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Qué hay detrás de las protestas contra la brutalidad policial en Colombia

Qué hay detrás de las protestas contra la brutalidad policial en Colombia
Fuente: elaboración propia.

Un nuevo caso de abuso policial ha encendido las protestas en Colombia. Los manifestantes cuestionan la actuación de la militarizada Policía Nacional, pero esa es solo una de las caras de una crisis de violencia en la que el país está inmerso desde hace años. Las calles y la oposición acusan al Gobierno y a su presidente, Iván Duque, de ser responsables por la falta de reformas en la policía y la inacción del Estado ante los grupos armados.

Colombia está inmersa en una crisis política generada por un caso de violencia policial. Dos policías asesinaron al abogado Javier Ordóñez en Bogotá en la noche del 8 al 9 de septiembre dándole más de diez descargas con pistolas eléctricas. Los vídeos grabados por varios testigos se viralizaron rápidamente, provocando los mayores disturbios que recordaba la capital colombiana en años. Desde entonces, las protestas se han saldado con trece muertes más, decenas de heridos de bala y centenares de hospitalizados. Todo ello ha agravado el descrédito de la Policía Nacional, una fuerza policial militarizada que sigue un patrón cada vez más generalizado en Colombia: el uso indiscriminado de la violencia.   

Con todo, Bogotá solo supone una pequeña fracción de la realidad de Colombia. En la periferia del país la situación no es mejor. Son constantes las masacres, en especial contra jóvenes o líderes sociales. El Estado no siempre es responsable de estos asesinatos, aunque sí de haber abandonado estas zonas, que están bajo control de grupos armados independientes. Cuatro años después de la firma de la paz con la guerrilla más importante del país, las FARC, en 2016, el Gobierno no controla todo el territorio y la violencia se extiende.

La violencia policial, el detonante de las protestas

Las protestas que sacuden Colombia desde el 9 de septiembre tienen nombre propio: Javier Ordóñez. Este abogado de 44 años del distrito de Engativá, uno de los más humildes de Bogotá, murió asesinado a manos de la policía tras recibir más de una decena de descargas con pistolas eléctricas. Los agentes le detuvieron, según la versión oficial, tras encontrarle comprando alcohol a medianoche contraviniendo las restricciones sanitarias, que prohíben las reuniones y el consumo de alcohol en espacios públicos. Sus súplicas mientras sufría las descargas dieron la vuelta a Colombia en menos de veinticuatro horas gracias a los vídeos que grabaron varios testigos. La noche siguiente, la indignación popular en Bogotá estalló. 

Desde Navidad y durante la cuarentena de más de cinco meses impuesta por el Gobierno, las movilizaciones se habían mantenido en una especie de hibernación, pero ahora han paralizado la capital. En unas horas, casi un tercio de los CAI de Bogotá —pequeñas comisarías de barrio en Colombia— fueron destruidos o carbonizados. La policía respondió con más violencia, usando fuego real de forma indiscriminada contra la población, dejando trece muertos más y cientos de heridos, 75 de ellos por bala. 

La indignación popular y la respuesta de la policía demuestran que la crisis actual no se puede explicar solo por el asesinato de Ordóñez. El problema de la violencia policial en Colombia viene de mucho antes, y aunque hacía décadas que no se veían protestas como estas, ha habido otros casos similares de abuso policial. En los últimos dieciocho meses se han abierto 1.924 procesos disciplinarios contra policías a nivel nacional y se ha sancionado a 276 de ellos por abusos. 

El contexto de la pandemia también ayudó. Durante estos meses, los barrios más pobres han sido los más golpeados por el virus y las consecuencias económicas de la pandemia. Muchos de sus ciudadanos viven de trabajos informales, y sin casi ayudas estatales han sufrido hambre y una sensación de abandono por parte de las autoridades. El desempleo ronda el 20%. A eso hay que sumar el papel de la Policía Nacional, que durante la cuarentena ha impuesto una disciplina callejera nunca vista antes y ha atacado a comerciantes que intentaban salir de sus casas para subsistir. Todo ello creó el caldo de cultivo perfecto para la explosión social tras la muerte de Ordóñez. Pero pese al contexto y los antecedentes, esta respuesta de la policía ha sido especialmente dura. Todavía no se sabe quién ordenó usar armas de fuego contra personas desarmadas o que a lo sumo llevaban palos y piedras.

La acción policial ha abierto una crisis política entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional. La alcaldesa de la capital, la centrista Claudia López, ha sido una de las voces más críticas contra la violencia policial. López ha exigido al Gobierno que saque a la policía armada de la ciudad y que reestructure el cuerpo, rechazando cualquier responsabilidad en lo sucedido. El Gobierno, por el contrario, señala que corresponde a la alcaldesa controlar a la Policía Nacional en Bogotá. Es así sobre el papel, pero no tanto en la práctica: la policía tiene a obedecer más al Gobierno que a las alcaldías, en especial si no hay buena sintonía entre ambas administraciones. Y la ruptura entre el presidente, el conservador Ivan Duque, y Claudia López es total; Duque considera a la alcaldesa una de sus mayores rivales políticas

Una policía militarizada heredera del conflicto

No es la primera vez que la controversia salpica a la Policía Nacional colombiana. Durante la huelga de noviembre de 2019 se criticó a los antidisturbios después de que su respuesta a las marchas dejara tres muertos y más de 250 heridos. Ahora, la izquierda y el centro político colombianos proponen una reforma del cuerpo al completo para evitar más asesinatos. La Policía ha pedido perdón, pero desde el Gobierno sostienen que los abusos son culpa solamente de unas “manzanas podridas”. El Ejecutivo también ha prometido que modernizará del cuerpo y castigará a los culpables, pero las sanciones suelen ser laxas y llegar tarde por la protección de la que gozan los policías. 

