Al menos 100.000 civiles ucranianos se han unido a las Fuerzas de Defensa Territorial, un cuerpo de voluntarios luchando contra la invasión rusa. Respondieron a la llamada del presidente Zelenski, que convocó a todos los ciudadanos dispuestos a defender el país. El Gobierno ucraniano les ha armado y entrenado, y han contribuido a defender Kiev y a recuperar otras zonas del país de la mano del Ejército regular y varios grupos paramilitares.
Antes o después esos civiles deberán entregar las armas que recibieron. Pero la historia muestra que no es fácil desarmar a una población que se siente insegura, aunque la paz dependa de ello. Colombia y Líbano lo han comprobado. Sea cual sea el resultado de la guerra, Ucrania terminará traumada y quizá también polarizada. Si además su población está armada, ese es un cóctel molotov para más violencia.
Armar a los civiles, un riesgo a largo plazo
Cuando termine la guerra, la población ucraniana arrastrará al menos tres consecuencias explosivas. Primero, estará traumatizada por un conflicto de grandes dimensiones: según Naciones Unidas, hasta el 9 de abril habían muerto al menos 1.700 civiles y se contaban casi 2.500 heridos, y más de 4,5 millones de personas habían huido del país. Además, la violencia generalizada de la guerra no viene solo del enemigo, sino que también se da entre los propios ucranianos.
Segundo, Ucrania también saldrá aún más polarizada de la guerra. Antes del conflicto parte del país gravitaba hacia Rusia, mientras la mayoría lo hacía hacia Europa. Y ya existían grupos de extrema derecha y neonazis como Azov, que también han entrenado civiles y que saldrán reforzados de la contienda. En tercer lugar, esta población traumatizada y polarizada conservará las armas provistas por el Gobierno para defenderse de la invasión rusa.
Esos tres ingredientes son una receta perfecta para más violencia una vez acabado el conflicto. Líbano, por ejemplo, es el undécimo país con más armas de propiedad privada per cápita y su población aún posee armas de la guerra civil de los años ochenta. Colombia, Sudán, Haití o la República Democrática del Congo tienen problemas parecidos. Tras una guerra, el número de muertes por violencia suele ser elevado. El trauma y la percepción de inseguridad deterioran la confianza en los servicios policiales, lo que lleva a muchos ciudadanos a conservar las armas para proteger a sus familias y a sí mismos contra los grupos criminales e insurgentes.
La guerra acaba; la violencia, no
La línea que separa la guerra y la posguerra, por tanto, es a menudo borrosa. Un alto al fuego o un acuerdo de paz no siempre son puntos de inflexión definitivos. En el conflicto, las armas no solo se usan contra el enemigo, sino que permiten limitar la libertad y coartar a quienes no las tienen. Con ellas se asesina y masacra, se quitan pertenencias y se obliga a las personas a trabajar o a unirse al combate. En el fondo, las armas permiten que la guerra continúe: que sigan circulando aumenta el riesgo de violencia y pone en peligro la paz.
De hecho, esas armas contribuyen al auge de crímenes y la aparición de nuevos grupos violentos en la posguerra. Irónicamente, en casi todos los casos recientes en los que se ha armado a civiles, estos han acabado percibiendo mayor inseguridad tras el final de la guerra que durante esta. En El Salvador o Sudáfrica los civiles incluso corrían más riesgo de sufrir una muerte violenta o una lesión grave una vez acabado el conflicto. Por eso la transición a la paz incluye el reto adicional del desarme: convencer a la población de que conservar armas de fuego no implica paz o seguridad.
El desarme es fundamental, pero complicado
El desarme se ha convertido en parte fundamental de las operaciones de mantenimiento de la paz, junto con la desmovilización y reintegración de los combatientes y la reconstrucción. Para los civiles armados en Ucrania también será un momento difícil y emotivo: desprenderse de un instrumento que les ha protegido y que les da poder no será fácil, sobre todo si ven que sus motivaciones políticas o económicas no se van a cumplir. Las bandas criminales o grupos paramilitares podrían valerse de esas armas para negociar con el Gobierno, lo que complica aún más el proceso.
Los desarmes siempre han resultado arduos, en muchos casos porque hay incentivos económicos para conservar las armas. Durante el conflicto en Colombia algunos miembros de las FARC se enriquecieron con el narcotráfico y los secuestros, y llegado el momento se apartaron de las negociaciones de paz para poder seguir en la clandestinidad y mantener el negocio. En Líbano, después del acuerdo de paz de 1989, la población ha mantenido la división sectaria heredera de la guerra civil y ha sido muy reacia a entregar las armas, que vuelven a empuñar en momentos de tensión social como las protestas del último año.
Por si fuera poco, aunque los procesos de desarme sean vitales para la paz, forman parte de negociaciones políticas, lo que implica tensiones. Por eso a veces se dejan para el final y se enmarcan en discusiones más amplias sobre la seguridad y distribución de poder futuras. Pero sin desarme es difícil afianzar un acuerdo de paz y una seguridad política, social y económica. En Ucrania, el fin de la guerra será solo el primer paso en ese camino hacia la estabilidad.