La muerte de un presidente de Estados Unidos en el ejercicio de su cargo es un escenario que ya contemplaron los padres fundadores, quienes lo recogieron en la Constitución. El artículo 2 prevé que ante la muerte, renuncia o incapacidad del presidente, el vicepresidente ocupará la presidencia hasta las siguientes elecciones. La pregunta ha vuelto ante el tercer intento de asesinato contra Donald Trump durante la cena de correponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril. Los dos anteriores habían tenido lugar en julio (con Trump saliendo herido) y septiembre de 2024, en plena campaña electoral.
La sucesión presidencial en Estados Unidos se ha puesto en marcha nueve veces: cuatro por asesinato, cuatro por muertes a raíz de enfermedades y una por renuncia del presidente. Los asesinatos más conocidos fueron los de Abraham Lincoln en 1865, sucedido por Andrew Johnson, y John F. Kennedy en 1963, sucedido por Lyndon B. Johnson. Por su parte, Harry Truman llegó a la presidencia en 1945 tras la muerte de Franklin D. Roosevelt, y Gerald Ford sucedió a Richard Nixon tras su renuncia en 1974 por el escándalo Watergate.
Sin embargo, este sencillo mecanismo dejó sin resolver ciertas ambigüedades que generarían problemas, como el propio Truman puso de manifiesto a su llegada al poder. No estaba definido qué se consideraba incapacidad del presidente, ni tampoco si su sucesor ocupaba la presidencia en funciones o, por el contrario, se convertía en un presidente de pleno derecho con capacidad de nombrar a su propio vicepresidente. Además, aunque está prevista una línea de sucesión por si el vicepresidente tampoco pudiera asumir el cargo, se ha cambiado varias veces.
La línea de sucesión si muere el presidente de Estados Unidos
La línea de sucesión actual se estableció con una reforma aprobada en 1947, durante el mandato de Truman. Después del vicepresidente, hoy en día J. D. Vance, la sucesión continúa con el presidente de la Cámara de Representantes, ahora el republicano Mike Johnson, y, después, por el presidente pro tempore del Senado, hoy el también republicano Chuck Grassley. Si todos ellos renuncian, mueren o quedan inhabilitados para el cargo, la sucesión recaería sobre los miembros del Gabinete presidencial, empezando por quien dirija el departamento de creación más antigua, la Secretaría de Estado, dirigido por Marco Rubio, hasta el más reciente, la Secretaría de Seguridad Nacional, encabezado por Markwayne Mullin.
Las otras dos cuestiones se solucionaron con la XXV Enmienda de la Constitución, que estableció que el vicepresidente asumiría la presidencia de pleno derecho, y no en funciones, e implantó un sistema para declarar la incapacidad del presidente. Esta enmienda fue aprobada por el Congreso en 1965 y ratificada en 1967, después de que el asesinato de Kennedy confirmara la necesidad de aclarar los procesos de sucesión.
Dado que ocupa el cargo de pleno derecho, un presidente que haya accedido al cargo tras la muerte o incapacidad de su antecesor podría presentarse a la reelección. La XXII Enmienda de 1947, que establece la limitación de dos mandatos presidenciales, prohíbe que un presidente que haya ocupado el cargo durante dos años o más del mandato de su antecesor sea elegido más de una vez. Por el contrario, si ha ocupado menos de dos años, se le aplica el límite habitual y podrá ser elegido para dos mandatos más.
La única ambigüedad que queda sin resolver es qué representa una incapacidad del presidente y qué no. El propio presidente puede declararse incapaz comunicándolo por escrito a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Fue el caso en 1985, cuando el vicepresidente George W. H. Bush ocupó la presidencia por unas horas mientras Ronald Reagan se sometía a una operación quirúrgica. La incapacidad también puede declararse con el voto favorable del vicepresidente y la mayoría del gabinete presidencial cuando el presidente fuera incapaz de gobernar pero no quisiera o pudiera renunciar, por ejemplo porque tuviera demencia o estuviera en coma. Si la incapacidad se resuelve, los mismos dos mecanismos sirven para que el presidente retome su cargo. Con todo, nada en la ley obliga a un presidente a abandonar el poder o a su gabinete a declararle incapaz aunque esté sufriendo una grave enfermedad.
