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El genocidio de Ruanda en 1994 fue el asesinato de 800.000 personas, la mayoría de etnia tutsi, alentado por los dirigentes hutus. Además, otras dos millones de personas huyeron y 250.000 mujeres fueron violadas. Los conflictos sociales en Ruanda se habían gestado en el siglo XIX, cuando era una monarquía. Al rey lo respaldaba una administración de funcionarios de la etnia tutsi. Pese a ser minoría, los tutsis ocupaban los cargos principales y tenían la propiedad de las tierras y del ganado. Esta jerarquía relegaba a la mayoría hutu, y la llegada de los colonos europeos en 1894 reforzó las diferencias.
Sin apenas resistencia, Ruanda pasó a formar parte de la África Oriental Alemana junto a Burundi, una monarquía vecina también controlada por tutsis. Tras la Primera Guerra Mundial, ambos territorios pasaron a conformar Ruanda-Urundi, un territorio administrado por Bélgica bajo mandato de la Sociedad de Naciones. La administración belga favoreció a la minoría tutsi y consolidó las estructuras de poder. Los tutsis, de hecho, lo aprovecharon para reafirmar su superioridad con tarjetas de identificación racial.
De la supremacía tutsi a la insurrección hutu
Las disputas étnicas se exacerbaron después de la Segunda Guerra Mundial. La difusión del panafricanismo y el impulso de la descolonización por el continente levantaron a los hutus contra la autoridad tutsi. A ello también contribuyó el cambio de posición de los colonos belgas y de la Iglesia católica, que veían en ellos una etnia más dócil para negociar la emancipación.
Las hostilidades desencadenaron la Revolución ruandesa de 1959, por la que los campesinos hutus atacaron las propiedades tutsis y forzaron la huida del rey Kigeli V. La rebelión provocó el exilio de 130.000 tutsis, lo que redujo aún más su representación en la sociedad ruandesa, y la independencia de Ruanda y Burundi en 1962 llevó a los hutus al poder en la capital, Kigali. El Partido del Movimiento de Emancipación Hutu cosechó una victoria arrolladora en las primeras elecciones democráticas, lo que supuso la llegada de Grégoire Kayibanda a la presidencia. Durante once años, la represión asesinó a cerca de 10.000 tutsis.
La violencia alentada por Kayibanda motivó el golpe de Estado del general Juvénal Habyarimana en 1973. Habyarimana, un hutu moderado, pretendía promover la convivencia pacífica entre los ruandeses. Sin embargo, la situación de los tutsis apenas cambió con su dictadura. La crisis económica desde los años ochenta debilitó al régimen, lo que guerrilleros del Frente Patriótico Ruandés (FPR) aprovecharon en 1990 para penetrar desde Uganda. Habyarimana contuvo la ofensiva gracias a la ayuda de Francia. A cambio, París le obligó a firmar los Acuerdos de Arusha de 1993. Este pacto, que buscaba poner fin a la guerra civil ruandesa, establecía el retorno de los exiliados tutsis y la integración del FPR en un Gobierno de transición.
El genocidio de Ruanda: un exterminio para conservar el poder
Las condiciones fijadas en Arusha eran inasumibles para los extremistas hutus presentes en el Gobierno. Temerosos de perder su hegemonía, los dirigentes del Poder Hutu alentaron matanzas contra los tutsis. Las tensiones alcanzaron su punto álgido el 6 de abril de 1994, cuando el avión que transportaba al presidente Habyarimana y a su homólogo de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue derribado a su llegada a Kigali. Pese a que su autoría nunca se esclareció, el Ejecutivo culpó al FPR por el atentado. Con todo, la muerte de Habyrimana aceleró un genocidio que comenzaría el día siguiente.
Durante al menos cien días fueron exterminadas unas 800.000 personas, la mayoría tutsis, guerrilleros de las milicias hutus violaron a 250.000 mujeres y dos millones de personas huyeron del país. La violencia precipitó la evacuación de los cascos azules de la Unamir, la misión de Naciones Unidas que había aterrizado en el país en 1993. En julio de 1994, el FPR llegó a Kigali y reemplazó el Ejecutivo hutu por un Gobierno de unidad nacional. De este modo, concluía el genocidio que exterminó al 75% de la población tutsi en Ruanda. Meses más tarde, la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda para juzgar los crímenes. 61 personas fueron declaradas culpables en las primeras condenas por genocidio de la historia.