En el marco de las marchas convocadas por la oposición venezolana en Caracas el pasado 23 de enero, estas terminaron con una escena que, aunque era un rumor extendido, quizás sonaba algo inverosímil para ser cierto: Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela desde hacía menos de tres semanas, se subía a una tarima y, con la mano derecha alzada y la izquierda sosteniendo un ejemplar de la Constitución, se proclamaba “presidente encargado” —interino— de Venezuela.
Guaidó fundamentaba aquella jugada en el aval que le otorga el artículo 233 de la Constitución que aprobó Hugo Chávez en 1999, el cual reza:
“Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.
Pero este artículo, complementado con el 333 y el 350, no termina de encajar demasiado bien en la lógica que ha seguido Guaidó. Opositores y oficialistas han interpretado de una forma conveniente a sus intereses este artículo, y cada lectura encierra contradicciones con la situación que se vive y el discurso que se ha mantenido.
¿Avala la Constitución la interinidad de Guaidó?
El primer matiz es que la Constitución solo recoge la presidencia interina del presidente de la Asamblea Nacional cuando está electo, es decir, ha ganado unas elecciones, pero todavía no ha tomado posesión del cargo. Si se considerara que la toma de posesión que hizo Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 10 de enero fue legítima y que Maduro es desde entonces presidente en el ejercicio de su cargo, Guaidó no tendría derecho a ser presidente interino. Ante esa falta absoluta, la Constitución recoge otro mecanismo de sucesión presidencial por el sería el vicepresidente quien tendría la responsabilidad de gobernar o convocar elecciones de manera directa.
Pero también podría interpretarse esta situación de otra forma. La oposición aduce que las elecciones del pasado mes de mayo fueron fraudulentas, por lo que la victoria de Maduro y posterior juramentación no tendrían ninguna validez. Aceptando este argumento, la presidencia de Maduro habría acabado aquel 10 de enero y desde entonces Venezuela no tendría presidente. En este escenario, Guaidó tampoco tendría derecho a asumir una presidencia interina, ya que la Constitución ni siquiera prevé una ausencia de poder en la presidencia del país. En un caso así, existe un vacío legal que nadie sabe cómo solventar.
Para ampliar: “Una reelección anunciada en Venezuela”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2018
Solamente habría una lectura por la que Guaidó podría considerarse presidente interino: que Maduro, como presidente electo, ganó las elecciones, pero no juró ante el órgano que marca la Constitución, que es la Asamblea Nacional —si bien se reconoce que de forma excepcional puede ser el TSJ—. Aquí, sin embargo, Guaidó y la oposición estarían asumiendo implícitamente que las elecciones de mayo de 2018 fueron legítimas y el único error de Maduro ha sido de forma.
Por tanto, salvo interpretaciones bastante enrevesadas, la juramentación de Guaidó tiene una base algo endeble atendiendo a la Constitución. De lo que no cabe ninguna duda es que ahora mismo hay un choque de legitimidades entre Maduro y Guaidó, que además se ha trasladado a la escena internacional a través del reconocimiento de esta nueva presidencia por parte de numerosos países del continente americano. Aunque el reconocimiento de un Gobierno es un acto lícito de los Estados según el Derecho internacional, este giro en la legitimación de Guaidó es un serio reto político y, cuanto más se alargue, más enquistada va a estar la situación.
Desde Canadá a Chile, pasando por Brasil, Colombia, Argentina o Estados Unidos, la mayoría de los países americanos se han decantado por Guaidó; los aliados tradicionales de Venezuela, como Cuba, Bolivia o Nicaragua, se han mantenido del lado de Maduro, y únicamente dos países, México y Uruguay, han quedado en una posición intermedia apostando por un proceso de diálogo, una postura ampliamente criticada, pero que los legitima para alojar unas hipotéticas —aunque poco probables— conversaciones. Fuera de América, las reacciones han sido dispares: Rusia, China, Irán o Turquía han respaldado a Maduro mientras la Unión Europea parece decantarse por un ultimátum por el que advierten de que los socios europeos reconocerán a Guaidó si Maduro no convoca elecciones.
La cuestión aquí es que ahora mismo no hay camino abierto como tal y todo se reduce a un juego de suma cero: lo que uno —Maduro o Guaidó— gane lo va a perder el otro. El reconocimiento del presidente interino no reviste ningún cambio efectivo en el país, ya que los mecanismos del Estado y el poder real siguen en manos de Maduro, aunque pueda no ser como el gobernante legítimo. Es más, tal reconocimiento pone cierta presión sobre Guaidó, al que se le presupone cierta capacidad efectiva más allá de un reconocimiento formal.
¿Qué salidas hay sobre la mesa?
