Por qué los impuestos a los beneficios de las eléctricas pueden no ser tan buena idea

“Codicia grotesca”. El secretario general de la ONU, António Guterres, fue claro al referirse a los beneficios que están obteniendo las empresas petroleras y gasistas en plena crisis energética. La Agencia Internacional de la Energía estima que estos "beneficios caídos del cielo" podrían alcanzar los 200.000 millones de euros en la Unión Europea este año. La estadounidense Exxon ya ha triplicado sus beneficios en el primer semestre, British Petroleum ha registrado sus mayores ganancias en los últimos catorce años y la francesa Total Energies ha superado su récord de 2021. En España, las energéticas han incrementado sus ganancias entre un 20 y un 40% respecto a 2020.
Mientras crece la indignación entre ciudadanos que acusan a las energéticas de desangrar a las familias, Guterres ha llamado a los Gobiernos a gravar estos beneficios y destinar lo recaudado a los más vulnerables y a salvar el planeta. Pero no es tan sencillo. Estos impuestos deben hacer frente a dos grandes retos: problemas de diseño y compatibilidad con otras normas que impiden aplicarlos, y repercusiones sobre la inversión que podrían lastrar la transición ecológica.
Italia, Rumanía, Reino Unido… Cada uno a su manera
En un contexto de inflación en el que se les pide a los ciudadanos ahorrar energía, numerosos Gobiernos quieren gravar estos beneficios caídos del cielo para apoyar políticas contra la pobreza energética. Incluso la Comisión Europea lo ve con buenos ojos y propone aplicarles impuestos temporales. Italia, por ejemplo, ha decidido gravar con un tipo del 25% los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas en comparación con el año pasado. La ministra de Energía de Bélgica ha anunciado su intención de introducir el mismo impuesto a las compañías que hubieran aumentado sus beneficios en más de 100.000 euros y en más del 10% en un año, en todo caso después de análisis trimestrales.

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Rumanía, en ...