En 2015, el año anterior al referéndum en el que el 52% de la población del Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, la nacionalización de británicos en alguno de los 27 países que todavía forman parte del espacio comunitario apenas ascendió 2.642. En 2019, el último año sobre el que Eurostat tiene datos disponibles, la cifra se había disparado hasta las 29.842 nacionalizaciones, diez veces más que cuatro años atrás.
Muchas de estas personas, quizá, albergaban la esperanza de que Reino Unido no abandonara finalmente el club europeo y esperaron hasta el último momento para cambiar su nacionalidad. Pero unos meses después, el 31 de enero de 2020, el brexit ya era una realidad —aunque se estableció un periodo transitorio de un año, hasta el 31 de diciembre de 2020, para adaptar las normas y procedimientos aduaneros y fiscales—. Desde ese día, los ciudadanos británicos perdieron la ciudadanía europea y con ella privilegios que se habían dado por sentados a lo largo de más de cuatro décadas de relación, desde la libertad de movimiento para personas y bienes hasta la posibilidad de conducir por todo el territorio europeo con un mismo carné, pasando por la ausencia de controles fronterizos.
Así, el divorcio definitivo entre ambas partes convirtió en extranjeros a miles de británicos que residían al otro lado del canal de la Mancha, y aunque los Estados miembros pusieron muchas facilidades y el propio acuerdo de retirada contempló su situación, el impacto en la vida de muchos británicos se ha ido haciendo cada vez más grande.
Londres y Bruselas acordaron que, en el caso de aquellos ciudadanos del Reino Unido que residieran legalmente en algún país comunitario antes del 1 de enero de 2021, un día después del vencimiento del periodo transitorio, tendrían los mismos derechos para vivir, trabajar, estudiar y acceder a beneficios y servicios de los que habían disfrutado hasta entonces.
Caso distinto es el de los británicos que quieran ingresar en la Unión Europea en la actualidad o de aquellos que ya vivían en otro Estado miembro pero no estaban empadronados —en España se estima que 350.000 británicos residen en el país, 100.000 más de los que figuran en el censo–. Su situación es radicalmente diferente a la de hace un año: desde ir al médico hasta conducir, la nueva situación migratoria de estas personas está marcada por las trabas administrativas y la burocracia.
No en vano, la estancia máxima sin contrato de trabajo permitida en Europa para los ciudadanos de Reino Unido es de apenas noventa días, de forma que muchos de los que tenían segundas residencias en la costa mediterránea, donde disfrutaban de inviernos más suaves, se están planteando desprenderse de ellas ante la imposibilidad de utilizarlas a su antojo. En el caso concreto de España, además, los británicos que quieran residir en su territorio tienen que acreditar que disponen de alojamiento donde quedarse, recursos económicos sólidos —26.000 euros— y un seguro médico equivalente a la cobertura sanitaria ofrecida por la Seguridad Social.
En total, casi 68.000 británicos se han nacionalizado en países de la UE entre 2016 y 2019, frente a los apenas 13.500 que los hicieron en el periodo 2010-2015. En cuanto a las nacionalidades europeas preferidas, Alemania (13.675), Suecia (4.489), Francia (4.088), Países Bajos (2.597) y Bélgica (1.630) fueron los países que más naturalizaciones de ciudadanos británicos tramitaron en 2019. Sin embargo, a pesar del fuerte aumento de las solicitudes, Reino Unido no es principal país de origen de los renacionalizados en la Unión Europea, sino el tercero, por detrás de Marruecos (66.800) y Albania (41.700).
