La lucha antiterrorista contra el Dáesh, el sectarismo y las injerencias extranjeras —en un claro guiño a la lucha por el poder regional que mantienen ciertos países árabes, en especial Arabia Saudí, contra Irán— son los motivos que alegaba el mandatario egipcio para relanzar el proyecto. El presidente Al Sisi aclaró que la fuerza militar “no estaría dirigida contra ningún Estado y no pretende injerir en ellos, sino respetar su soberanía y defender los intereses árabes”. Esta especie de “OTAN árabe” se pretendía crear en un contexto de inestabilidad enorme en la región, con Libia totalmente desestructurada, el Dáesh en su apogeo, la guerra entre Siria e Irak en un punto álgido y la lucha en Yemen entre la coalición liderada por Arabia Saudí y los hutíes, apoyados por Irán, en una crisis humanitaria absoluta. A toda esta circunstancia había que sumarle el distanciamiento entre el Gobierno de Barack Obama y sus aliados históricos en la zona, Egipto y Arabia Saudí.
Inicio del proyecto
La iniciativa fue rápidamente aprobada por la Liga Árabe y apoyada especialmente por Arabia Saudí y los países del Golfo. Pero no todos los países involucrados en el problema terrorista —excusa fundamental para su puesta en marcha— estaban en situación de apoyar la causa: Siria, pese a ser uno de los actores fundamentales en la lucha antiterrorista dada la presencia en el país del Dáesh y Al Nusra —filial de Al Qaeda—, había sido suspendida de la Liga Árabe en 2011 por no haber cumplido el cese de la violencia que le exigían. Aun así, el proyecto se ponía en marcha y su estructura y características se empezaban a conocer.
El ejército contaría con unos 40.000 soldados entre tierra, mar y aire. La tecnología militar sería proporcionada en su mayoría por países del golfo pérsico, especialmente Arabia Saudí, mientras que gran parte de los combatientes los aportarían los países con menos recursos pero más población. El mando tendría cuatro niveles: dos de carácter permanente y dos que se formarían en caso de una intervención, misión o conflicto. En cuanto a la estructura de mando, las tropas estarían comandadas por un general saudí y financiadas por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una organización política, económica y militar que aglutina a las seis monarquías árabes del golfo pérsico. El resto de la financiación, como ocurre en la OTAN, la pagarían los Estados miembros en función de sus posibilidades.
Para ampliar: “¿Todos para uno y uno para todos? El Consejo de Cooperación del Golfo en su expansionismo por Oriente Próximo”, Martí Nadal en El Orden Mundial, 2016
Con el paso de los meses, el proyecto empezaba a desinflarse. Algunos países, como Marruecos o Túnez, se desvincularon por completo; el segundo llegó a decir que la idea no era “ni realista ni alcanzable”. En agosto de 2015, tan solo cinco meses después del inicio del proyecto, Arabia Saudí se negaba repentinamente a firmar una de las decisiones necesarias para poner en marcha la fuerza militar. Esto se debió a un desacuerdo entre Egipto y Arabia Saudí sobre si esta fuerza militar debía intervenir o no en Libia o en Estados sin gobiernos de facto. Esta situación congelaba el proyecto una vez más y frenaba, como ya había ocurrido en el pasado, una iniciativa relacionada con la seguridad.
Y, de repente, Trump
Un año y medio después, cuando parecía que la fuerza militar árabe era historia, llegó a la Casa Blanca Donald Trump, que con sus políticas y visión de Oriente Próximo revolucionó la zona. La iniciativa, que en un principio servía para obtener cierta independencia a la hora de actuar militarmente y no tener que depender de grandes potencias extranjeras, cambió completamente con el repentino interés de la Administración Trump. En 2018 el Gobierno estadounidense revocó el acuerdo nuclear alcanzado con Irán y convertía una vez más el país persa en enemigo del pueblo estadounidense. La amenaza terrorista se quedó entonces en un segundo plano y una unión militar de países árabes que pudieran hacer frente a Irán en la zona, sin necesidad de desplegar tropas estadounidenses, se convertía en un proyecto muy jugoso que Trump no quería dejar escapar.
