La región de Tigray, al norte de Etiopía, se enfrenta a la crisis alimentaria más grave del mundo. Se trata de una emergencia cada vez mayor, con casi 400.000 personas amenazadas por una hambruna que el hombre ha provocado casi en su totalidad: el Gobierno está utilizando el hambre como arma de guerra, y no es la primera vez.
Hace casi un año que el primer ministro etíope y nobel de la Paz 2019, Abiy Ahmed, lanzó una operación para “imponer la ley” contra el Gobierno de Tigray, al que acusó de rebelión. Los crímenes de guerra han marcado el conflicto desde el principio. A finales de 2020, por ejemplo, tropas eritreas y etíopes asesinaron a cientos de civiles, en su mayoría hombres y niños, en la ciudad de Axum. A algunos los pusieron en fila y les dispararon por la espalda. Otros fueron abatidos a la salida de la iglesia o en la cama de un hospital.
Estos crímenes, sin embargo, se han visto eclipsados por el intento del Gobierno etíope de matar de hambre a sus propios ciudadanos. Las fuerzas gubernamentales han sometido a Tigray a un bloqueo cada vez más restrictivo. Desde julio de este año, la región solo ha recibido una parte de la ayuda alimentaria necesaria para mantener con vida a sus seis millones de habitantes, apenas combustible y ningún suministro médico. Más de cinco millones de personas no tienen suficiente para comer y casi 400.000 de ellas se enfrentan a lo que las agencias humanitarias llaman hambre “catastrófica”, el último paso hacia la inanición masiva. Los trabajadores humanitarios lo comparan con la hambruna que sufrió el país en los años ochenta, en la que murieron entre 400.000 y 700.000 personas.
¿Una hambruna “cíclica”?
No es la primera vez, pues, que en Etiopía se usa el hambre como arma política. Aunque las sequías, las plagas de langostas o la pandemia de la covid-19 han contribuido a la escasez de alimentos, estos factores no son la causa principal de las hambrunas en el país. Muchas han sido resultado de cómo se libraron las guerras civiles. A veces, se confiscaban almacenes de alimentos para abastecer ejércitos de decenas de miles de soldados. En otros casos, se requisaba el ganado y las cosechas como estrategia militar. Estas medidas degradan a las comunidades y las hacen vulnerables cuando llega una sequía.
En los años ochenta, imágenes de personas demacradas, temblando de frío y hambre, coparon los informativos de todo el mundo. La primera hambruna televisada en directo fue descrita como una “catástrofe bíblica” por un periodista de la BBC, que despojaba así al Gobierno etíope de cualquier responsabilidad e intención política. Entre las zonas más afectadas estaban las regiones rebeldes de Tigray y Wollo. Después de quemar graneros y destruir cosechas, el Ejecutivo implementó un programa de “desplazamiento voluntario” para trasladar a cientos de miles de personas de ambas regiones a zonas despobladas del sur del país. Muchas de ellas murieron de inanición durante el viaje.
El Gobierno utilizó la hambruna para socavar los sistemas tradicionales de producción agrícola en el norte y el suroeste, destruyendo así la cohesión social de los grupos étnicos de ambas zonas. En esa ocasión, la comunidad internacional, abrumada por las imágenes en directo, compró el discurso de catástrofe natural y siguió colaborando con el Gobierno. La dependencia del Estado que el Ejecutivo intentaba crear solo era posible mientras hubiese ayuda internacional. Y la hubo, sin sancionar a los responsables de la tragedia. Ahora, en cambio, la comunidad internacional está tomando posición de denuncia ante una perpetuación de la hambruna y de la impunidad que parecen repetirse.
Bloqueo humanitario y expulsión internacional
El Gobierno etíope anunció un alto el fuego unilateral el 28 de junio tras sufrir graves pérdidas en el campo de batalla. Desde entonces, sin embargo, las autoridades también han bloqueado el paso de los convoyes de ayuda humanitaria a Tigray, al tiempo que han cortado la electricidad, las telecomunicaciones, los servicios bancarios y el comercio. En respuesta, el grupo rebelde de Tigray lanzó una ofensiva para romper el bloqueo y presionar al Gobierno con el fin de que aceptara sus condiciones de alto el fuego. Esas exigencias ahora incluyen una administración de transición que obligue a Ahmed a abandonar el poder.
La ONU, por su parte, ha avisado que la hambruna actual es una de las peores de la década y que el 90% de la población de Tigray necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. Junto con varias ONG, Naciones Unidas denuncia que el Gobierno de Etiopía está bloqueando el movimiento de suministros críticos, como medicinas, alimentos y combustible, y que solo permite la entrada de un 10% de los suministros humanitarios necesarios. Entretanto, Adís Abeba niega que sus fuerzas estén obstaculizando ayuda humanitaria a zonas rebeldes o contribuyendo a la hambruna. Y, de hecho, afirma que no hay ninguna crisis de hambre.
Pero el Gobierno etíope va más allá para acallar la opinión internacional: ha acusado a funcionarios y cooperantes de colaborar con los rebeldes y diseminar información falsa, suspendiendo sus actividades y hasta expulsándolos del país. Mientras la ONU negaba las acusaciones de que las organizaciones humanitarias estén contrabandeando armas a los rebeldes, el Ministerio de Asuntos Exteriores etíope anunció el pasado 30 de septiembre que expulsaría a siete de sus funcionarios. Esta expulsión se hizo pública dos días después de que el jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) expresara su preocupación por la hambruna en Tigray, y el mismo día en que OCHA publicó un informe que constataba que el 79% de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en la región están desnutridas. Los programas de ayuda de otras grandes ONG como Médicos Sin Fronteras habían sido suspendidos a finales de verano.
Las medidas extremas de Ahmed ante las denuncias de la situación en Tigray buscan silenciar a quienes quieren hablar sobre la hambruna y crímenes de guerra, sea la ONU, las ONG o incluso medios de comunicación, a los que se ha dificultado el acceso a poblaciones en riesgo. Además, en estas circunstancias la percepción de neutralidad en zonas de conflicto es difícil de mantener, lo que complica la labor humanitaria. Si una de las partes asocia a estas organizaciones con el enemigo, desaparece cualquier obstáculo moral para atacarlas: en verano de 2021, trece cooperantes fueron asesinados.
Nada nuevo bajo el sol
El mensaje del Gobierno es claro: si las organizaciones de ayuda humanitaria quieren continuar con sus programas, especialmente en Tigray, tendrán que guardar silencio o serán expulsadas. La misma situación y chantaje que en hambrunas anteriores. La situación actual es aún más grave teniendo en cuenta el precedente de los años ochenta, cuando gran parte de la comunidad internacional calló y colaboró con el Ejecutivo, contribuyendo a alargar la hambruna.
El primer ministro Ahmed parece cada vez más paranoico y errático, y la reciente declaración de estado de emergencia, así como la intención de los rebeldes de Tigray de marchar hacia la capital, no parecen indicar una desescalada. Cientos de miles y hasta millones de civiles, como consecuencia, parecen abocados a que el Gobierno etíope vuelva a matar de hambre a sus propios ciudadanos. Si la comunidad internacional no reacciona, quedará otra vez de brazos cruzados ante una masacre evitable.
