España, también conocida como Reino de España, es un país de 47,4 millones de habitantes y cerca de 506.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo país más grande de la UE. Situada en el suroeste del continente europeo, su territorio ocupa la mayor parte de la península ibérica y los archipiélagos canario y balear, además de los enclaves de Ceuta y Melilla en el norte de África. El mapa político de España se divide en 17 comunidades autónomas, que a su vez se subdividen en 50 provincias y 8.131 municipios, además de las dos ciudades autónomas situadas en el continente africano.
Esta organización territorial se conoce como Estado de las autonomías, un modelo instaurado en la Constitución de 1978 y que sobre el papel se encuentra a medio camino entre un sistema centralizado como el francés y uno federal como el de Estados Unidos o Alemania. Pese a esto, las comunidades del mapa político de España cuentan con un grado de autonomía política muy alto. Gracias a esto, los territorios disfrutan de numerosas competencias cedidas por el Estado central en ámbitos tan importantes como la educación, la sanidad o los servicios sociales.
En el caso de las provincias, que constituyen el tercer nivel administrativo del mapa de España —tras el Estado y las comunidades—, su labor consiste en coordinar y apoyar a los municipios y ciudades que las integran, así como en financiar y desarrollar los servicios a un nivel más concreto. El gobierno y la administración de las provincias corresponde a las diputaciones provinciales, órganos de carácter territorial que se constituyen mediante elección indirecta y cuya sede suele estar situada en las capitales de provincia. En el País Vasco, no obstante, estas instituciones se conocen como diputaciones forales, mientras que en Canarias su función es asumida por los cabildos y en Baleares por los consejos insulares —uno por cada isla—.
Aunque el origen formal del actual Estado de las autonomías se encuentra en la carta magna firmada hace algo más de cuarenta años, tras el fin de la dictadura franquista, muchas de las regiones que configuran la división territorial vigente cuentan con una larga trayectoria histórica marcada tanto por acontecimientos sociopolíticos como por otros factores como la propia orografía del país. En el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, Soria, Segovia, Jaén o Córdoba ya eran circunscripciones más o menos definidas, aunque no contaban con ningún valor administrativo real y solo actuaban como territorios adscritos a las ciudades que tenían voto en las Cortes de Castilla.
Dos siglos después, los primeros pasos para el desarrollo de un Estado liberal llevaron a una configuración del mapa político de España en el que ya se contaba casi treinta regiones —incluidos los territorios forales y los reinos— similares a las provincias actuales. Sin embargo, la consolidación definitiva de la administración territorial del país llegó tras la reforma llevada a cabo por Javier de Burgos en 1833, que adaptaba prácticamente al completo el proyecto iniciado en 1822 durante el conocido como Trienio Liberal. La reorganización de De Burgos, secretario de Estado de Fomento bajo la regencia de María Cristina de Borbón, significó la división del mapa de España en 49 provincias con sus respectivas capitales, un sistema que se ha mantenido con pequeñas variaciones hasta la actualidad.
Pese a que de forma habitual las provincias actúan como subdivisiones territoriales de las comunidades en el mapa político de España, casi la mitad de estas últimas son uniprovinciales. Es decir, son comunidades donde su territorio solo comprende una provincia, como es el caso del Principado de Asturias, Cantabria, Madrid o la Región de Murcia. En ellas, los gobiernos autonómicos asumen las competencias que suelen desarrollar las diputaciones provinciales en las comunidades donde existen varias provincias, como sucede en la Comunidad Valenciana o Galicia.
A nivel nacional, las comunidades que tienen más provincias son también las más grandes: Castilla y León, donde hay nueve provincias; Andalucía, que cuenta con ocho; y Castilla-la Mancha, que tiene cinco. La identificación de estas regiones con sus respectivas autonomías es variable, hasta el punto de que en Castilla y León el sentimiento regionalista sigue vivo en la antigua región leonesa, donde en los últimos tiempos ha crecido la reclamación para formar una nueva comunidad autónoma que abarque las provincias de León, Zamora y Salamanca.