Para ampliar: “Un conflicto inminente en Oriente Próximo”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2018
En junio de 2017 el CCG, que era la organización transnacional que más fortaleza parecía tener en la zona y la que en el pasado fue la mayor valedora del proyecto de la “OTAN árabe”, entraba en una crisis interna de gran calado. El bloqueo a Catar por parte de algunos países de la zona, entre los que se encontraban miembros del CCG, debido al apoyo de este país a grupos islamistas como los Hermanos Musulmanes, su acercamiento a Irán y las tensiones por la cadena de televisión Al Jazeera, entre otros motivos, supuso un distanciamiento entre Riad y Doha. Estados Unidos, que tiene su mayor base aérea de Oriente Próximo en Catar, intentó mediar, sin éxito, en el conflicto.
Pese a la situación de tensión que viven con Catar algunos países árabes, las declaraciones del Gobierno de Trump sobre su intención de relanzar el proyecto militar seguían siendo continuas. En septiembre de 2018, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió con los ocho miembros que seguían con la intención de hacer realidad el proyecto: los seis miembros de la CCG —incluido Catar—, Egipto y Jordania. En esa reunión se acordó formalizar la alianza en una cumbre a principios de 2019 que nunca llegó a realizarse.
¿Es un proyecto viable?
La idea continúa en el mismo punto muerto en el que se estancó en 2015. La necesidad de tener un enemigo común fue clave en el desarrollo de la OTAN y, pese a que Estados Unidos sigue intentando convencer a los países de la zona de que Irán es el enemigo que hay que abatir, el hecho es que la influencia regional que tiene el país persa en algunos de sus vecinos hace esta tarea imposible.
Otra pieza clave es la relacionada con el terrorismo. Antes de actuar de forma conjunta e intervenir en nombre de los “intereses árabes” de los que hablaba Al Sisi, habría que concretar qué es terrorismo para estos países. Hézbolá es un grupo terrorista para Arabia Saudí y los miembros de la CCG, pero es parte del Gobierno libanés elegido en las urnas. Por otro lado, los Hermanos Musulmanes son considerados grupo terrorista por Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, pero no por Catar o Túnez, donde el partido Ennahda —relacionado con la Hermandad— tiene gran importancia. A estas preguntas habría que sumarles la supuesta preocupación por el Dáesh: mientras se combatía en la península del Sinaí, Irak o Siria, Estados como Arabia Saudí o Catar eran denunciados públicamente por presunta financiación a este grupo. En estos casos, ¿cómo actuaría la fuerza militar? ¿Lo haría de forma conjunta? Seguramente no, sino que intervendría según los intereses de cada uno de los miembros, lo que los llevaría a un conflicto interno como el que ha ocurrido con Catar en el seno de la CCG.
La pregunta principal es si esta OTAN árabe es tan necesaria. La defensa colectiva ya está prevista en los artículos de la Liga Árabe, donde se especifica cómo deben actuar los miembros. Un ejemplo claro fue la creación del Estado de Israel, cuando, en defensa de los palestinos, la Liga Árabe se puso de acuerdo y atacó a los israelíes. Si existen mecanismos, ¿por qué crear un organismo paralelo? La respuesta la encontramos en otros conflictos en los que el interés colectivo no estaba tan claro, como ocurrió en la invasión de Kuwait o de Irak, cuando la Liga Árabe no actúo de la misma manera. La cláusula que obliga a que haya unanimidad para que la Liga pueda actuar convierte este organismo en un órgano ineficaz en cuanto a seguridad. La creación de estas fuerzas militares son, en muchas ocasiones, una forma de no tener que pasar por estos filtros tan complicados para intervenir en algún lugar. El CCG pudo así intervenir en Baréin, a petición de su monarca, para reprimir las revueltas que se generaron durante las llamadas primaveras árabes.
Para ampliar: “La Liga Árabe, ¿un proyecto fallido?”, Carlos Palomino en El Orden Mundial, 2018
Lo que parecía un proyecto que podía arrojar cierta independencia al mundo árabe para abordar militarmente los asuntos que le incumben ha degenerado una vez más en un intento estadounidense —el actor más activo actualmente en el proyecto— por manejar la región. Cuesta imaginar que vaya a existir independencia de actuación cuando el Gobierno de Trump invierte en Egipto más de 1.300 millones de dólares destinados a defensa y Arabia Saudí es, a su vez, una fuente de ingresos muy poderosa en la economía estadounidense con la compra de armamento —solo en 2017 los acuerdos sobrepasaron los 18.000 millones de dólares—. El futuro de la “OTAN árabe” es improbable, y no porque no se pueda llevar a cabo, sino porque, aun formalizándose, las diferencias ideológicas, políticas y económicas la llevarían una vez más a una discrepancia que no le permitiría progresar.
