Hachalu Hundessa circulaba por Adís Abeba, la capital de Etiopía, la noche del 29 de junio cuando dos personas asaltaron el coche y le dispararon. Hundessa murió en el acto y su muerte provocó la de al menos 239 personas más en poco más de una semana de protestas en la provincia de Oromia y en la capital. Hundessa era un cantante muy querido entre su etnia, la oromo, y sus letras estaban cargadas de mensajes políticos de apoyo a los derechos de su comunidad. Había sido condenado a cinco años de prisión en 2003, y a su salida se volvió todavía más activista, contribuyendo con sus canciones a la caída del primer ministro Hailemariam Desalegn en 2018.
Desalegn fue sustituido por Abiy Ahmed, el primer oromo en dirigir el Gobierno de Etiopía. Se creía que el aperturismo político que Ahmed promovió a su llegada y el hecho de que pertenezca a la etnia mayoritaria contribuirían a la calma social. Pero esta no ha llegado, a pesar de los esfuerzos del primer ministro. Ahmed pretende unir a todas las comunidades del país, un proyecto difícil que rechazan no solo sus opositores tradicionales sino incluso miembros de su misma etnia, que ven a Ahmed como un oromo que no apoya a su gente. En un país donde la estabilidad depende de contentar a todos los grupos étnicos, Ahmed busca un imposible que no se ha conseguido desde el nacimiento de la Etiopía etnofederal en 1991, tras la guerra civil.
La importancia de la etnia en la política etíope
Etiopía pasó de ser un imperio regido por el emperador Haile Selassie a una dictadura comunista en 1974. El comunismo duró diecisiete años, hasta que el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FRDPE) —una coalición de grupos opositores— se hizo con el control de la capital en 1991. El nuevo régimen convirtió a Etiopía en un Estado etnofederal, buscando alejar al país de las políticas centralistas del pasado y reconocer su diversidad étnica. Así lo recoge la Constitución de 1995, que incluso da derecho de secesión a las etnias. La federación se dividió en nueve estados regionales con amplias competencias, que representan a los principales grupos. En Etiopía conviven noventa etnias, aunque solo cuatro de ellas superan un 5% de la población. Los más grandes son los oromo, un tercio del total, y los amhara, un 27%, seguidos de los somalíes y los tigray, con poco más de un 6%.
Pese a ser un grupo relativamente pequeño, tradicionalmente la etnia tigray ha tenido el peso político en Etiopía. Esta comunidad encabezó la lucha contra el comunismo, lo que le valió para que su líder, Meles Zenawi, se alzara como primer ministro. Zenawi gobernó Etiopía desde 1995 hasta su muerte en 2012 al frente del FRDPE, en el que además de los tigray también había partidos oromo, amhara y de etnias minoritarias del sur del país. El sucesor de Zenawi, Hailemariam Desalegn, pertenecía a una de esas minorías, la wolaita, que solo supone un 2.3% de la población. Desalegn prometió “seguir el legado de su predecesor sin ningún cambio”. Pero, tras seis años de gobierno, las protestas de los oromo contra la expansión de la capital a costa de sus tierras provocaron su dimisión en 2018.
Sobre el papel, Etiopía es una democracia multipartidista, pero por entonces se la consideraba un régimen de partido único. El FRDPE cosechaba amplias victorias en elecciones irregulares, encarcelaba a opositores e ilegalizaba a partidos nacionalistas de la oposición. Más de 30.000 personas fueron detenidas durante el mandato de Desalegn, incluidos líderes opositores, activistas y periodistas, que fueron sometidos a torturas. Pero tras la salida de Desalegn, el FRDPE eligió por primera vez a un líder oromo para apaciguar a esta etnia, mayoritaria pero excluida del poder, y calmar la tensión social.
Abiy Ahmed, de la ilusión al descontento
Tildado de reformista, Ahmed cumplió su papel y realizó un importante lavado de cara al país. En tan solo tres meses amnistió a los presos políticos y legalizó partidos nacionalistas opositores a los que antes se consideraba terroristas, como el Frente de Liberación Oromo (FLO) y Ginbot 7. Ahmed dio la bienvenida al país al líder de este último, Berhanu Nega, a su vuelta del exilio. A ello se unieron gestos de acercamiento a los oromo, viajando a su región, Oromía, vistiendo su ropa tradicional y haciendo el primer discurso de un primer ministro etíope en lengua oromo. Ahmed renovó también la imagen internacional del país. Consiguió restablecer las relaciones y reabrir las fronteras con la vecina Eritrea tras más de veinte años de conflicto, y medió en la transición política de Sudán. Además, nombró por primera vez a una mujer como jefa del Estado, Sahle Work-Zewde. Todo ello le valió recibir el Premio Nobel de la Paz en 2019.
