Haití está sumido en una nueva etapa de inestabilidad. El país más pobre de América, que desde el fin de la dictadura de los Duvalier (1956-1986) ha tenido una veintena de Gobiernos, vive ahora su enésimo periodo de caos institucional. A la perenne crisis económica se suma el desgaste social, una escalada de secuestros y la violencia en las calles, que han provocado una ola de movilizaciones contra el presidente Jovenel Moïse en los últimos años. Entre las demandas sociales están el malestar con la corrupción, el rechazo a la subida del precio de los combustibles o la desafección por un mandatario que no ha supuesto ningún cambio a mejor.
Moïse se enfrenta a la Dirección Política de la Oposición Democrática (DIRPOD), una plataforma opositora que exige el fin de su mandato. Además, sectores estratégicos como los sindicatos, académicos, una parte de la Iglesia o la Justicia también abogan por la salida del líder que, sin embargo, sostiene que le queda un año de legislatura. El presidente cerró el Parlamento a principios de 2020 y puso en pausa las elecciones legislativas de otoño de 2019 de manera unilateral.
Entretanto, el país ha convivido este último año con la pandemia de manera descafeinada. Las medidas sanitarias han sido laxas y la ONG Médicos Sin Fronteras señala que la dimensión de la crisis está distorsionada por la falta de test diagnósticos. La prueba está en la vecina República Dominicana, que ha tenido dieciséis veces más casos notificados con una población similar. El Gobierno dominicano por ahora negará la vacuna a los migrantes haitianos en situación de irregularidad y ya prevé construir un muro en los 370 kilómetros de frontera a partir del segundo semestre de 2021 para frenar la inmigración ilegal. No obstante, la crisis sanitaria no ha estado en el centro de las protestas haitianas actuales, aunque sus efectos agravan la situación socioeconómica.
Una legislatura con final incierto
Jovenel Moïse, líder del Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK), de línea conservadora, llegó a la Presidencia en dos actos. En octubre de 2015 ganó la primera vuelta de los comicios presidenciales contra el liberal-conservador Jude Celestin, pero la victoria no se hizo efectiva porque la oposición denunció delitos masivos de fraude electoral ante el Consejo Electoral Provisorio. La repetición electoral tuvo que aplazarse por el paso del huracán Matthew, y al final Moïse arrasó con el 55% de los sufragios el 20 de noviembre de 2016 sin necesidad de segunda vuelta, pero con menos de 600.000 votos en un país de once millones de habitantes.
Moïse asumió el cargo en 2017, concretamente el 7 de febrero, como todos los presidentes haitianos de las últimas décadas, pues la fecha conmemora la caída de la dictadura de los Duvalier en 1986. Y ese el núcleo de la crisis política actual: Haití tiene legislaturas de cinco años. La oposición considera que el mandato de Moïse caducó el pasado 7 de febrero porque las elecciones de 2015 y 2016 conforman un único periodo electoral. El presidente y sus aliados, sin embargo, sostienen que, al tomar posesión en 2017, todavía le quedan doce meses en el cargo, postura que comparte la comunidad internacional.
Mientras se disputa esta batalla por los tiempos, el desgobierno y la incertidumbre se hacen patentes en la isla. Desde la llegada de la era democrática, Haití no ha tenido una transición política ordenada, sin hostilidades o violencia. Ahora la oposición, con el poder judicial a favor, ha nombrado a un “presidente interino”. Joseph Mécène Jean Louis, magistrado de la Corte de Casación, la más alta esfera judicial del país, asumió el 8 de febrero un cargo que no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Al tiempo, Moïse denunció un intento de golpe de Estado y una tentativa de asesinato cuya investigación lleva varias decenas de detenidos, pero de la que todavía no se han ofrecido datos, salvo que serían personas vinculadas al sector eléctrico, según el mandatario.
Para ampliar: “A cycle of instability: Haiti’s Constitutional Crisis”, Georges A. Fauriol en Center for Strategic & International Studies, 2021
La tensión social se agrava
La crispación política ha ido de la mano con una fuerte tensión social. La represión violenta de las manifestaciones y el aumento de los secuestros en más del 200% en el último año evidencian la fragilidad transversal del país más pobre del continente. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), un organismo haitiano privado nacido tras la caída de la dictadura, se dan un mínimo de cinco raptos por día, lo que ha movilizado a una ciudadanía que exige explicaciones y seguridad. La misma organización denuncia que el presidente ha impuesto un “régimen de terror” violando los derechos humanos de la población civil de forma sistemática.
