El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, hasta hace poco también senador, se ha enfrentado a la Corte Suprema en varias ocasiones, pero ninguna acusación había llegado tan lejos. Su detención domiciliaria, temporal, es el capítulo más reciente de un proceso que comenzó en 2012 cuando el senador Iván Cepeda lo denunció por vínculos con grupos paramilitares. La defensa de Uribe acusó a Cepeda de presionar a los testigos, pero en 2018 la Corte determinó, irónicamente, que no había pruebas contra Cepeda y que, no obstante, sí había indicios de manipulación contra Uribe. Este doble giro de las acusaciones es el que finalmente ha llevado a la detención del expresidente a petición de la Corte Suprema.
La noticia ha supuesto un duro golpe para el uribismo. Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente, ha pedido un proceso constituyente que aborde la reforma del poder judicial. Iván Duque, actual presidente y heredero político de Uribe, ha coincidido con el fondo, pero sin apoyar la constituyente. En realidad, el debate sobre la reforma judicial no es nuevo, lleva dos décadas abierto. Pero la detención de Uribe no es un buen momento para relanzarlo, porque la oposición, que apoya la decisión de la Corte, no está dispuesta a correr el riesgo de que la reforma judicial beneficie a Uribe en esta causa.
La figura de Uribe sigue polarizando Colombia
El fin del mandato presidencial de Álvaro Uribe (2002-2010) supuso un punto de inflexión para la derecha colombiana. Su sucesor, el centrista Juan Manuel Santos, impulsó un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, al que Uribe se oponía, para poner fin a un conflicto de cincuenta años. Pese a que Santos perdió el referéndum de 2016 con el que esperaba validar el proceso, consiguió la disolución de las FARC, que hoy son un partido político.
Sin embargo, el capital político de los antiguos guerrilleros apenas ha crecido desde la firma del acuerdo de paz, y en las elecciones legislativas de 2018 apenas obtuvieron un 0,34% de los votos. Por el contrario, Uribe sigue siendo el principal líder de la derecha colombiana, aunque su mensaje del “miedo” contra la guerrilla ha perdido efecto tras la reconversión de las FARC. Su popularidad a finales de 2019 ascendía a apenas un 26% frente al 75% que llegó a tener durante su presidencia. Pese a todo, en 2018 se convirtió en el senador más votado de la historia del país, cargo al que ha renunciado tras su detención con el objetivo de que su caso pase a la justicia ordinaria.
La detención de Uribe ha aumentado la polarización en torno a su figura. Sus seguidores han cargado contra la decisión de la Corte, a la que acusan de estar politizada. Una carta pública de sus simpatizantes, el apoyo de veintiún expresidentes iberoamericanos y de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, así como manifestaciones en toda Colombia reclaman la libertad de Uribe. En el ámbito institucional, el partido de Uribe, Centro Democrático, ha propuesto iniciar un proceso constituyente para reformar la justicia, y el actual presidente, Iván Duque, no ha olvidado cuán decisivo fue Uribe para su candidatura presidencial y ha asegurado creer en la inocencia de su mentor. Sin embargo, Duque rechaza la propuesta de constituyente que propone su propio partido y apuesta por su propia reforma del poder judicial.
Mientras los seguidores de Uribe cierran filas sin discrepancias en el fondo, opositores de todos los colores apoyan la decisión de la Corte Suprema y critican presiones a la Justicia. También han criticado la propuesta derechista de reforma judicial y la renuncia de Uribe a su cargo de senador para intentar que la causa pase a la justicia ordinaria. El senador Iván Cepeda, de la oposición, también ha denunciado públicamente las amenazas personales que está sufriendo.
Por otro lado, las FARC sostienen que la detención de Uribe es un paso más para la reconciliación y han criticado la postura de Duque. Durante su etapa presidencial, Uribe lanzó una política de mano dura contra las FARC caracterizada por “la violencia contra la violencia”. Fue la época del auge del paramilitarismo, que está en el origen de la actual causa contra Uribe. Y aunque el proceso de paz con las FARC acabó bien pese a la resistencia de Uribe, la paz todavía no es una realidad en Colombia y la detención del expresidente hace peligrar la reconciliación.
El largo camino hacia la reforma judicial
El proceso contra Uribe ha vuelto a poner de actualidad la reforma del poder judicial, un tema recurrente en la agenda política colombiana que lleva casi dos décadas siendo discutido. Todos los intentos de reforma han compartido el objetivo de acabar con la corrupción, reducir el déficit presupuestario, descongestionar los procesos y modernizar el sistema judicial, y todos han fracasado entre acusaciones de politización.
