Aruba es la típica isla caribeña que cumple uno por uno los tópicos que se le podrían adjudicar: pequeña, con playas de arena blanca y agua cristalina y señalada durante años como un paraíso fiscal de ultramar al amparo del Reino de los Países Bajos —aunque la Unión Europea decidió retirar tal estatus hace apenas unos meses—. Sin embargo, en la isla neerlandesa ocurren cosas extrañas. Aunque sus minas de oro se agotaron a principios del siglo XX, el territorio continúa exportando este mineral —en pequeñas cantidades—. Y esa paradoja es la diminuta punta de un gigantesco iceberg que se extiende hasta Venezuela y mezcla minería ilegal con crimen organizado e ingentes cantidades de geopolítica.
Hace años la OCDE alertaba del papel de los territorios neerlandeses en el Caribe como puntos clave del tráfico de oro extraído en Colombia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte el foco se ha desplazado a Venezuela y su cada vez más precaria situación política y económica. Buena parte del oro que transita por Aruba —a menudo de forma ilegal— tiene como origen el país venezolano, y es el resultado de un expolio a gran escala de las riquezas naturales del país. Esto tiene un impacto elevado en los ingresos del Estado y a su vez supone otro elemento de enriquecimiento para la élite gubernamental y del oficialismo, además de un potenciador de la fragilidad del Estado —cuando no directamente de su ausencia— en determinadas zonas del país.
Sobre el papel era un plan sin fisuras. En 2011 Hugo Chávez, ya diezmado por el cáncer que le llevaría a la tumba, presenta un proyecto para diversificar la oferta de recursos naturales de Venezuela, muy dependiente del petróleo durante décadas y que vislumbraba sobre el horizonte las consecuencias que un barril de crudo a la baja podía tener para la economía nacional. Así se pone sobre la mesa la idea del Arco Minero del Orinoco, una gigantesca zona enclavada al sur del país, en el estado Bolívar, orientada a la extracción de recursos minerales con elevada demanda, como el oro o el coltán.
Pero Chávez moriría a los pocos meses, y el proyecto quedaría enterrado con él. Maduro decidió retomarlo en 2016 con los mismos objetivos que tenía en mente su predecesor, pero el contexto económico había cambiado y Venezuela tenía muchos menos recursos para implementarlo de una forma adecuada. Por ello, el presidente se vio obligado a hacer ciertos cambios. La idea inicial era que esta explotación de recursos se llevase a cabo por parte del Estado mediante distintas empresas públicas como Minerven, ayudadas de inversión extranjera. Sin embargo, este enfoque se volvió irreal en un país en el que la inflación se había desbocado y la seguridad jurídica era mínima. A cambio, la solución fue liberalizar al extremo la extracción de oro permitiendo la entrada de actores de todo tipo, desde particulares a grupos paramilitares, creándose un sistema en el que, aunque en la teoría es el Estado quien tiene el monopolio de la extracción y comercialización del oro —mediante Minerven y el Banco Central de Venezuela—, en la práctica supone un entramado de intermediarios plagado de corrupción y actores criminales. Para el Estado es también un círculo vicioso: por un lado necesita participar de estas redes si quiere obtener algún rédito, aunque sea a costa de perpetuar su propia debilidad; en la otra cara de la moneda, la miríada de grupos criminales que se lucran con la extracción ilegal de oro son los primeros interesados en que el Estado se mantenga débil.
Para ampliar: “Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro”, Efecto Cocuyo, 2019
Actualmente se calcula que existen cerca de 300.000 mineros ilegales repartidos en el arco del Orinoco. Muchos de ellos han llegado de otras partes del país, atraídos por unas esperanzas económicas que en sus lugares de origen son una utopía debido al colapso del bolívar y a la carestía de todo tipo de productos y servicios básicos. Las minas en las que trabajan, muchas de ellas ilegales y de construcción totalmente improvisada, están controladas por bandas criminales llamadas pranes —oficiosamente, el acrónimo de Preso Rematado Asesino Nato—, unas organizaciones que, aunque tienen su origen en las prisiones venezolanas, extienden sus redes también fuera de las mismas, especialmente a aquellas zonas donde existe una fuerte actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes y otros recursos sumamente lucrativos, como el oro. Los mineros que trabajan en ellas tienen que pagar un porcentaje de lo que obtienen al jefe local que controle la mina o la zona en la que esta se encuentre, y a cambio este provee de un mínimo orden y aplica su ley para que el negocio continúe funcionando. Por lo general, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), escasa en efectivos, recursos e incentivos, no se inmiscuye en los asuntos de los pranes a cambio de generosas cuantías del oro recaudado para los mandos militares destacados en la zona. El mineral que no sirve directamente a un pago por protección acaba, sobre todo el de los mineros, en casas de compraventa de oro, donde obtienen ingresos muy superiores a los que podrían tener con trabajos legales; el de los grupos de crimen organizado o mandos militares emprende un camino de contrabando que busca obtener importantes rentabilidades fuera del país. Incluso el propio Banco Central de Venezuela acaba entrando a este juego, comprando oro en esta maraña de productores que luego intentará colocar en bancos de Emiratos Árabes o Turquía.