Las marchas contra Moïse, eso sí, no son fruto de este último episodio de crispación. Desde su llegada al Palacio Nacional ha tenido que hacer frente a un vaivén de protestas. La primera ola importante fue en julio de 2018, ante la dificultad creciente de acceder a alimentos básicos y el alza del precio de los combustibles, una receta sugerida por el Fondo Monetario Internacional para paliar los efectos de la crisis económica. Tras varias jornadas de revueltas, el primer ministro, Jack Guy Lafontant, cercano a Moïse, tuvo que revocar la controvertida medida y dimitió el 14 de julio. El segundo estallido social surgió en noviembre del mismo año a raíz del escándalo de Petrocaribe, el proyecto del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez de venta de petróleo a precios preferenciales a los países caribeños para impulsar proyectos sociales y desarrollar sus infraestructuras locales.
En febrero de 2019, tras la publicación de unas auditorías que destaparon irregularidades en el manejo de cerca de 4.000 millones de dólares que Haití había recibido de fondos de Petrocaribe, se desataron las manifestaciones más violentas hasta la fecha, reprimidas con dureza, que pusieron en aprietos el mandato y el liderazgo de Moïse. Varias decenas de muertos, heridos, el cierre de embajadas y la parálisis de la capital, Puerto Príncipe, fueron el escenario cotidiano durante semanas. Incluso se viralizó el reto Petrocaribe Challenge, impulsado por la activista Velina Elysee, donde las personas se preguntaban: “¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?”. Estas protestas se mantuvieron en 2019 y fueron parte del preámbulo del hastío actual.
Moïse, que hasta ahora ha capeado el temporal, tiene en contra a una parte importante de la sociedad haitiana que pide en la calle el fin de su “dictadura”. Según la encuestadora local Ayiti Nou Vle A, el 68% de los haitianos desconfía de la capacidad del presidente. Moïse ha aplazado las elecciones legislativas previstas en otoño de 2019 durante año y medio por la ola continuada de protestas y cerró el Parlamento en enero de 2020 para gobernar vía decreto. Además, ahora pretende impulsar un referéndum para votar el 27 de junio una reforma constitucional sin el visto bueno de la oposición. El plebiscito estaba previsto para el próximo 25 de abril, pero según el ministro delegado de Asuntos Electorales, Mathias Pierre, las “exigencias técnicas y logísticas impuestas por la BINUH” (la oficina de la ONU en Haití) obligan a retrasarlo un par de meses. Mientras, la comunidad internacional mira con recelo los instintos autoritarios de Moïse y solicita la convocatoria de comicios legislativos y presidenciales, que se celebrarían el próximo 19 de septiembre.
Moïse tiene apoyos, pero con condiciones
El papel de los actores internacionales vuelve a ser crucial para el futuro a corto plazo en Haití. Hasta el momento, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en menor medida, la Unión Europa se han mostrado favorables a que Moïse termine su mandato en febrero de 2022. Pero esos apoyos se han visto condicionados, entre otras, por las decisiones arbitrarias del Ejecutivo haitiano respecto a la jubilación ilegal de tres jueces de la Corte de Casación, entre ellos Mécène Jean Louis, el “presidente interino” designado por la oposición.
Desde la Embajada de Estados Unidos en Haití, que hasta ahora ha sido la institución más fiel al presidente haitiano, se habla de “profunda preocupación” por este movimiento anticonstitucional que puede “socavar las instituciones democráticas haitianas”. La OEA también mostró su preocupación por los últimos acontecimientos y señaló que su cometido como institución es “proteger las instituciones democráticas y los derechos políticos de los ciudadanos”.
Con todo, la comunidad internacional sigue sin mostrar una respuesta conjunta y firme respecto a la crisis de Haití, y la falta de consenso dilata los tiempos y aleja una solución acordada. De momento, la oposición pide a Estados Unidos que no interceda en su revuelta, poniendo al presidente Joe Biden ante el reto de gestionar una situación cada vez más comprometida. La oposición también ha extendido a la ONU este llamado a no intervenir, a través de una carta que ha enviado a la Presidencia del Consejo de Seguridad.
Haití se asoma a un estancamiento entre las posiciones del Gobierno y de la oposición. La oposición, sin avales, ya piensa en hacer reformas, como un Gobierno de transición de al menos dos años para reestructurar las instituciones o fortalecer el poder judicial. Moïse, por su parte, tampoco contempla otra opción que concluir su mandato en febrero de 2022. Así, lo más probable es que la crisis, la violencia y la represión social se alarguen. Otro escenario pasa por la convocatoria de elecciones en septiembre o por que el presidente se comprometa a una transición democrática. Más a largo plazo, una reforma constitucional podría dar mayor estabilidad al país, pero faltan garantías de que el plebiscito de junio vaya a celebrarse. Mientras tanto, la sociedad haitiana vive entre la incertidumbre, el abandono regional y unas perspectivas de futuro depositadas en la intervención de la comunidad internacional.