El último intento tuvo lugar en 2012 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. La propuesta fue inicialmente aprobada por el Congreso y estuvo a punto de salir adelante. Sin embargo, durante la aprobación del texto definitivo, los congresistas se extralimitaron e incorporaron a la propuesta su propio blindaje judicial y el de los altos funcionarios, lo que les daba inmunidad ante posibles casos de corrupción. El cambio de última hora fue rechazado por la sociedad civil y el propio Santos, que bloqueó el texto, y finalmente la reforma fue descartada.
La idea de reformar el poder judicial tampoco es nueva para Duque. Cuando todavía era precandidato a las presidenciales, la propuesta era compartida por todos sus adversarios en las primarias del Centro Democrático. En aquel momento, todos suscribieron la idea estrella del uribismo: la corte única, conocida como “Tribunal Constitucional Supremo”. Esta propuesta, defendida por Uribe desde 2014, pretende hacer más eficaz el poder judicial fusionando todos los altos tribunales en uno solo. De esta forma, las competencias de las actuales Corte Suprema, la Corte Constitucional o la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros órganos, quedarían bajo la competencia de una única corte de magistrados vitalicios. La oposición se opuso a la propuesta, entre otras cosas, porque veía en ella un intento del uribismo de desmantelar la Corte Constitucional, que impidió que Uribe se presentara a un tercer mandato en 2010.
Para desgracia del uribismo, Duque descartó la idea de la corte única cuando llegó a la presidencia, lo que le supuso una confrontación directa con Uribe. La propuesta de abrir un proceso constituyente lanzada ahora por Centro Democrático, que Uribe sigue dominando, incluye la creación de la corte única como uno de sus elementos clave para, supuestamente, despolitizar la justicia. Sin embargo, unificar los altos tribunales supondría la desaparición de la Corte Suprema, que acaba de ordenar la detención de Uribe, por lo que podría afectar al desarrollo del proceso, y además desmantelaría la Corte Constitucional que ya se enfrentó a Uribe en 2010. Tanto la oposición como el presidente Duque están en contra de la reforma constitucional, por lo que este camino está descartado, aunque ensombrece la propuesta de reforma del propio presidente.
La detención de Uribe ensombrece la propuesta de Duque
La propuesta de reforma judicial de Duque es anterior a la detención de Uribe —empezó a prepararse en 2018—, pero no es casual que el presidente la haya relanzado precisamente ahora. De forma implícita, Duque ha convertido a Uribe en el eje discursivo de su proyecto, defendiendo el legado de su mentor y poniendo más que nunca el foco en la importancia de proteger las garantías y derechos de los procesados, sobre todo en relación con la presunción de inocencia. Duque también ha defendido que, aunque existan discrepancias sobre las prioridades, todo el arco político y académico defiende la necesidad de una reforma judicial. No obstante, la oposición rechaza cualquier reforma en el contexto de la detención de Uribe por temor a que pueda socavar la actuación de la Corte Suprema.
Como elemento añadido, algunos puntos de la propuesta de Duque nunca han terminado de convencer a los expertos. El intento de terminar con el salto a la política de los altos jueces endureciendo los criterios de elección es visto con buenos ojos. La propuesta considera incrementar a cincuenta años la edad mínima para ejercer, ampliar su periodo de ejercicio a doce años y además inhabilitarlos para optar a un cargo público durante los siguientes cuatro años. Pero la privatización de la justicia que implicaría dar mayor protagonismo a los árbitros privados en algunos procesos levanta suspicacias, al igual que la pérdida de autonomía que supondría dar más importancia al “precedente judicial”, que obliga a dictar sentencia conforme a precedentes similares para garantizar la seguridad jurídica.
Si la reforma del poder judicial pretende recuperar la confianza de la ciudadanía, no puede abordarse en un contexto de polarización como el actual. Seis de cada diez colombianos se sentían insatisfechos y desamparados con la justicia en 2017. Con todo, esta preocupación compartida no supera el recelo que ha provocado que Duque relance la propuesta tras la detención de Uribe, por lo que al actual presidente se le ha abierto un nuevo frente en el momento más complicado de su mandato. Dos años después de llegar a la presidencia, Duque afronta la pandemia con malas previsiones económicas y el repunte de la violencia y el conflicto social.
La detención de Uribe, así como el resto de procesos abiertos contra él, ponen de relieve que ningún colombiano es impune y abren un capítulo necesario en la construcción de la paz diez años después del fin de su mandato. Este episodio pondrá en jaque la independencia de la justicia y agudizará la polarización social en Colombia, pero también ofrece una oportunidad para que la sociedad colombiana se fortalezca y recupere la confianza en las instituciones en el largo plazo.
