Colombia está inmersa en una crisis política generada por un caso de violencia policial. Dos policías asesinaron al abogado Javier Ordóñez en Bogotá en la noche del 8 al 9 de septiembre dándole más de diez descargas con pistolas eléctricas. Los vídeos grabados por varios testigos se viralizaron rápidamente, provocando los mayores disturbios que recordaba la capital colombiana en años. Desde entonces, las protestas se han saldado con trece muertes más, decenas de heridos de bala y centenares de hospitalizados. Todo ello ha agravado el descrédito de la Policía Nacional, una fuerza policial militarizada que sigue un patrón cada vez más generalizado en Colombia: el uso indiscriminado de la violencia.
Con todo, Bogotá solo supone una pequeña fracción de la realidad de Colombia. En la periferia del país la situación no es mejor. Son constantes las masacres, en especial contra jóvenes o líderes sociales. El Estado no siempre es responsable de estos asesinatos, aunque sí de haber abandonado estas zonas, que están bajo control de grupos armados independientes. Cuatro años después de la firma de la paz con la guerrilla más importante del país, las FARC, en 2016, el Gobierno no controla todo el territorio y la violencia se extiende.
La violencia policial, el detonante de las protestas
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