasgos, prevé que el Ejército y la oposición compartan el poder hasta la celebración de elecciones. Tras disolverse la Junta Militar que gobernaba desde tiempos de Al Bashir, el país ha pasado a ser dirigido por un Consejo Soberano formado por cinco civiles y cinco militares, así como un Consejo de Ministros y un Consejo Parlamentario, todos ellos órganos de transición que tienen el mandato de convertir a Sudán en una democracia parlamentaria no centralizada. 

Para ampliar: Más allá de Darfur: las guerras olvidadas de Sudán”, Juan Bautista Cartes en El Orden Mundial, 2018

El camino por recorrer del nuevo régimen sudanés 

La formación del Gobierno de transición, paso obligatorio tras la firma del Acuerdo, no ha estado exento de foco mediático, puesto que la elección de las personalidades que de él forman parte tiene un marcado carácter simbólico y es, en sí misma, una declaración de intenciones. 

El ya primer ministro, Abdalá Hamdok, es un reputado economista que, entre otros cargos, ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África, lo que en cierta medida supone un guiño para la comunidad internacional y deja claro que la prioridad del nuevo Gobierno va ser la reconstrucción económica del país. Entre los dieciocho miembros que conforman el Consejo de Ministros destaca Asmá Abdalá, primera mujer al frente del Ministerio de Exteriores, e Ibrahim Elbadaui —execonomista del Banco Mundial— como Ministro de Finanzas, lo que vuelve a ser un mensaje tranquilizador de cara al exterior y permite adivinar el camino que va a tomar la política económica. En términos generales, el nuevo Gobierno respira un carácter conciliador, del que forman parte líderes de la oposición a Al Bashir —como Madani Abás Madani al frente de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio— y miembros del Ejército, ahora al frente de las carteras de Defensa e Interior. Como puntos débiles, el Gobierno sigue sin albergar a líderes de las regiones en conflicto y, aunque el Parlamento ha de acoger al menos a un 40% de presencia femenina, solo cuatro de los dieciocho ministros son mujeres.

Del nuevo Ejecutivo puede deducirse claramente que la prioridad va a ser resolver el causante directo de la caída de Al Bashir: el pan, o mejor dicho, su escasez. Por la formación neoliberal y los antecedentes laborales de Hamdok y Elbadaui las líneas de la recuperación económica de Sudán parecen apuntar hacia el FMI y el Banco Mundial y, aunque la deuda pública suele resolverse en estas instituciones a golpe de austeridad, Elbadaui apuntaba más bien a un “mini Plan Marshall”, en referencia al conocido plan para recuperar Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Sea cual sea el camino elegido, parece que las voces de Washington tendrán más protagonismo que las de Jartum.

Para ampliar: “¿Quién o cómo se gobiernan el FMI y el Banco Mundial?”, El Orden Mundial, 2019

El conflicto civil sudanés es una de las guerras más largas todavía activas.

El otro gran reto va a ser, sin duda alguna, la paz, para lo que será fundamental renegociar los acuerdos de 2005 con las regiones del sur, así como atender a las reivindicaciones de autogobierno de Darfur, ambas problemáticas muy complejas y de las que el nuevo Gobierno todavía no ha hecho grandes adelantos. Lo internacional deberá tener también un papel central para el recién estrenado Ejecutivo, que habrá de empezar por sacar a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo de la ONU y, en definitiva, romper el aislamiento que ha caracterizado al país en los años de Al Bashir. En principio, el nuevo régimen cuenta con el apoyo de la Unión Africana —que ya ha retirado su suspensión como Estado miembro—, así como el de Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes. Los próximos movimientos del nuevo Gobierno, enfocados también a iniciar las conversaciones de paz con los rebeldes, determinarán si el país se gana definitivamente el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos, lo cual será clave para legitimar la transición política.  

Tantas cosas quedan por resolver en el convulso país que el futuro del dictador ha pasado a un segundo plano. Hoy, Omar al Bashir, se enfrenta a un juicio por corrupción y sobre él siguen pesando dos órdenes de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Darfur. Sin embargo, las posibilidades de que sea extraditado parecen bastante remotas mientras los militares sigan formando parte del Gobierno. Mientras tanto, el pueblo sudanés intenta mirar hacia delante y, aunque no será fácil sobreponerse a 30 años de crisis económica, guerra y aislamiento, por fin las calles de Jartum respiran un poco de paz.

Para ampliar: “Pasado oscuro, futuro incierto: el Sudán de Al Bashir”, Luis Martínez en El Orden Mundial, 2019