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El impuesto global al patrimonio es una propuesta para gravar en todo el mundo a las grandes fortunas. Consiste en recaudar cada año el 2% de la riqueza de quienes posean el equivalente a más de mil millones de dólares (unos 950 millones de euros), que hoy en día son más de 3.000 personas. La propuesta fue planteada por el economista francés Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, en un informe presentado en junio para la presidencia brasileña del G20. El G20 o Grupo de los Veinte es el foro político y económico de las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo.
El impuesto al patrimonio grava la riqueza neta de las personas físicas. Es decir, sus ahorros y el conjunto de sus bienes descontando deducciones, deudas y otras obligaciones e impuestos que reduzcan su valor. No debe confundirse con el impuesto sobre la renta, que grava los ingresos anuales o mensuales de las personas físicas, o el impuesto de sociedades, que recae sobre los beneficios de sociedades y empresas. Los defensores del impuesto al patrimonio sostienen que la medida contribuye a reducir las desigualdades, mientras que sus detractores argumentan que fomenta la evasión fiscal y la salida de capitales.
En su informe, Zucman señala que los sistemas fiscales actuales no gravan eficazmente a las personas con patrimonios muy elevados. También defiende la coordinación internacional para abordarlo y apunta a fijar o elevar los impuestos al patrimonio ya existentes o a establecer otros como los “impuestos de salida”, sobre quienes van a cambiar su domicilio fiscal a otro país. Como resultado, Zucman estima que los Estados recaudarían en conjunto entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anualmente. No obstante, aclara que esta medida no reemplaza sino que se sumaría a las políticas fiscales progresivas.
‘Tax the rich’: hacia un impuesto global al patrimonio
La propuesta de un impuesto global al patrimonio fue apoyada inicialmente por una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno, entre otros líderes internacionales. En una carta firmada en julio, que incluía a los expresidentes socialistas españoles Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, se lo pidieron a mandatarios actuales como el presidente estadounidense Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz o el primer ministro británico Keir Starmer. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió implementar la medida durante su intervención en la cumbre del G20, que tuvo lugar esta semana en Brasil.
Hoy en día sólo cuatro países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tienen un impuesto sobre el patrimonio: España, Noruega, Suiza y Colombia. Antes lo implementaban más países, sobre todo europeos, pero fue retirado en Alemania o Países Bajos porque los tribunales nacionales interpretaron que iba en contra de legislaciones estatales o europeas, por el coste de gestión frente a la recaudación conseguida y por la oposición frente a una tributación adicional. En España, el impuesto al patrimonio es competencia de las comunidades autónomas, y llega hasta un intervalo del 1,7 al 3,5% bajo el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Esta medida se suma al impuesto mínimo de sociedades global del 15%, impulsado por la OCDE en 2021 y en vigor en la Unión Europea desde 2024.
Sin embargo, en la Unión Europea y el mundo en general existe un déficit de recaudación tributaria debido a la evasión fiscal de grandes empresas y de personas con grandes fortunas. Según el informe de evasión fiscal de 2024 del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, hoy en día las multinacionales trasladan hacia paraísos fiscales el 35% de los beneficios obtenidos fuera de sus países de origen, una pérdida protagonizada por empresas de Estados Unidos y equivalente al 10% de la recaudación mundial.
Asimismo, el último informe anual de la coalición internacional de investigadores y activistas Tax Justice Network estima que los países pierden 492.000 millones de dólares anuales por la evasión de multinacionales y particulares ricos hacia paraísos fiscales. El 43% de esas pérdidas se deben a Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Estos ocho países, a su vez, se oponen a una propuesta de convención fiscal internacional en el marco de la ONU.