La Policía Nacional tiene funciones de cuerpo de seguridad civil, pero no lo es. Se rige por códigos militares y depende del Ministerio de Defensa. Los agentes responden ante un tribunal militar que no está compuesto por jueces, sino por funcionarios que en muchos casos pertenecieron antes al Ejército o a la propia Policía Nacional. Además, los agentes carecen de preparación específica para actuar ante protestas urbanas. Su entrenamiento está destinado a luchar contra guerrillas o cárteles del narcotráfico, no a gestionar una manifestación. La explicación de la militarización policial está en el conflicto armado que Colombia lleva sufriendo cinco décadas. A menudo el Gobierno utilizó a la Policía Nacional para combatir a grupos armados, lo que obligó a imponer una disciplina férrea en el cuerpo y a darles armamento militar

Colombia es uno de los países de América que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar. Una parte de este gasto va destinado a la Policía Nacional. 

Por si fuera poco, el código policial se actualizó en 2017 para dar más poder y herramientas a los agentes. Organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz sostienen que la actualización ha fomentado los abusos de poder. El diálogo entre las filas de este cuerpo no es habitual y la idea de que la policía debe usar su autoridad para imponer la ley está bastante extendida. En los últimos años, esto ha aumentado la desconfianza entre el ciudadano y el agente. Solo el 40% de la población tenía una imagen favorable de la Policía Nacional en junio de 2020, datos muy bajos comparados con los de años anteriores. 

Para ampliar: Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina. Fundación Ideas para la Paz, 2019 

La violencia en el resto del país sigue en aumento

Pero en Colombia la violencia no solo la ejerce el Estado, que ni siquiera está presente en muchas partes del país. Fuera de las zonas más urbanizadas el control lo tienen grupos paramilitares, guerrillas disidentes o narcos. Aunque en este aspecto el Estado no es responsable directo de todos los asesinatos, sí está implicado al no ser capaz de controlar todo el territorio, y eso también ha sido otro de los motivos de las protestas actuales. 

La violencia en la periferia de Colombia va en ascenso desde que Iván Duque, que criticó el proceso de paz impulsado por su antecesor, llegó a la presidencia en 2018. La ONU ya advirtió de que 2019 había sido especialmente violento en Colombia, registrando una alta tasa de homicidios y 36 masacres, el término usado en el país para describir el asesinato de varias personas. Pero en lo que va de 2020 ya se cuentan 55 masacres, 56 si se incluyen las trece muertes de las últimas protestas. Colombia está volviendo a cifras de homicidios previas a la firma de la paz entre el Gobierno y las FARC en 2016. 

Masacres cometidas en Colombia por meses desde enero de 2020. En agosto se contaron once, el número más alto hasta la fecha este año. Fuente: Marta Moya Domínguez con datos de INDEPAZ.

Se estima que hasta 218 personas han perdido la vida en esas masacres, pero sigue siendo un misterio quiénes son los responsables de la mayoría de ellas. El Gobierno sostiene que son grupos relacionados con el narcotráfico y evita usar el término “masacre”, que remite a la etapa más cruda del conflicto colombiano, cambiándolo por “homicidios colectivos”. Sin embargo, algunas organizaciones atribuyen parte de la responsabilidad al Gobierno y consideran que trata de restar importancia a las muertes con el cambio de términos. Por si fuera poco, esta última crisis llega pocas semanas después de que el expresidente Álvaro Uribe fuera detenido por un caso en el que se le relaciona con grupos paramilitares. Uribe, líder de la derecha colombiana y también muy crítico con el proceso de paz, fue el mentor de Iván Duque, y el actual presidente ha sido muy contundente en defender su inocencia.

Si 2020 ha sido un año violento, el mes más grave ha sido agosto, la antesala de las protestas actuales. Solo en ese mes fallecieron 47 personas en todo el país, tantas como en el primer semestre del año. Los puntos distantes de la geografía colombiana en los que se producen estos asesinatos tienen algo en común: el Estado no ha ocupado el espacio que dejó las FARC tras su desarme en 2016. Ahora distintas facciones armadas y narcos se disputan esas regiones, y para controlarlas no dudan en usar la violencia contra cualquiera que trate de impedírselo, especialmente jóvenes y líderes sociales, que concentran las mayores ansias de cambio

El próximo 26 de septiembre se cumplirán cuatro años de la firma de la paz entre el Gobierno y las FARC. Este acuerdo trajo esperanza a un país que lleva más de medio siglo desangrándose en conflictos internos. Entonces la violencia se redujo significativamente, pero desde 2018 ha vuelto a repuntar ante la falta de cambios estructurales. El Estado tiene una responsabilidad directa e indirecta en este fracaso. No se ha adaptado al proceso de paz reformando cuerpos como la Policía Nacional, que siguen actuando como durante los peores años del conflicto. Y no ha conseguido controlar los territorios cedidos por la guerrilla, permitiendo que otros grupos se instalen en ellos. Los colombianos protestan contra la violencia en un país demasiado acostumbrado al terror y el asesinato impune.