Cada cuatro años España renueva de una sola tacada la mayoría de los escaños de sus parlamentos autonómicos: todos menos los de las comunidades que consiguieron la autonomía por la vía rápida y por tanto celebraron elecciones antes que el resto ―País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía― y los de aquellas que, puntualmente, hayan reiniciado su contador electoral al mover unilateralmente la fecha de sus comicios, como ocurre por ejemplo con Castilla y León este 2023.
Aunque la Constitución permite que las comunidades autónomas se decanten por el sistema de representación proporcional que prefieran, todas utilizan el D’Hont ―dividen el número de votos de cada formación entre el número de escaños que le corresponden a cada circunscripción electoral― y listas cerradas. La proporcionalidad entre electores y diputados autonómicos, sin embargo, está lejos de ser simétrica en el territorio español.
Mientras que en La Rioja, Teruel, Menorca, La Gomera o El Hierro un escaño cuesta menos de 10.000 votos, ese umbral se dispara en Sevilla o Málaga por encima de los 100.000 votantes. El balance depende en gran medida del tamaño del parlamento autonómico, pero también de la forma de repartir los asientos de la cámara entre las distintas circunscripciones.
Por lo general, las comunidades establecen un número mínimo de escaños para cada región y la cantidad restante la reparten en función de la población. Aragón, por ejemplo, otorga trece diputados de base a cada una de sus provincias y el resto lo distribuye de manera proporcional al número de habitantes, de manera que Zaragoza es la que emite más representantes y Teruel la que necesita menos votos para elegir a los suyos.
Ese reparto rompe el principio de «una persona, un voto» y favorece a las provincias menos pobladas y con un ratio electores-escaño menor frente a las más urbanas. Por el contrario, sus defensores argumentan que si se implementara más proporcional aquellos territorios más afectados por el éxodo rural perderían aún más voz en las instituciones y los grandes centros de poder demográfico y productivo acabarían dominando la política.
En cuanto a la elección de las circunscripciones electorales, la mayoría de las comunidades autónomas se basan en los límites provinciales, aunque hay excepciones: las comunidades insulares toman como referencia sus islas y Asturias utiliza tres circunscripciones ―central, occidental y oriental― inferiores territorialmente a su provincia y donde agrupan varios concejos.
Sí existe más consenso a la hora de establecer una barrera electoral. Todos los territorios exigen a las formaciones que concurren a las elecciones un porcentaje mínimo de votos para estar representadas en el parlamento, aunque según la región este mínimo se sitúa en el 3% o el 5%. En los últimos comicios autonómicos de Madrid, por ejemplo, Ciudadanos se quedó fuera de la Asamblea con un 3,57% de los votos, una cifra que sí les hubiera permitido obtener representación en Murcia.
Por último, en relación al tamaño de los parlamentos, Madrid con 136 escaños, Cataluña con 135 y Andalucía con 109 destacan por tener los más grandes, pero si ajustamos el número de asientos a la población las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y La Rioja destacan por tener el ratio elector-escaño más bajo: un representante por menos de cada 10.000 habitantes. Por el contrario, en Andalucía y Castilla-La Mancha cada escaño debe dar voz a más de 60.000 personas, al menos estadísticamente.
