Naciones Unidas estima que 300.000 niños y niñas son miembros activos de ejércitos o grupos armados de todo el mundo. Por la dificultad para verificarlo en el terreno, las organizaciones humanitarias advierten de que podrían ser muchos más. Pese a las convenciones y tratados internacionales contra el uso de menores en situaciones de conflicto, su integración en ejércitos, guerrillas o grupos terroristas apenas se ha reducido en los últimos años.
Las funciones de los menores en los conflictos van más allá de empuñar un arma. También se les recluta y utiliza para obtener información, como mensajeros, en labores de cocina o como portadores de explosivos en atentados suicidas. A todo ello se suman matrimonios forzados con miembros de los grupos armados y la explotación sexual.
Este fenómeno constituye la principal causa de violación contra los derechos de los niños y niñas, por delante, en cifras oficiales, de la mutilación o la matanza. Y con el impacto añadido de la pandemia de la covid-19, que ha arrasado con muchas necesidades básicas de niños y niñas por todo el mundo, solo ha ido a peor.
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