Cuando Donald Trump anunció el pasado 14 de abril que suspendía la financiación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente estadounidense estaba sirviéndose de una de las grandes debilidades de la máxima institución sanitaria del mundo: la volatilidad de sus finanzas. El presupuesto de la OMS para el bienio 2018-2019 fue de algo más de 6.000 millones de dólares y tres cuartas partes de esos ingresos provinieron de donaciones voluntarias. En comparación, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidense dispuso del doble de fondos solo en 2018.
En ese contexto, la aportación de Estados Unidos supone el 16% de todas las contribuciones y Trump es consciente de que la OMS no puede permitirse perder a tan poderoso socio. De hecho, EE. UU. todavía debe abonar, además, cerca de cien millones de dólares del último bienio. En el lado opuesto del tablero, China ha ido poco a poco ganando terreno, aumentando su influencia sobre la dirección de la organización, a pesar de aportar tan solo el 2% de su presupuesto total.
El estallido de la pandemia ha puesto de manifiesto esos desequilibrios, y Estados Unidos ha decidido contraatacar sin admitir posturas intermedias, como sugiriendo que la OMS solo puede estar a favor de China o en contra de China. En el pasado, la Organización Mundial de la Salud optó por ponerse de perfil ante los errores de sus Estados miembros en el control de epidemias, pero esta vez quizá no pueda evitarlo: las dos grandes potencias están politizando el virus, acusándose mutuamente de ser responsables de la crisis y poniendo en cuestión no solo la reputación de la OMS, sino también su supervivencia como institución independiente y útil.
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