La lucha antiterrorista contra el Dáesh, el sectarismo y las injerencias extranjeras —en un claro guiño a la lucha por el poder regional que mantienen ciertos países árabes, en especial Arabia Saudí, contra Irán— son los motivos que alegaba el mandatario egipcio para relanzar el proyecto. El presidente Al Sisi aclaró que la fuerza militar “no estaría dirigida contra ningún Estado y no pretende injerir en ellos, sino respetar su soberanía y defender los intereses árabes”. Esta especie de “OTAN árabe” se pretendía crear en un contexto de inestabilidad enorme en la región, con Libia totalmente desestructurada, el Dáesh en su apogeo, la guerra entre Siria e Irak en un punto álgido y la lucha en Yemen entre la coalición liderada por Arabia Saudí y los hutíes, apoyados por Irán, en una crisis humanitaria absoluta. A toda esta circunstancia había que sumarle el distanciamiento entre el Gobierno de Barack Obama y sus aliados históricos en la zona, Egipto y Arabia Saudí.
Inicio del proyecto
La iniciativa fue rápidamente aprobada por la Liga Árabe y apoyada especialmente por Arabia Saudí y los países del Golfo. Pero no todos los países involucrados en el problema terrorista —excusa fundamental para su puesta en marcha— estaban en situación de apoyar la causa: Siria, pese a ser uno de los actores fundamentales en la lucha antiterrorista dada la presencia en el país del Dáesh y Al Nusra —filial de Al Qaeda—, había sido suspendida de la Liga Árabe en 2011 por no haber cumplido el cese de la violencia que le exigían. Aun así, el proyecto se ponía en marcha y su estructura y características se empezaban a conocer.
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