Con las inundaciones en Alemania, los incendios en Grecia o el récord europeo de altas temperaturas en Italia, 2021 ha evidenciado la emergencia climática en Europa más que nunca. Ante esta crisis, la Unión Europea lanzó a finales del 2019 su Pacto Verde, un plan dotado de un billón de euros para financiar su objetivo climático más ambicioso: ser el primer continente en alcanzar la neutralidad climática para 2050.
Para acelerar este compromiso, Bruselas presentó el pasado 14 de julio el Fit for 55, un paquete de reformas para asegurar la reducción de las emisiones de CO2 al menos en un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. Este programa tiene un fuerte componente transformador: se ha presentado no solo como una hoja de ruta hacia la neutralidad climática, sino como toda una estrategia de desarrollo económico. Sin embargo, no está exento de polémica, sobre todo porque extiende el principio de “quien contamina, paga” a nuevos sectores.
El plan pasa por reformar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, el mercado donde se subastan permisos para emitir CO2 y cuya recaudación se destina principalmente a invertir en renovables. Unas 10.000 entidades del sector energético y la industria pesada, además de las aerolíneas que operan en el espacio comunitario, ya participan en este mecanismo. Bruselas quiere ampliarlo al transporte marítimo, endurecerlo en la aviación y crear un nuevo mercado de derechos de emisión para el transporte por carretera y la climatización de edificios. Es decir, moverse por carretera y calentar los hogares será cada vez más caro.
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