Hubo un tiempo en el que Venezuela lideraba la producción global de crudo solo por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudí. Un tiempo en el que los barcos petroleros se arremolinaban en torno a sus costas y en el que el dinero y la inversión pública no dejaba de fluir en el país. Pero de eso hace ya más de una década. Venezuela, que posee las reservas probadas de petróleo más cuantiosas del mundo, produjo en 2024 apenas el 0,9% de todo el crudo global, tres veces menos que en 2015, según los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La caída en desgracia del rey petrolero del Caribe tiene dos razones principales: por un lado, la falta de inversiones y el deterioro de la infraestructura nacional han limitado la cantidad de petróleo que Venezuela consigue extraer y sobre todo poner en el mercado, ya que se trata de un combustible muy denso que necesita ser refinado, un proceso que solía tener lugar en Estados Unidos; por otro, y estrechamente relacionado con esto último, las diversas crisis diplomáticas que han limitado el comercio de crudo con Washington, como el embargo impuesto por Donald Trump en 2019 contra Petróleos de Venezuela (PdVSA), la empresa estatal del país. Ahora, con la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense pretende entre otras cosas recuperar ese flujo comercial y permitir que las empresas petroleras estadounidenses puedan operar en el país con facilidad.
Prácticamente desde el comienzo, el modelo económico y político del chavismo fio gran parte de su viabilidad al destino de la industria petrolera. De hecho, las sanciones y la caída abrupta del sector han ido en paralelo con crisis social en la que vive sumergido el país desde hace tiempo―el PIB ha caído un 70% en la última década y en 2024 el 86% de la población se encontraba en situación de pobreza, según un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas―.
Para colocar su petróleo en el mercado internacional, Caracas ha estado durante el último lustro echando mano de intermediarios mexicanos, redes opacas y paraísos fiscales, un oscuro entramado que redujo su cartera de clientes prácticamente a India y China. Estos países aprovecharon el apuro venezolano para conseguir precios ventajosos o cobrarse en especie los préstamos que han concedido al Estado latinoamericano en los últimos años ―la petrolera rusa Rosneft, que ha gestionado gran parte de las exportaciones venezolanas a India, también se ha encargado de rentabilizar el dinero prestado por Moscú―.
Ahora que Maduro se encuentra fuera de la ecuación y el plan de Estados Unidos es dirigir la política venezolana marcándole el camino a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, el petróleo venezolano volverá a estar disponible en el mercado para los países occidentales y aliados de Washington. Además, las refinerías de petróleo estadounidenses con plantas en la costa del golfo de México, especialmente en Texas, son en su mayoría refinerías de petróleo pesado que se habían visto afectadas por el auge del fracking. La llegada del petróleo pesado venezolano es una oportunidad de oro para revitalizar este sector.
De esta manera Estados Unidos logra, según el argumentario trumpista, recuperar el crudo que Venezuela les habría “robado” tras el proceso de nacionalizaciones que comenzó en 1976 y que limitó, sobre todo desde la llegada de Hugo Chávez al poder, la actividad de las principales empresas petroleras estadounidenses como ―Chevron o Exxon Mobil― en el país. El plan de Trump es que las empresas estadounidenses inviertan “miles de millones de dólares” para modernizar la infraestructura y aprovechar este importante recurso sin explotar.
Aun así, no será fácil para Venezuela recuperar las cifras de exportación pasadas: por un lado, Washington necesita una garantía de estabilidad política en el país que por el momento es incierta. Todavía no está clara cuál será la relación entre ambos países y cómo se concretarán los acuerdos de inversión. Por otro, la modernización de una infraestructura que lleva 50 años sin mejoras requerirá mucho trabajo y grandes cantidades de inversión para lograr que vuelva a producir a su máxima capacidad.
