Pocas palabras suscitan tanta desconfianza en Europa como “nacionalizar”. El sueño húmedo de la izquierda más socialista es también la peor pesadilla de la derecha. Unos dicen que el Estado debe garantizar servicios básicos como la energía, el transporte o el agua, y participar en sectores estratégicos como la banca o la aviación; otros, que eso es propio de regímenes comunistas y que es mejor que el mercado se autorregule. El último ejemplo de este eterno debate surgió en España este mismo enero, cuando la ola de frío provocada por la borrasca Filomena coincidió con una subida histórica de la factura de la luz.
Con todo, las empresas públicas viven un nuevo amanecer en la Unión Europea. La crisis económica de 2008 puso fin a décadas de privatizaciones y liberalismo, y el coronavirus ha confirmado el cambio de tendencia. “No dudaré en utilizar todos los medios disponibles para proteger a las grandes empresas francesas. Eso se puede hacer mediante la recapitalización, adquiriendo acciones, e incluso puedo usar el término ‘nacionalización’ si es necesario”, llegó a afirmar el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, en marzo del pasado año.
Países como Hungría y Polonia ya estaban reforzando desde hace años su estructura empresarial pública para ganar autonomía y debilitar la propiedad extranjera, pero otros como Alemania o Francia han cambiado su discurso recientemente y de forma radical. En el país germano, la participación estatal en empresas privadas se había visto durante años como una violación de la ortodoxia del libre mercado, pero en mayo el Gobierno rescató a la aerolínea Lufthansa con 9.000 millones de euros a cambio del 20% de sus acciones. Las cosas han cambiado, y el renovado entusiasmo por las empresas públicas en el Viejo Continente ha llegado para quedarse.
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