De las 38 agencias de la Unión Europea, Frontex es una de las más peculiares. Encargada de velar por la seguridad de las fronteras comunitarias, en sus inicios en 2004 contaba con bajo presupuesto y poco personal, pero desde la crisis migratoria de 2015 y dos reformas en 2016 y 2019 su partida no ha parado de aumentar. Ahora está previsto que alcance los novecientos millones de euros en los próximos años, como parte del mayor incremento en el nuevo presupuesto a largo plazo de la UE para el ámbito “Migración y fronteras”.
Otro rasgo distintivo de Frontex es que su personal ha sido el primero en ser uniformado por la UE, algo de lo que la propia agencia presume en redes sociales. Además, según un informe de la fundación Por Causa, los agentes tienen autorización desde el pasado enero para portar y utilizar armas, que les han sido provistas con otros accesorios como radares, drones, sistemas de verificación de documentos y de reconocimiento facial o vehículos. El gasto habría sido de cinco millones de euros. De cara a 2027, se espera que el cuerpo alcance los 10.000 agentes.
Ese crecimiento ha descontrolado a la agencia y su personal y ha generado graves polémicas. Frontex ha sido acusada de realizar devoluciones forzosas o en caliente. Es decir, de devolver a los migrantes de forma ilegal e inmediata, impidiéndoles la posibilidad de conseguir asilo. Según un análisis de The Guardian, los Estados miembros de la UE, con el apoyo de Frontex, llevaron a cabo devoluciones en caliente de 40.000 solicitantes de asilo en las fronteras europeas durante la pandemia, causando la muerte de al menos 2.000 personas.
Esquivar la normativa europea e internacional
Al ser una agencia de la Unión Europea, Frontex debe operar conforme a su Carta de Derechos Fundamentales, que incluye el derecho de asilo, y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Debe respetar también las demás normas de derecho internacional, como el principio de no devolución, dispuesto en la Convenc...
