Argentina lleva toda su historia moderna intentando escapar de la pobreza y, sin embargo, esta nunca ha logrado caer por debajo del 25% en los últimos veinte años. A cierre del segundo semestre de 2023, el 41,7% de la población del país estaba situación de pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del valor más alto desde 2006, cuando Argentina se recuperaba aún de los efectos del «corralito» de 2001.
Para realizar esa medición, el INDEC calcula el precio de una canasta básica que incluye alimentos y otras necesidades no alimentarias como la vivienda, la educación, la salud o el transporte y lo compara con los ingresos de las familias argentinas. Así, las personas que no pueden afrontar la compra de esa canasta básica se sitúan por debajo de la línea de pobreza, mientras que las que ni siquiera pueden cubrir sus necesidades alimentarias básicas están en lo que se considera una situación de indigencia, que en 2023 cerró en el 11,9%.
Estas cifras, que han vuelto a escalar tras una breve recuperación postpandémica y que se enmarcan en una tendencia alcista más amplia que se remonta hasta 2017, guardan una estrecha relación con la galopante inflación que vive el país, donde los ingresos crecen a un ritmo más lento que los precios. En 2023, concretamente, los salarios crecieron un 153%, la inflación un 211% y el precio de los alimentos un 251%, por lo que el deterioro era inevitable.
La llegada en diciembre del ultraliberal Javier Milei al poder, motivada por el descontento y la desafección política de los argentinos, no ha revertido esa dinámica. Al contrario: la línea de pobreza se disparó hasta el 55,5% y la de indigencia al 17,5% en el primer trimestre de 2024, según una estimación de la Universidad Católica Argentina, unos datos que dejan desactualizadas las últimas cifras oficiales. La devaluación del peso argentino promovida por Milei, que ha vuelto a espolear la inflación, es una de las causas principales de ese nuevo retroceso.
Argentina cambió de siglo con Fernando de la Rúa, el socialdemócrata que presidió el país entre 1999 y 2001, intentando dar continuidad a las políticas neoliberales de su antecesor Carlos Menem, pero la economía implosionó. Ante la imparable fuga de capitales, De la Rúa decretó en 2001 un «corralito» para restringir las retiradas de dinero de los bancos a 250 dólares semanales por argentino. El estallido social le obligó a dimitir y tras su salida se sucedieron hasta once presidentes en once días.
Como consecuencia de ese caos, en 2002 la pobreza en Argentina en el país creció hasta el 65,6%, un récord desde que el Instituto Nacional de Estadística y Censos monitoriza su evolución desde 1988. Los posteriores gobiernos kirchneristas, una nueva rama del peronismo surgida a raíz del «corralito», lograron contener el alza de los precios y mejoraron las condiciones de vida de los ciudadanos, pero tampoco llegaron a rebajar la pobreza por debajo del umbral del 25%.
Así, la caída del precio de las commodities —sobre cuyos jugosos ingresos se apoyaron los mandatos de Néstor Kischner y Cristina Fernández de Kirchner— reavivó la pobreza a finales del Gobierno conservador de Mauricio Macri (2015-2019). Tras alcanzar un mínimo del 25,7% en 2017, la tasa de pobreza rebotó de la mano de la deuda y la inflación hasta encadenar con la pandemia y el «plan motosierra» de Javier Milei. La pregunta ahora es dónde está el techo de esta nueva crisis, con el punto de mira puesto en los años oscuros del «corralito».
