Justo en el centro de la Bebelplatz de Berlín, flanqueada por los edificios de la ópera y la Universidad Humboldt, se abre un agujero acristalado que permite ver unos pocos metros más abajo una serie de estanterías vacías. Tal alegoría sirve para recordar la quema de 20.000 libros que allí ocurrió en mayo de 1933, probablemente una de las imágenes más simbólicas de la represión nazi. A no mucha distancia, en las cercanías del edificio del Reichstag, otro monumento hace lo propio para recordar a los gitanos exterminados durante el nazismo; a su vez, a pocos metros, un gigantesco soldado soviético recuerda a los berlineses quién ganó la guerra.
Pero los alemanes están empezando a olvidar. O, al menos, a desligarse de aquella historia. El asesinato en junio del político Walter Lübcke, miembro de la CDU —el partido de Merkel—, fue, a efectos de atención mediática, la gota que colmó el vaso. Primero, por la gravedad que supone un asesinato con tintes políticos en un país democrático; segundo, por lo simbólico, ya que supone el primer asesinato de un político a manos de la extrema derecha en el país desde la época nazi. Sin embargo, Alemania ya había estado cerca de vivir este escenario anteriormente. En 2017 otro político local, esta vez en el pequeño pueblo de Altena (Renania del Norte-Westfalia), fue atacado con un cuchillo. Solo dos años antes, en plena crisis de refugiados, la alcaldesa de Colonia estuvo a punto de ser degollada a manos de un atacante que se quejaba de la permisiva política migratoria del Gobierno. Las amenazas, físicas o virtuales, han proliferado contra los políticos por todo el país, y algunos ya han buscado protección. Con todo, no es un fenómeno exclusivo de Alemania: en buena parte del mundo occidental los ataques supremacistas están al alza, con el añadido de que los ataques producidos en cualquier parte del mundo inspiran a otros terroristas a atentar meses o años después.
El aumento del número de radicales en suelo alemán en los últimos años...
