Los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) tuvieron que ser refrendados mediante un plebiscito que tuvo lugar el 2 de octubre de 2016. Mediante la consulta, la ciudadanía mostraría su aprobación o rechazo a lo acordado, que establecería medidas como la desmovilización del grupo armado, su participación política o la reparación de las víctimas.
El pueblo colombiano rechazó los acuerdos
Los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC comenzaron a negociarse en 2012 y concluyeron en La Habana en agosto de 2016. Ambas partes lidiaron con asuntos como la política de desarrollo rural, la participación política, el alto al fuego, el problema de las drogas ilícitas o la implementación de lo pactado. El acuerdo de paz, firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias, era la bandera de gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, quien promovió un plebiscito para legitimarlo. La llamada a las urnas planteaba esta pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?”.
Además de Santos, los partidarios políticos del sí abarcaban amplios sectores de la izquierda, el centro y la derecha, con parte de la centroizquierda que apoyaba el acuerdo pero no al Gobierno. Los detractores estuvieron abanderados por el expresidente conservador Álvaro Uribe, que se lanzó al Senado en 2014 con su nuevo partido, el Centro Democrático, contra el proceso de paz y contra el Gobierno de Santos, quien había sido su ministro de Defensa. El rechazo incluía a una parte del Partido Conservador y algunos sectores cristianos.
Por su parte, la comunidad internacional apoyó el proceso de paz desde el principio como solución a un conflicto armado que llevaba medio siglo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 2261 de 2016, que establecía una misión especial para monitorear y verificar el cese al fuego y de las hostilidades, y la dejación de armas por parte de las FARC. Sin embargo, para sorpresa de las encuestas, el no se impuso en el plebiscito del 2 de octubre con un 50,2% de los votos, frente a un 49,8% de papeletas a favor. Además, la participación ciudadana apenas superó el 37%.
Aún no hay paz, pero el proceso continúa
Las reacciones al resultado fueron variadas. Mientras que los detractores exigían la anulación del acuerdo o cambios más profundos, como evitar la participación política de los exlíderes guerrilleros, las FARC insistieron en su deseo de continuar con el proceso de paz y de “usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro”. Santos compartía esa visión y solicitó un pacto político nacional, por el que miles de ciudadanos salieron a las calles tres días después del plebiscito en favor de la paz y en contra del resultado.
El Gobierno se vio así obligado a renegociar el acuerdo con base en las objeciones de los detractores, que durante la campaña habían apelado a la indignación y el miedo con banderas como que habría impunidad para los exguerrilleros. Por ejemplo, se estableció que las FARC debían compensar económicamente a las víctimas y realizar inventario de sus bienes, y se modificaron asuntos relativos al enfoque de género.
Organizaciones internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de Estados Americanos, así como la ONU o la Unión Europea, animaron a las partes a continuar con el proceso de paz. Algunas ONG como Human Rights Watch también instaron a que no hubiera impunidad a los insurgentes condenados. El 7 de octubre, además, se anunció que Santos recibiría el Premio Nobel de la Paz, lo cual contribuyó a encauzar el proceso.
La firma del acuerdo renegociado, llamado Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, tuvo lugar en Bogotá el 24 de noviembre siguiente. Este nuevo pacto fue ratificado por la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia, sin pasar por las urnas. Sin embargo, la violencia en Colombia no ha cesado: el país sigue viviendo enfrentamientos entre grupos armados ilegales, ataques contra civiles, asesinatos de líderes sociales y excombatientes sin protección estatal, mientras obstáculos políticos y logísticos ralentizan la implementación de los acuerdos.
