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Las organizaciones no gubernamentales, en peligro

Las organizaciones no gubernamentales, en peligro
Proyecto de ayuda a la comunidad en Kiribati. Fuente: COMSEVENTHFLT (Flickr)

En un momento en el que los Estados ya deberían haber comprendido que la soberanía no solo es un derecho, sino que también conlleva responsabilidades, Gobiernos de todo el mundo están haciendo todo lo que pueden por asegurarse de que sus agendas políticas no encuentran oposición. Las organizaciones no gubernamentales (ONG), conocidas por la labor que hacen para defender los derechos de todos, están siendo las principales víctimas de esta tendencia.

Actualmente existen en el mundo alrededor de diez millones de ONG. Estas organizaciones juegan un papel vital en todos los países y sus actividades se adaptan a las necesidades de cada uno: ofrecen desde ayuda humanitaria en zonas de conflicto hasta asistencia en transiciones democráticas, informan al público de los estándares mínimos de bienestar que deberían esperar de sus Gobiernos y movilizan a la opinión pública para que los derechos de todos se vean representados en las decisiones tomadas por el Gobierno. Sin embargo, al realizar estas labores, suele surgir fricción entre los Estados y las ONG, pues estas destapan irregularidades y demandan a los Estados cumplir con las normas nacionales e internacionales, lo que dificulta a los Gobiernos alcanzar sus aspiraciones políticas.

El problema es que esta fricción habitual e incluso natural entre ONG y Gobiernos se ha deteriorado en los últimos años. No es ninguna sorpresa —aunque sí una gran decepción— teniendo en cuenta los tiempos que vivimos: actualmente somos testigos de graves aberraciones contra los derechos humanos, crisis humanitarias creadas exclusivamente por el ser humano, el resurgimiento de la extrema derecha y los populismos y el descenso generalizado del número de países democráticos en el mundo.

Para ampliar: “Versalles en ruinas”, Blas Moreno en El Orden Mundial, 2018

En septiembre de 2018 Burundi decidía suspender la actividad de casi todas las ONG extranjeras en el país. Su presidente argumentaba que las ONG que quisieran permanecer debían acatar los requisitos impuestos por la ley aprobada a inicios de 2017, que incluye depositar divisas extranjeras en el banco central —desde hace meses el país sufre un déficit de divisas extranjeras—, firmar un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, apoyar los planes de desarrollo del Gobierno y cumplir con las cuotas étnicas establecidas por el acuerdo de paz de Arusha —es decir, contratar un 60% de hutus y un 40% de tutsis—.

En Pakistán sucedía algo similar en octubre. El Gobierno informaba a 18 organizaciones de que tenían que dejar el país en los próximos 60 días tras haberse denegado su registro. Las apelaciones por parte de las organizaciones contra la decisión del Gobierno también fueron denegadas. Las justificaciones dadas por las autoridades parecían no tener ningún fundamento legal; argumentan, por ejemplo, que las organizaciones están utilizándose como un frente de espionaje para promover las agendas de otros países y que están fomentando el sectarismo y la guerra híbrida en el país.

En Nicaragua, tras publicarse en agosto un informe de las Naciones Unidas que corroboraba las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos en el país, se expulsó al grupo de expertos encargado del documento. Algunas organizaciones civiles también han tenido que anunciar cierres temporales debido a las constantes amenazas que recibían sus trabajadores y a otras se les ha dado un plazo de dos meses para presentar sus planes si no quieren ver el cierre de sus oficinas. Las ONG regionales que han intentado entrar al país para investigar e informar sobre las violaciones de derechos humanos y el bienestar de los detenidos han visto vetada su entrada al país y algunos líderes activistas por los derechos humanos en Latinoamérica han sido detenidos por las autoridades de inmigración en el aeropuerto.

Parece sencillo ver el porqué de esta nueva realidad: las ONG presentan agendas que van directamente en contra de los intereses y planes de regímenes autoritarios. Sin embargo, esta es una explicación algo simplista. Para realmente entender lo que está sucediendo tenemos que mirar hacia Occidente.

Las ONG con una influencia importante sobre la comunidad internacional y recursos suficientes para tener presencia en gran parte del mundo provienen en su mayoría de países occidentales. Por ello, han pasado a ser vistas por muchos Gobiernos como una nueva forma de colonialismo mediante la que Occidente intenta interferir en la soberanía del resto de los Estados para imponer sus propias agendas y entendimiento del Estado de derecho. Así, Burundi ha suspendido algunas organizaciones, como las que defienden el matrimonio entre personas del mismo sexo, por promover ideas que van “en contra de su cultura”.

En segundo lugar, mientras Occidente exige mejorar la situación de los derechos humanos en países africanos o latinoamericanos, ignora el deterioro de los mismos derechos en su territorio. Sin ir muy lejos, dentro de la Unión Europea las ONG también están sufriendo duros golpes. Tras la notable llegada de refugiados y la aparición de “ideales anticristianos”, Hungría y Polonia han aprobado leyes cuando menos polémicas que coartan la libertad y existencia de ONG y minimizan la representación de los grupos más vulnerables. Esta posición ha sido tachada por los países no occidentales como una hipocresía y refuerza sus autojustificaciones: si Europa puede permitírselo, ellos también. Por ello, tras la extensión del mandato de la Comisión de Investigación de la ONU en Burundi, el Gobierno burundés no dudaba en amenazar con la encarcelación de los trabajadores del organismo que llegasen a su territorio.

Por último, las rebeliones prodemocráticas que han vivido países africanos y árabes en la última década y las ansias que tiene su sociedad civil de obtener libertades y derechos han hecho que muchos Gobiernos teman que las organizaciones no gubernamentales sirvan como un motor de empuje para estos movimientos. Consecuentemente, las autoridades han decidido acabar de raíz con este problema imponiendo trabas administrativas, amenazando a trabajadores y comenzando campañas de desprestigio contra las ONG.

La parte más desoladora de esta nueva moda no es el retroceso de la libertad de expresión y asociación, del que periodistas y trabajadores humanitarios también están siendo víctimas, sino las consecuencias que acarrea para todas aquellas familias que dependen de la labor de las ONG para sobrevivir. Las organizaciones llenan el vacío de los Gobiernos y, en muchas ocasiones, ofrecen los servicios de sanidad y educación. Asimismo, han empujado el avance del bienestar de los grupos más vulnerables y menos representados de las sociedades.

Por otro lado, la posición desafiante de Nicaragua y Burundi ante Naciones Unidas plantea una preocupación mayor. Sus posturas no solo desvirtúan el poder de las organizaciones internacionales, ONG y la comunidad internacional en sí; también anima a otros Estados a adoptar la misma actitud. Aunque en los últimos años la efectividad de la ONU haya estado en el punto de mira, ¿quién puede parar a estos Estados sino ella?

Estamos presenciando un momento de declive. Si hasta ahora la Historia nos ha enseñado algo, es que no nos podemos permitir el lujo de dejar a los Estados hacer un uso absoluto de su soberanía; las consecuencias pueden acabar siendo irreversibles.