España es el país con mayor biodiversidad de Europa. Una riqueza única que acarrea importantes responsabilidades, sobre todo si se tiene en cuenta que también se trata del Estado europeo más vulnerable al cambio climático, con tres cuartas partes del territorio en riesgo de desertificación. Frente a esto, la historia de la protección de la naturaleza cuenta ya con un largo recorrido en el país ibérico: corría el año 1918 cuando España, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y el norte de Europa, se convirtió en un país pionero en la apuesta por la conservación del medio ambiente al declarar sus dos primeros parques nacionales, el de la Montaña de Covadonga —hoy en día Picos de Europa— y el de Ordesa.
Un siglo después, España cuenta con un 15% de su superficie terrestre y un 5% de la marina protegidas a nivel nacional, según datos actualizados a diciembre de 2022 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Si tenemos en cuenta la regulación europea esa proporción sube hasta el 28% y el 12%, respectivamente, según Eurostat. Sin embargo, tan solo el 10% de los hábitats terrestres de interés comunitario y el 6% de los acuáticos están en un estado de conservación favorable, con situaciones críticas como la que se vive en los humedales de Doñana.
En este sentido, España cuenta con hasta cinco categorías de espacios naturales protegidos a nivel estatal establecidas en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: parques, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos y áreas marinas protegidas.
Los parques hacen referencia a «áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente». Esta categoría incluye 152 localizaciones, entre las que se encuentran dieciséis parques nacionales como los Picos de Europea o el de Ordesa y Monte perdido, la tipología de protección más exigente reservada para aquellos enclaves de alto valor ecológico y cultural.
Por su parte, las reservas naturales tienen «como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos» destacados «por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad» y en España comprenden hasta 291 espacios, como la sierra de Tramuntana mallorquina; los monumentos naturales —359— la de «formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza», incluyendo árboles singulares, formaciones geológicas o yacimientos paleontológicos, como el macizo volcánico de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real; y los paisajes protegidos —61— la de partes del territorio relevantes «por sus valores naturales, estéticos y culturales», como el río Tinto en Huelva.
La lista la cierran las dos áreas marinas protegidas —el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo y El Cachucho, un monte submarino situado en el mar Cantábrico—, «espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino».
A esta red de espacios protegidos hay que sumar las figuras legales que han desarrollado las propias comunidades autónomas, que elevan las denominaciones para designar estos tipos de enclaves a más de cuarenta, además de otros mecanismos internacionales como la Red Natura 2000 de la Unión Europea o las reservas de la biosfera de la Unesco.
La gran variedad de espacios protegidos da lugar frecuentemente a solapamientos que complejizan la regulación y gestión del territorio pero que también contribuyen a aumentar los niveles de protección. En Doñana, por ejemplo, existe un parque natural y un parque nacional adyacentes entre sí sobre los cuales se superponen categorías como la de humedal de importancia internacional, sitios de la Red Natura 2000 y una reserva de biósfera.
