A Danni Askini, una enfermera estadounidense de 38 años, le acababan de cambiar la medicación de su tratamiento contra un linfoma. Por eso, cuando a finales de febrero comenzó a sentir falta de aire, dolor en el pecho y jaqueca, lo primero que hizo fue llamar a su oncólogo. Él le recomendó que fuera directamente a urgencias. Allí, los médicos le dijeron que se trataba de una neumonía y la mandaron de vuelta a casa.
Días después Danni empeoró. Empezó a tener fiebre alta y ataques de tos. No fue hasta su tercera visita a urgencias cuando los médicos accedieron a hacerle la prueba del coronavirus, que dio positivo. La enfermera fue informada de los resultados una vez en casa, en la recta final de su recuperación, y no tuvo mayores complicaciones para derrotar a la enfermedad. A pesar de ello, Danni recibió unos días más tarde una noticia que la dejó fuera de juego: debía abonar una factura de 35.000 dólares por la prueba y el tratamiento a los que había sido sometida. El coronavirus la sorprendió en medio de una mudanza y no estaba asegurada. Ahora no sabe cómo va a afrontar semejante gasto.
La historia de Danni Askini es tan solo una pequeña muestra de la avalancha que se le viene encima al sistema sanitario estadounidense. El coronavirus va a hacer tambalear un modelo en el que la presencia estatal es prácticamente testimonial y la salud de los ciudadanos se entiende como un negocio. Mientras Donald Trump confiaba en tener “iglesias abarrotadas” y “abrir” el país en Semana Santa, Estados Unidos se ha convertido en el foco mundial de la pandemia y su sistema sanitario no ofrece garantías de que el país pueda salir indemne de tal desafío.
Para ampliar: “Médicos en Wall Street: el sistema sanitario estadounidense”, Adrián Albiac en El Orden Mundial, 2017
Precios desorbitados en el país que más gasta en sanidad
Estados Unidos destina el 17% de su PIB a sanidad, lo que le convierte en el país desarrollado que más invierte en esta área; de hecho, se espera que el gasto aumente un 5,5% al año durante la próxima década. Al mismo tiempo, EE. UU. tiene las tasas de mortalidad infantil y materna más elevadas del mundo desarrollado. La primera potencia económica tampoco sale bien parada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas relacionados con salud pública: está situado en la posición veinticuatro de la lista, tan solo un puesto por encima de Brunéi.
La esperanza de vida también es un indicador del estado del sistema sanitario estadounidense. En dirección opuesta a la dinámica mundial, la esperanza de vida ha caído en Estados Unidos durante tres años consecutivos, entre 2014 y 2017. Aunque la tendencia ya se ha revertido, hay varios factores que continúan impidiendo que EE.UU. sobrepase la barrera de los ochenta años, como ya han hecho la mayoría de países desarrollados: está en 78,9 años en 2019 por detrás de Chile o Costa Rica. Uno de los factores es la crisis de opioides que asola el país, y que ya ha causado la muerte por sobredosis a más estadounidenses en lo que va de siglo XXI que los que murieron en las dos guerras mundiales y la de Vietnam juntas. Los suicidios y la obesidad son otros factores: casi 50.000 estadounidenses se quitaron la vida en 2018, y el 71% sufre sobrepeso u obesidad.
Para ampliar: “Fentanilo, la droga que alimenta la guerra comercial”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2019
¿Cómo es posible, por tanto, que Estados Unidos invierta tanto en sanidad pero obtenga unos resultados tan pobres? La respuesta está en el elevado precio de la mano de obra y los bienes sanitarios, los altos costes administrativos y la llamada medicina defensiva: los médicos llevan a cabo todo tipo de pruebas por miedo a ser demandados por sus pacientes en el caso de cometer un error médico. Los doctores, sobre todo los especialistas, cobran grandes sueldos, y los productos farmacéuticos y dispositivos médicos como los respiradores tienen un precio de venta muy alto. Así, la inversión en sanidad no revierte en una mejora de la atención que reciben los pacientes, sino que una gran parte de esa cantidad se queda en manos de proveedores e intermediarios.
Además, la sanidad universal no existe en EE.UU. y, en su lugar, son los seguros privados los que cubren el vacío de la asistencia sanitaria pública. Aun así, al igual que Danni Askini, la enfermera que tras superar el coronavirus se encontró con una factura de cifras astronómicas, alrededor de 28 millones de estadounidenses ―el 8,5% de la población― no están cubiertos por ningún tipo de seguro, ni público ni privado.
A esa cifra podrían sumarse veinte millones de personas más si finalmente Trump acaba con la controvertida Ley de Asistencia Sanitaria, más conocida como Obamacare, la cual extendió el acceso a la atención médica en 2010. Pese a que durante sus tres años de mandato el presidente estadounidense ha tratado de desmantelarla, Obamacare sigue vigente y, curiosamente, durante la pandemia podría servir de colchón para aquellos que pierdan su trabajo o reduzcan sustancialmente sus ingresos, excepciones contempladas en la ley. En un sistema en el que el 58% de las personas menores de 65 años están aseguradas por su empleador, a causa del coronavirus más de seis millones han engrosado las listas del paro en la última semana de marzo, un récord histórico que supera con creces los de la crisis de 2008.
