Después de un año marcado por la pandemia, el Gobierno británico y la Unión Europea evitaron un brexit sin acuerdo alcanzando un compromiso de última hora el 24 de diciembre de 2020. Pese a que el Reino Unido había dejado de ser un Estado miembro el 31 de enero de ese año, los efectos de la salida no serían efectivos hasta el 1 de enero de 2021. Ese día acababa el período de transición previsto en el Acuerdo de Retirada y entró en vigor de manera provisional la solución acordada el día 24: el Acuerdo de Comercio y Cooperación que regula la relación futura entre ambas partes. Este texto desafía la lógica del comercio contemporáneo: no busca incrementar las relaciones comerciales, sino disminuirlas, al finalizar una estrecha relación económica, política y comercial de 47 años.
El acuerdo prevé que el comercio de bienes entre ambos lados del canal de la Mancha no tenga aranceles ni cuotas, una de las principales demandas británicas. El Reino Unido también quedará libre de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque con excepciones, como las disputas relativas a Irlanda del Norte. A cambio, Londres pierde el acceso al mercado único europeo, una línea roja de la UE, que quiere mantenerlo íntegro y solo disponible para los Estados que respeten las libertades de movimiento de mercancías, capitales, servicios y personas.
Pocos meses después del brexit ya se están produciendo disrupciones en el comercio entre ambas partes, que no habrían existido de haber permanecido el Reino Unido en el mercado único, pues en gran parte están causadas por las nuevas barreras no arancelarias que conlleva estar fuera de la UE. Además, han resurgido tensiones entre Londres y Bruselas en torno a los principales escollos de la negociación, entre otras cuestiones.
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