El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, hasta hace poco también senador, se ha enfrentado a la Corte Suprema en varias ocasiones, pero ninguna acusación había llegado tan lejos. Su detención domiciliaria, temporal, es el capítulo más reciente de un proceso que comenzó en 2012 cuando el senador Iván Cepeda lo denunció por vínculos con grupos paramilitares. La defensa de Uribe acusó a Cepeda de presionar a los testigos, pero en 2018 la Corte determinó, irónicamente, que no había pruebas contra Cepeda y que, no obstante, sí había indicios de manipulación contra Uribe. Este doble giro de las acusaciones es el que finalmente ha llevado a la detención del expresidente a petición de la Corte Suprema.
La noticia ha supuesto un duro golpe para el uribismo. Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente, ha pedido un proceso constituyente que aborde la reforma del poder judicial. Iván Duque, actual presidente y heredero político de Uribe, ha coincidido con el fondo, pero sin apoyar la constituyente. En realidad, el debate sobre la reforma judicial no es nuevo, lleva dos décadas abierto. Pero la detención de Uribe no es un buen momento para relanzarlo, porque la oposición, que apoya la decisión de la Corte, no está dispuesta a correr el riesgo de que la reforma judicial beneficie a Uribe en esta causa.
La figura de Uribe sigue polarizando Colombia
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