No estar asegurado acarrea un riesgo impredecible, ya que la atención médica puede arruinar de un día para otro a los ciudadanos estadounidenses, cuyas cuentas de ahorros suman un balance mediano de solo 4.500 dólares. A pesar de que existe una multitud de seguros privados con distintos grados de cobertura, hasta un 25% de estadounidenses reconoce que algún miembro de su familia o ellos mismos han evitado asistir al médico hasta que los síntomas han sido graves para no tener que lidiar con precios desorbitados: si una colonoscopia cuesta 580$ en Suiza y un escáner de abdomen 140$ en Países Bajos, en Estados Unidos tienen un precio de 2.870$ y 1.100$, respectivamente. En el caso del tratamiento que puede requerir un infectado de coronavirus, una hospitalización por neumonía cuesta alrededor de 20.000$. Aun si el paciente está asegurado, este debe seguir asumiendo 1.300$ de media, ya que la mayoría de seguros comienzan a cubrir el coste de ciertos servicios solo al cabo de un número determinado de días.
Este planteamiento redunda en un sistema sanitario orientado a la asistencia especializada. Los pacientes hacen uso de los servicios médicos cuando necesitan tratamientos concretos y muchos de ellos ni siquiera conocen a sus médicos de cabecera. La atención primaria en Estados Unidos no solo está descoordinada o relegada a un segundo plano, sino también infradotada, lo que es más determinante frente a una pandemia: se estima que en 2023 el sistema sanitario estadounidense tendrá vacantes entre 21.000 y 55.000 puestos de médicos de atención primaria.
Los doctores de familia constituyen la primera línea de detección y asesoramiento ante cualquier enfermedad y son los más capacitados para decidir si un paciente requiere algún tratamiento particular de acuerdo con su historial médico. También serían claves a la hora de proveer a la población de una hipotética vacuna. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de estadounidenses no acuden a sus clínicas salvo en situaciones graves, algo que en el caso de un infectado de coronavirus puede agravar los síntomas, camuflar la propagación de la enfermedad e incluso provocar la saturación de las camas de cuidados intensivos.
Para ampliar: “Estados Unidos y el seguro médico”, El Orden Mundial, 2018
La limitada capacidad de EE.UU. para hacer frente a la pandemia
Ningún país está preparado para hacer frente al coronavirus, tampoco Estados Unidos. Al revés: en la Casa Blanca no tienen ninguna razón para pensar que las situaciones tan dramáticas que se viven en Italia o España no van a golpear de lleno a la sociedad estadounidense. A un sistema sanitario descentralizado en manos del sector privado y con precios inasumibles se suma el hecho de que los recursos de los que dispone el personal médico son muy limitados.
EE. UU. tiene menos médicos y camas de hospital que la mayoría de países desarrollados: 257 y 290 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, y el número no ha parado de caer en las dos últimas décadas como consecuencia de la fusión y el cierre de hospitales. El planteamiento de la sanidad sí que ha permitido, por el contrario, proveer de un mayor número de camas de cuidados intensivos a los sanitarios estadounidenses en comparación con los del resto de países, pero la realidad es que en temporada de gripe estas apenas bastan para contener el virus.
Un estudio del Harvard Global Health Institute advierte de la inasumible presión que el coronavirus va a ejercer sobre el sistema sanitario de EE.UU. En su pronóstico más optimista, en el que el aislamiento social se realiza con éxito, se calcula que un 20% de los estadounidenses adultos, casi cincuenta millones de personas, contraerá la COVID-19 en un periodo de dieciocho meses. En ese escenario, los hospitales podrían lidiar con todos los infectados que requieran hospitalización, alrededor de una quinta parte, funcionando al 95% de su capacidad. Pero lo cierto es que esas cifras se quedarán cortas más pronto que tarde: la gripe porcina de 2009 infectó a 61 millones de personas en tan solo un año, el 25% de la población estadounidense, y se cree que el coronavirus es más contagioso que aquella gripe.
En el escenario moderado, el Harvard Global Health Institute estima que los contagiados ascenderán al 40% en doce meses, casi cien millones de personas, y los hospitales tendrán que duplicar su número actual de camas para poder atender a todos. Para los que requieran cuidados intensivos, un 5% de todos los infectados aproximadamente, serán necesarias un 74% más de camas de UCI de las que se dispone ahora. En el peor de los casos, un 60% de estadounidenses enfermaría de COVID-19 en tan solo seis meses, lo que conduciría al sistema sanitario a la saturación total, requiriendo siete veces más camas de las que tiene actualmente libres.
Pero el Gobierno de Donald Trump aún no se cree esas cifras. Consciente de que el crecimiento económico es su principal baza para la reelección en noviembre, Trump optó en un primer momento por restar importancia al coronavirus y dejar que el país siguiera funcionando como siempre. Ahora, Washington ha cambiado de postura y ha anunciado que asumirá los costes de los test, ha obligado a las empresas a seguir pagando a sus empleados durante las bajas por enfermedad ―en EE.UU. no es obligatorio y un 24% de los trabajadores no dispone de tal derecho― y ha lanzado el mayor plan de estímulo de su historia, con dos billones de dólares para ayudar a familias y empresas.
El nuevo objetivo de Trump es mantener la cifra de muertos por debajo de los 200.000; en el momento de publicarse este artículo, la cifra ronda los 8.000. A pesar de las profundas debilidades de su sanidad, Estados Unidos continúa siendo la primera potencia mundial y podría llevar a cabo una movilización de recursos masiva solo al alcance de China. En ese contexto, la gran pregunta es quién asumirá el coste del tratamiento de la COVID-19. Algunos seguros ya han movido ficha y han anunciado que se harán cargo de todos los gastos. Esa, y la esperanza de que el Estado también se involucre, es la única oportunidad que tienen personas como Danni Askini para que, si consiguen no pagar con su vida la pandemia, tampoco lo hagan con la ruina.
Para ampliar: “Cómo el coronavirus puede costarle la presidencia a Trump”, Carlos H. Echevarría en El Orden Mundial, 2020