El marco legal interno supone un problema gigantesco debido al círculo vicioso de deslegitimaciones entre poderes y organismos del Estado, lo que imposibilita un acercamiento o encauzamiento de la situación a través de un canal constitucional. Cuando la oposición ganó las legislativas de 2015 mediante una supermayoría, el oficialismo maniobró rápidamente nombrando para el TSJ a jueces afines de forma considerada irregular. Poco tiempo después, ese TSJ declaró en desacato a la Asamblea Nacional, lo que fue contestado un año después por la propia Asamblea declarando el abandono del cargo por parte de Maduro.
Desde aquella victoria opositora en el Parlamento, el oficialismo ha ido instrumentalizando otros mecanismos y leyes del Estado en favor de su propia supervivencia política, como ocurrió con las numerosas trabas y obstáculos por parte del Consejo Nacional Electoral al referéndum revocatorio que impulsó la oposición en 2016 o la creación al año siguiente de la Asamblea Nacional Constituyente como un Parlamento paralelo destinado a sustituir a la Asamblea Nacional y no con la finalidad prevista en la Constitución. Con estos antecedentes, el sistema está tan enmarañado y desdibujado que, salvo que todos los implicados se pongan de acuerdo en legitimar un poder u organismo concreto para que marque las reglas del juego y los pasos que seguir, una salida a través de las instituciones es imposible.
Otra posible salida —no necesariamente más deseable— es mediante el Ejército. Los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya declararon su apoyo sin fisuras a Maduro. No debería extrañar: como buena parte de la élite oficialista, son los que más tienen que perder si hay un cambio político. La estrategia desarrollada durante años por Maduro de involucrarlos en las instituciones del Estado con puestos de responsabilidad era, precisamente, para asegurarse su lealtad en momentos como este. Pero no está tan clara, o al menos es un factor de riesgo, la lealtad de los mandos intermedios, menos todavía cuando Guaidó ha prometido una amnistía a todos aquellos militares que se alineen con el presidente juramentado. Sin ir más lejos, el propio Hugo Chávez era teniente coronel cuando llevó a cabo su intento de golpe en 1992.
Para ampliar: “¿Hacia un golpe de Estado en Venezuela?”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2018
En estos últimos años, las asonadas militares han estado muy concentradas y apenas han contado con varias decenas de insubordinados, una cifra claramente insuficiente para un golpe de calado. En cambio, si una o varias guarniciones se sublevasen de forma coordinada —como hizo Chávez o como pasó en Portugal con la Revolución de los Claveles—, el país se vería ante un reto importante que podría llegar a derivar en guerra civil. Lo único que podría llevar a un movimiento total del Ejército para rechazar a Maduro sería que su élite perdiese cualquier incentivo para seguir apoyándolo, y ese escenario solo pasa por un embargo de petróleo estadounidense, una jugada que, por la dependencia que tiene Venezuela de esos ingresos, supondría el colapso total del Estado y una crisis humanitaria de primer nivel en el país.
Con el contexto actual y el que previsiblemente se puede desarrollar en los próximos días, Maduro no tiene demasiados motivos para ceder ante los requerimientos de Guaidó ni de parte de la comunidad internacional y convocar elecciones, aunque informaciones como el traslado de contratistas rusos a Venezuela para proteger al mandatario y la petición del Gobierno de Venezuela, negada por el Banco de Inglaterra, de retirar más de 1.200 millones de dólares en reservas de oro que el país tiene allí depositados denotan cierto nerviosismo en la cúpula gubernamental por cómo se pueden desarrollar los acontecimientos.
Guaidó también tiene ciertas ventajas. Su relevancia pública actual lo blinda, lo que de momento disuade al oficialismo de ir a por su figura, y a su vez es visto por una parte de la población como un carismático outsider centrista —aunque no lo sea, ya que proviene del banquillo de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y uno de los más beligerantes con Maduro— que puede romper la enorme desafección de los venezolanos en los últimos años con los partidos de la oposición y crear un candidato de unidad de cara a unas hipotéticas elecciones. Hasta puede haber ganado cierta legitimidad mediante resultados: tras Henrique Capriles en las presidenciales de 2013, es probablemente el personaje que más cerca ha estado de sacar a Maduro del poder, y ya ha estado haciendo movimientos para financiar un Gobierno paralelo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI y fondos de Citgo, la filial en Estados Unidos de la petrolera estatal PDVSA, cuyos activos están bloqueados como parte del paquete de sanciones económicas a Venezuela, pero que podrían acabar destinados al apoyo a Guaidó.
Si Guaidó consigue recursos económicos para desarrollar una mínima labor de gobierno, la ruptura en Venezuela puede estar a la vuelta de la esquina. Una de las ventajas de la clara asimetría existente en estos primeros días es que uno —Guaidó— apenas tiene poder y el otro —Maduro— lo tiene todo. Si esa balanza se equilibra, el que más tiene que perder puede ver en riesgo su situación y llevar a cabo algún tipo de acción poco meditada o temeraria. Quizá Venezuela sea el rompecabezas definitivo: un ajedrez jugado con piezas que son una matrioska de cubos de Rubik.
