En el ensayo número 65 de El Federalista, Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, no duda en tildar el proceso de impeachment de “político”, afirmando que “raras veces dejará de agitar las pasiones de la comunidad, dividiéndola en partidos más o menos propicios o adversos al acusado”, y señalando el peligro de que “la decisión esté determinada por la fuerza comparativa de los partidos, en mayor grado que por las pruebas efectivas de inocencia o culpabilidad”. Este proceso típico de sistemas presidencialistas esconde, detrás de su dificultad legislativa, un considerable peligro político no sólo para quien se vea sometido a él, sino para la comunidad política que lo soporte.
En Estados Unidos, escándalos políticos de gran magnitud han protagonizado procesos de destitución. Es el caso de Richard Nixon y el Watergate o Bill Clinton y Monica Lewinsky. Sin embargo, en contra de lo que se suele pensar, ningún presidente ha sido destituido en la historia de Estados Unidos, ya que ningún impeachment ha llegado a completarse. De hecho, solo se llegó a iniciar en los casos de Andrew Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton. La dificultad y la magnitud política de dicho proceso hacen muy difícil que logre su objetivo, un patrón que es probable que continúe en el caso de que Donald Trump sea objeto de él en el futuro.
Cómo funciona
La Constitución estadounidense señala que el presidente, el vicepresidente y todos los altos cargos federales pueden ser cesados de su cargo mediante un proceso de destitución tras haber sido condenados por traición, soborno u otros crímenes y delitos. No sólo se debe probar que los delitos se cometieron, sino que el acusado ha de ser juzgado con todas las garantías. Sin embargo, al tratarse de un mecanismo de control del poder más del sistema político estadounidense, es el poder legislativo quien asume la tarea de juzgar y condenar, encargándose la Cámara de Representantes de promover el proceso y haciendo el equivalente de ...