El primer ministro se ha erigido como promotor de la filosofía medemer (‘unirse’ en amárico), el convencimiento de que personas con ideas contrarias pueden colaborar por un bien mayor. En un libro titulado Medemer, Ahmed explica su visión de lograr la unidad nacional para dejar atrás las divisiones étnicas. Para ello ha desmantelado el histórico FRDPE y ha fundado el Partido de la Prosperidad, con el que pretende crear un espacio político de consenso. Sin embargo, el proyecto de Ahmed se enfrenta a la oposición de algunos sectores de las principales etnias. Del nuevo partido ya se ha desmarcado la etnia tigray . Los tigray dicen sentirse amenazados por este Gobierno en el que no tienen control. Incluso han realizado maniobras militares en su región como señal de fuerza, asegurando estar “dispuestos a sacrificarlo todo por la paz”.
A los tigray también se unen sus históricos rivales oromo, que se sienten engañados por Ahmed tras su esperanzador comienzo. Los nacionalistas oromo consideran que Ahmed ha vuelto a la antigua política centralista, dejado de lado los intereses de su comunidad de origen, y ven en él un “etiopianista” nostálgico de la época del Imperio. Entre las demandas históricas de los oromo está el que se reconozca el oromo como lengua federal y considerar Adís Abeba, la capital, como parte de Oromía. Hasta ahora, Ahmed tan solo ha creado una comisión para resolver la disputa en torno a los límites de la capital y la región oromo, sin llegar a expresarse a favor de la anexión o de aceptar el oromo como idioma oficial.
El descontento con Ahmed también llega a la comunidad amhara, la segunda más grande del país. En Amhara, su región, se perpetró en 2019 un golpe de Estado contra el Gobierno local que acabó con la vida del jefe del Ejecutivo regional y el jefe del Ejército etíope. El Gobierno de Ahmed prontó culpó al jefe de seguridad regional, el general Asaminew Tsige, que fue abatido mientras intentaba escapar. Tsige era un destacado nacionalista amhara que pedía mayor autonomía para su región; había estado en prisión durante nueve años y fue uno de los liberados por Ahmed. Después del golpe, fueron detenidos cincuenta miembros del partido nacionalista de oposición amhara, acusados de participar en la intentona, y el Gobierno apagó internet en la región. El golpe falló, pero desestabilizó el poder de Ahmed, que ya había sufrido un intento de asesinato en un mitin solo dos meses después de llegar al cargo en junio de 2018.
A la tensión con los tigray, oromo y amhara se une la presión de diez de las 56 etnias agrupadas en la región de Naciones del Sur por tener un Estado regional propio. La comunidad sidama —la quinta más grande, con un 4% de la población— ha sido la primera en conseguirlo después de que prácticamente el 100% de los sidama votaran a favor en un referéndum en noviembre de 2019. Tras el éxito de los sidama, los wolaita ha incrementado sus protestas demandando lo mismo, y los choques con la policía se han saldado ya con al menos diez muertos en agosto de 2020.
Inestabilidad y autoritarismo
Ahora, la muerte del famoso cantante oromo Hachalu Hundessa ha agravado la inestabilidad. Ahmed considera el asesinato como un nuevo intento de desestabilizar su proyecto y no ha dudado en repetir las medidas autoritarias del año anterior. Ha arrestado a 5.000 personas acusadas de participar en las más de doscientas muertes, en su mayoría de personas no oromo, que se han contado en Oromia. Entre los encarcelados está Jawar Mohammed, líder Congreso Federal Oromo (CFO), que se enfrenta a Ahmed con un discurso nacionalista: “Yo soy oromo, a mí me han impuesto el ser etíope”, dijo en una entrevista. Además, Ahmed ha vuelto a desconectar internet en el país durante el mes de julio para acallar las protestas y evitar que las noticias lleguen a la comunidad internacional, lo que ha supuesto un coste estimado de cien millones de dólares para la economía etíope. Con todo, Ahmed aseguró hace un año que “siempre que sea necesario para salvar vidas y prevenir daños a la propiedad, internet se cerrará”.
Cada vez que se ha enfrentado a un ataque, Ahmed ha respondido con medidas autoritarias, una tendencia preocupante. Estaba previsto que Etiopía celebrara elecciones en agosto de 2020, la primera vez que Ahmed tendría que enfrentarse a las urnas como primer ministro. Sin embargo, el coronavirus ha forzado a retrasar los comicios y el Parlamento ha permitido a Ahmed mantenerse en el poder más allá de su mandato hasta que se puedan celebrar elecciones seguras, para las que todavía no hay fecha. El retraso de las elecciones ha generado malestar entre la oposición y los propios seguidores de Ahmed, que esperaban poder votar con libertad. Está por ver cómo afecta el último episodio de violencia étnica a la popularidad del primer ministro. Ahmed todavía debe obtener la legitimidad de las urnas para su proyecto de unidad nacional por encima de las etnias, que se tambalea tras un inicio prometedor.
