España está aumentando el gasto en defensa para alcanzar el compromiso del 2% antes de fin de año. El Gobierno ya anunció en abril un gasto extraordinario de 10.471 millones de euros, al que sumó otros 4.000 millones este mes de junio a través de modificaciones presupuestarias. Sin embargo, algunas inversiones llamaron la atención: además de mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas o la ciberseguridad, las partidas incluyen la fabricación y adquisición de nuevas capacidades en telecomunicaciones y medios para afrontar la lucha contra el cambio climático o gestionar desastres naturales. Otros miembros de la OTAN como el Reino Unido, Francia o Polonia también han anunciado aumentos de gasto en este sentido.
A menudo se asocia el concepto de seguridad a la defensa de la soberanía e independencia, la integridad territorial y el orden constitucional de un Estado. Pero va mucho más allá. A estos desafíos tradicionales se suman amenazas crecientes ya conocidas como los ciberataques y las campañas de desinformación, y otras que no se consideraban como tal, como las crisis sanitarias, las tensiones energéticas o los fenómenos climáticos extremos. Las inversiones para hacerles frente apuntan a lo mismo que las del ámbito militar tradicional: sostener tanto la estabilidad interna como la proyección internacional de los Estados.
Las nuevas amenazas del siglo XXI
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