Como era de esperar, esta situación en la zona amazónica ha sido también un foco de atracción para otros grupos que tienen con Venezuela —o más bien con el oficialismo venezolano— importantes nexos. Se sabe que grupos colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o disidentes de las FARC han encontrado en la explotación ilegal y el contrabando de oro abundantes beneficios para la financiación de su causa, una diversificación que abarca otras actividades criminales como el narcotráfico, sobre todo de cocaína. Adicionalmente, el amparo que encuentran estas organizaciones en suelo venezolano contribuye a la perpetuación del conflicto en la vecina Colombia.
Para ampliar: “Cómo afecta al narco la crisis en Venezuela”, Eduardo Saldaña en El Orden Mundial, 2019
Cuando los precarios equilibrios existentes en las zonas mineras se rompen —por incumplimientos o por voluntades de algún tipo—, el resultado es siempre el mismo: masacres —como la de Tumeremo en 2016— y violentos cambios de poder. Esto puede abarcar desde mineros que no pagan la cuota que deben y acaban recibiendo una paliza o la muerte hasta conflictos entre grupos criminales por la explotación de determinados yacimientos, pasando por la entrada de la GNB en acción si la cúpula militar o política ha decidido que un pran ha de ser relevado —por no cumplir lo pactado o porque conviene que sea otro grupo el que asuma el control—.
El resultado para el Estado venezolano de todo este sistema es absolutamente ruinoso. El oro es un sector nacionalizado desde el año 2011, y la ley marca que el Banco Central de Venezuela es el único organismo autorizado al que vender este metal precioso y el único que puede venderlo a su vez al exterior, un oro que debe ser proporcionado por Minerven. Esto es sobre la teoría. En la práctica tanto Minerven como el propio BCV apenas pueden ejercer las disposiciones legales vigentes en una maraña de compradores y vendedores sumida en la más absoluta corrupción. Es cierto que el Estado acaba consiguiendo lingotes para sus bóvedas, pero también se da por hecho que la inmensa mayoría del oro acaba saliendo de una forma u otra por todas las fronteras del país, desde la Guyana hasta la isla de Aruba por tierra, mar y aire.
Las reservas de oro venezolanas —los lingotes, no los yacimientos auríferos— no han hecho más que descender desde hace años, ya que es de los pocos activos estatales que han mantenido su valor en los mercados internacionales en un país donde todo, desde el crudo hasta la moneda, se ha devaluado. Cuando estalló la crisis financiera mundial en 2008, Chávez tenía más de 40.000 millones de dólares en reservas de oro, hoy Maduro tiene menos de 8.000. Así, continúa siendo una de las pocas herramientas que mantiene el oficialismo para respaldar la maltrecha economía, aunque cada vez con menor margen. Precisamente por eso las sanciones de Estados Unidos también han apuntado a esa vía de financiación del Estado, algo que se puede interpretar contrario al derecho internacional, como también lo es la actitud de Venezuela al no hacer esfuerzos activos por ponerle freno a la enorme red de crimen organizado que se ha generado en torno al oro, algo que está marcado en varias convenciones de Naciones Unidas.
Sea como fuere, muchos bancos o refinerías de oro por medio mundo llevan un tiempo evitando hacer compras de oro a Venezuela, sea por haber recibido sanciones de Estados Unidos o por miedo a sufrirlas. Suiza, por ejemplo, que era un comprador habitual del oro que circulaba por Aruba, se bajó en 2018 de ese tipo de tratos al evidenciarse que esas transacciones podían no ser del todo limpias. Pero en este mundo rara vez se cierra una puerta sin que se abra una ventana, y para el oficialismo venezolano esa ventana se llama Turquía. El presidente Erdogan se ha convertido en un aliado fundamental de Maduro de cara a burlar el aislamiento internacional al que está sometido el presidente y su élite. Así, decenas de toneladas de oro se han subido durante meses en las bodegas de vuelos de Turkish Airlines en el aeropuerto de Maiquetía con destino al país euroasiático. A cambio, Ankara proporciona numerosos productos básicos a Venezuela —como pasta o leche en polvo— para ser distribuida en los CLAP, el sistema gubernamental de distribución de alimentos. Un sistema de gana-gana en el que Turquía puede estar arriesgando demasiado: se arriesga a que Estados Unidos pierda la paciencia amagando con echarse en los brazos de Rusia al tiempo que, previsiblemente, consigue oro barato para respaldar una lira que lleva tiempo en una senda descendente y con evidentes debilidades.
Pero este sistema es finito. Venezuela no tiene reservas de oro eternas; poco a poco están desapareciendo y no consigue recolectar lo suficiente del subsuelo o de los actores criminales como para poder frenar el déficit de este metal en sus bóvedas. También pende la cuestión, como pasa con el petróleo, de qué ocurrirá cuando no haya suficiente oro para todo el mundo, sea para quienes lo extraen para ganarse la vida o para quienes se lucran en semejante trama delictiva. Nadie duda de que Venezuela lleva una deriva contrarreloj, pero tampoco nadie sabe con certeza cuándo se acabará el tiempo.
Para ampliar: “¿Hacia un golpe de Estado en Venezuela?”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2018
